Francia: Limpiar lo falso o limitar a la prensa
La eficacia real del combate a las noticias falsas (fake news) por parte de un Estado está en tela de juicio. Puede que con el pretexto de limpiar la información sucia se termine estrechando la libertad de expresión.
La eficacia real del combate a las noticias falsas (fake news) por parte de un Estado está en tela de juicio. Puede que con el pretexto de limpiar la información sucia se termine estrechando la libertad de expresión.
Víctima directa de las fake news justo antes de las elecciones presidenciales de 2017, el presidente francés, Emmanuel Macron, emprendió una cruzada contra las fake news que tanta confusión sembraron en las democracias del mundo. El proyecto de ley sobre “la fiabilidad de la confianza de la información” será presentado ante la Asamblea Nacional durante los próximos días. El texto va mucho más allá de la ley de 1882 bajo cuyos lineamientos se regulaba el derecho de la prensa y donde ya existía le figura de “noticia falsa”. Se trata ahora de crear una nueva legislación. Según revela el diario Libération que adelantó parte del proyecto de ley, el Ministerio francés de Cultura explicó que “nuestro tema no consiste en definir lo qué es una noticia falsa. El verdadero tema es el universo, los tubos, los canales de difusión de las falsas noticias”.
El texto preparado por el Ejecutivo francés apunta a dos blancos: el campo “digital en general” (las redes sociales como Facebook, los portales de video YouTube) así como “los medios bajo influencia de un Estado”. Este capítulo se dirige específicamente, aunque sin mencionarlo, a los medios financiados por Moscú como RT (Russia Today) y Sputnik. En Versalles, en presencia del presidente ruso Vladimir Putin, el jefe del Estado francés acusó a RT y Sputnik de ser “órganos bajo influencia y de propaganda”.
La pugna entre Macron y estos dos medios rusos ha sido virulenta. Comenzó con una entrevista difundida por Sputnik con el diputado opositor Nicolas Dhuicq (Los Republicanos) en la cual éste insinuaba que Emmanuel Macron era homosexual y que estaba, además, respaldado por un supuesto “lobby gay”. Luego siguió con una serie de incidentes repetidos que enfrentó a los dos órganos de prensa rusos con el entonces candidato a la presidencia.
La confrontación continuó incluso después de su elección cuando la directora de Russia Today, Xenia Fedorova, acusó al mandatario francés de “poner las bases de un peligroso precedente que amenaza a la vez la libertad de expresión y el periodismo en su conjunto”.
El otro capítulo que inspiró la reacción de Macron fue la publicación de los llamados MacronLeaks a través del portal de Julian Assange, WikiLeaks, y cuya propagación pasó también por RT Y Sputnik. Miles de correos electrónicos del equipo de campaña de Macron y facturas fueron puestos en la plaza pública a principios de mayo, justo antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.
El precedente de las manipulaciones a que dio lugar el voto a favor del Brexit en Gran Bretaña y, más tarde, la elección de Donald Trump y el referendo autonomista en Cataluña terminaron por diseñar esta polémica iniciativa de Francia. Si bien existe un consenso en torno al principio de frenar la contaminación de las fake news, la iniciativa francesa dio lugar a muchas críticas, sobre todo, como lo resalta el vespertino Le Monde, porque “mezcla situaciones muy diferentes” (Brexit, Trump, referendo catalán, elección francesa). Además, dejar que un Estado sea el actor que determina lo que es verdad o mentira no constituye en ningún caso una garantía de imparcialidad. Ya existe una censura programada en las redes sociales que excluye a los medios que están contra el sistema como si fueran ellos los arquitectos de las fake news cuando en realidad es el sistema mismo.
El Ministerio francés de Cultura alega que estudió todos los casos y analizó las leyes que ya existen en Alemania y Gran Bretaña. La ley obligará a los mastodontes como Facebook, YouTube o Twitter a cooperar (la cooperación ya existe en lo que atañe la pedopornografía o el terrorismo), a respetar nuevas obligaciones al tiempo que pondrá en manos del poder judicial la posibilidad de intervenir para frenar la difusión de las fake news. Por otra parte, se autoriza al Consejo Superior del Audiovisual a “suspender” los acuerdos de retransmisión de un medio bajo influencia extranjera”. Los ciudadanos contarán también con un útil legislativo que les permitirá recurrir a las autoridades para que “cese la difusión masiva y artificial de una falsa información”. Las plataformas de redes sociales estarán, por ejemplo, obligadas de revelar la identidad de los contenidos auspiciados.
La intención de la ley consiste en evitar que se reproduzca lo que ocurrió en los Estados Unidos con Facebook y Twitter. En ambos casos se detectaron cientos de miles de cuentas y publicidades activadas por sectores prorrusos. Samidh Chakrabarti, responsable del compromiso cívico en el seno de Facebook reconoció hace unos días que “las redes sociales pueden ser un peligro para la democracia”. Lo son, y de dos maneras. No sólo por la difusión de mentiras sino también por los algoritmos que, luego de todo lo que ocurrió, filtran la información. Muchos medios digitales, opositores al sistema de destrucción global en el que vivimos pero atentos a la verdad, se han visto filtrados, o sea, censurados en su difusión. No son fake news sino anti sistema, lo que no es lo mismo. La eficacia real de estas medidas está en tela de juicio. No hay dudas de que las fake news embarran los debates democráticos y perjudican a la sociedad, pero su influencia efectiva aún no ha sido cuantificada con suficiente certeza y rigor. Puede que con el pretexto de limpiar la información sucia se termine estrechando la libertad de expresión.
