Gobernantes latinoamericanos plantean el acceso al agua como un derecho fundamental
09/06/2015 EL MUNDO
Gobernantes latinoamericanos, representantes de organismos internacionales, de la empresa y de la sociedad civil coincidieron en la necesidad de mejorar el acceso al agua y el saneamiento como un derecho fundamental.
Esta cuestión fue objeto de debate en el foro “Agua y saneamiento: un reto compartido en América Latina”, celebrado en La Casa de América, en el que se analizó la aplicación del Fondo de Cooperación para el Agua y el Saneamiento (FCAS), puesto en marcha en la región por la cooperación española en colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
A la inauguración del encuentro asistieron el presidente de Paraguay, Horacio Cartes, el rey Felipe VI de España, el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno, y la secretaria general iberoamericana, Rebeca Grynspan. En su intervención ante una amplia representación de ministros y diplomáticos latinoamericanos, el presidente paraguayo reconoció la importancia de las inversiones de los últimos años en mejorar el acceso al agua y el saneamiento, pero afirmó que son “insuficientes” y reclamó más inversión extranjera.
Cartes aseguró que su pueblo carece de buenos servicios de agua y saneamiento y “es una obligación de los Estados” promoverlos y “uno de los grandes desafíos” de las administraciones. También el monarca español destacó que el “adecuado abastecimiento” del agua “es fundamental para garantizar el derecho a la alimentación y la salud” y que el acceso a un saneamiento apropiado “es clave en la lucha contra la pobreza”.
El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno, destacó el compromiso de esta entidad con los proyectos para mejorar el acceso al agua y el saneamiento en la región y recordó que más del 90 por ciento de los recursos del FCAS van para los países con menos rentas. Por su parte, la secretaria general iberoamericana, Rebeca Grynspan, reconoció que la región de América Latina y el Caribe “ha mejorado un 50 por ciento en el acceso al agua” pero afirmó que “están lejos de alcanzar el objetivo” y “es una tarea inconclusa”.
En América Latina y el Caribe se estima que actualmente 50 millones de personas siguen sin tener acceso directo al agua potable, de los que 34 millones viven en áreas rurales, y se calcula que 125 millones de personas carecen de acceso a saneamiento, de los que 86 millones están en zonas rurales y la mayoría pertenecen a comunidades indígenas. Tras la inauguración, se celebraron dos mesas de trabajo, una dedicada a las alianzas estratégicas entre la cooperación, la empresa privada y las administraciones para facilitar el acceso al agua y el saneamiento y otra dedicada a los retos a los que se enfrenta América Latina esta materia.
En ellas participaron ministros de Nicaragua, El Salvador, Bolivia y Haití, así como responsables del Banco Interamericano de Desarrollo y el PNUD, además de la empresa y organizaciones no gubernamentales. El ministro boliviano de Planificación el desarrollo, René Orellana, apostó por trabajar con las pequeñas comunidades del área rural, a la vez que mostró su preocupación por “los modelos privatizadores del agua”.
También la viceministra de cooperación externa de Nicaragua, Verónica Rojas, apostó por que las alianzas estén “muy vinculadas a los grupos poblacionales pequeños” y declaró que “los países tienen que tener claro cuales son sus metas y la cooperación tiene que tener en cuenta la demanda de cada país”.
La ministra de Medioambiente y Recursos naturales de El Salvador, Lina Pohl, destacó los “avances extraordinarios” que se han producido en su país gracias al FCAS, aunque reconoció que el reto es “enorme” sobre todo en áreas rurales. El ministro de Planificación y Cooperación externa de Haití, Yves Germain, pidió un esfuerzo a la comunidad internacional para mejorar el acceso de su pueblo al agua y el saneamiento y así mejorar la salud de la población, a la vez que recordó el cólera que sufre su país.
Por su parte, María Eugenia Casar, secretaria adjunta de la ONU y administradora del PNUD, hizo hincapié en la gobernanza y la planificación que tienen que poner en marcha los gobiernos para que sean efectivos los proyectos de mejora de agua y saneamiento. Los asistentes se mostraron esperanzados ante los nuevos objetivos del desarrollo sostenible (ODS) que plantea el acceso universal al agua en 2030 y al saneamiemto en 2045-50.