Grecia y sus acreedores definen contrarreloj los términos de un tercer rescate por 86 mil millones
Los ministros de Finanzas y Economía de Grecia reiniciaron las conversaciones con los acreedores europeos para sellar el tercer rescate al país heleno, por un valor de hasta 86.000 millones de euros y una vigencia de tres años.
Tras doce horas de reunión ayer, que concluyeron pasadas las tres de la madrugada locales (22 de Argentina, de ayer) los ministros de Finanzas, Euclides Tsakalotos, y de Economía, Yorgos Stathakis, retomaron las conversaciones con los jefes de misión de las cuatro instituciones acreedoras -Comisión Europea (CE), Banco Central Europeo (BCE), Fondo Monetario Internacional (FMI) y Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE).
De este modo Atenas ingresó en la recta final de las negociaciones contrarreloj que buscan sellar el tercer rescate al país por valor 86 mil millones de euros, de los que el Gobierno griego espera obtener más de la cuarta parte en el primer desembolso.
Si bien el documento está «casi listo», la expectativa es que la reunión de hoy sea nuevamente maratónica e incluso se extienda «hasta la madrugada», según fuentes gubernamentales citadas por la agencia de noticias EFE que añadieron que las conversaciones avanzan bien y ahora se trata de revisar «línea por línea» el texto final.
Si bien oficialmente no hubo informaciones sobre los detalles de las negociaciones, las fuentes aseguraron que las partes buscarán acordar un paquete legal que constará de dos artículos.
El primero de ellos será el memorando de entendimiento, como denominan los acreedores al programa de ajustes unido al rescate, y el segundo un paquete de requisitos previos con medidas concretas que deberán ser aplicadas antes de poder recibir el primer desembolso.
Entre las medidas figuran, de acuerdo a filtraciones de la prensa griega, la eliminación en etapas de un subsidio del que gozan los agricultores en la compra del combustible, así como la modificación de la ley recientemente aprobada que permite la devolución
de las deudas a Hacienda y a la Seguridad Social en cien tramos.
El cuarteto de instituciones (antes llamada «la troika») quiere que los intereses que se paguen por la demora aumenten de un 3% a un 5% para los pagos que superen los 5.000 euros.
Entre los puntos que parecen haberse dejado para otoño (boreal) figuran los cambios en el sistema de jubilación anticipada y la liberalización de algunas profesiones.
Aún no hay acuerdo sobre el formato que deberá tener el futuro fondo de privatizaciones, al que Grecia transferirá activos públicos por valor de 50.000 millones de euros.
También hay diferencias sobre la mejor forma de gestionar las carteras de deudas morosas de los bancos, si mediante la creación de una especie de «banco malo» (cuando una entidad financiera compra los activos tóxicos para salvar el sistema financiero) como quiere el Gobierno, o, si -como prefieren los acreedores-, vendiendo estas carteras de crédito a fondos especializados en ello, conocidos como «fondos buitre».
Otro campo en que no hay consenso aún son los plazos que debe tener la vigencia de los convenios colectivos caducados: mientras el Gobierno quiere que sean seis meses, las instituciones acreedoras exigen tres.
El primer tercio del rescate (24 mil millones de euros) que Grecia espera obtener en un primer desembolso no será dirigido a medidas que incentiven la economía y será utilizado exclusivamente para devolver préstamos internacionales, recapitalizar la banca y atender pagos pendientes con proveedores.
El jueves el Parlamento griego podría votar todo el proyecto y un día después el Eurogrupo podría darle oficialmente luz verde, tras lo que seguirían las votaciones en una serie de Parlamentos nacionales.
El objetivo final es que el proceso de ratificación y el primer desembolso se produzca antes del 20 de agosto, fecha en que Grecia debe devolver al BCE 3.400 millones de euros.
En caso de que no se pueda cerrar un acuerdo tan rápido -Alemania volvió a reiterar hoy que es mejor hacer las cosas a conciencia y sin prisas- la alternativa será solicitar un nuevo crédito puente similar al obtenido en julio.
Este crédito también iría adherido a otra serie de requisitos previos, tal como en el mes pasado, cuando el Parlamento aprobó dos paquetes de reformas a cambio del citado desembolso.
