Inflación e insumos escasos amenazan a la obra pública en Santa Fe

Al 4% mensual, en 18 meses, los costos de reposición se duplican, y la actualización de los certificados no siempre cubre la diferencia. La inflación ya supera esa línea y hay escasez de materiales. Katopodis y una convocatoria nacional.

Al 4% mensual, en 18 meses, los costos de reposición se duplican, y la actualización de los certificados no siempre cubre la diferencia. La inflación ya supera esa línea y hay escasez de materiales. Katopodis y una convocatoria nacional.

La inflación y la falta de insumos son los dos principales problemas que podrían comenzar a demorar -o incluso paralizar- obras públicas en Santa Fe. Es un fenómeno que no se agota en esos dos factores ni en el territorio provincial, al punto tal que Gabriel Katopodis, el ministro de Obras Públicas de la Nación, está convocando para las próximas horas a los titulares de las carteras subnacionales.

“Con una inflación superior al 5% mensual, el sistema de redeterminación de costos es lento e insuficiente y nos puede producir quebrantos”, le explicó a El Litoral un empresario. Dejó en claro que la Cámara de la Construcción tiene buen diálogo con la ministra Silvina Frana; también señaló que el problema es macroeconómico.

Las partes consultadas por El Litoral coinciden: ni a las empresas ni al gobierno, pero sobre todo a los trabajadores, les conviene que el sector se paralice. Pero el problema existe y demanda soluciones que esta vez no pasan por la búsqueda de dinero. Los presupuestos están.

El Instituto Provincial de Estadística y Censos informó que en mayo el costo de la construcción en Santa Fe marcó un incremento del 6,7% (49,3% interanual). A eso se suman factores como la falta de gasoil, que afecta en particular a las obras viales, y sobre todo su costo.

Las redeterminaciones de precios se calculan en base a lo que marca oficialmente el surtidor, pero los contratistas tienen que comprar a granel. Es decir que lo que vale “oficialmente” $160 el litro, las empresas lo pagan hasta $250, un valor que luego no impacta “oficialmente” en las facturas que les paga el Estado.

En busca de soluciones
En Camarco Córdoba, el Foro de Análisis Económico de la Construcción tiene elaborado un cálculo desde la crisis de 2018. Por cada millón de pesos de obra adjudicada a 18 meses e inflación al 4% mensual, el costo efectivo terminaría siendo de $ 1,481,735, es decir, 48.2% mayor que el presupuesto original, mientras que el costo de reposición en el mes 18 sería de $ 2,025,817, un 102.6% mayor que el presupuesto.

Los mediterráneos están actualizando aquél análisis, que podría ser más gravoso aún. En Santa Fe los empresarios señalan que no hay suficiente material de reposición disponible en el mercado. Es una demora que se añade a los 60 días que marca la ley para el pago de los certificados de obra, cuya nominalidad queda a su vez impactada por la continuidad del efecto inflacionario.

Aunque hay disposición oficial para pagar a menores plazos, a los empresarios les preocupa que los indicadores que se usan para las fórmulas de ley en la redeterminación de costos, no siempre reflejan la realidad del mercado.

Fuentes oficiales ratificaron ante la consulta de El Litoral que por ahora no hay obras paralizadas. Sin embargo, desde los constructores señalan que hay adjudicaciones que podrían demorar el plazo de inicio de ejecución, ante un escenario de incertidumbre “concreto”.

Mesas de trabajo
El problema de la redeterminación de costos se viene advirtiendo desde enero. El ministerio de Obras Públicas de la provincia ha emitido una resolución para acortar los plazos del pago de los certificados de obra cuyo valor se calcula según la normativa de actualización vigente, que es producto de la crisis de 2001.

Sin embargo desde el ministerio admiten que hasta el trámite puede demorarse. Es que para establecer costos de redeterminación se vuelven a pedir precios a proveedores, y sucede que con la inflación, los faltantes por importaciones restringidas y la incertidumbre sobre precios de reposición, el procedimiento administrativo también encuentra escollos.

Fuente: El Litoral