Intentan reflotar la ley de Etica Pública bonaerense
El proyecto obliga a gobernador, ministros y funcionarios hacer públicas sus declaraciones juradas
Luego de que una iniciativa similar perdiera, a fines del año pasado, estado parlamentario en la Cámara de Diputados, senadores de la oposición presentaron ayer un proyecto de ley de Etica Pública que, entre otros aspectos, obliga a los funcionarios públicos a difundir sus declaraciones patrimoniales.
La iniciativa, que lleva la firma de los senadores Gustavo De Pietro (UCR) y Sebastián Galmarini (Frente Renovador) replica los términos de un proyecto que había impulsado la bancada del GEN y que, tras recibir sanción en la Cámara alta, fue girado a Diputados, donde perdió estado parlamentario a fines del año pasado.
El nuevo proyecto de ley de Etica Pública establece un conjunto de deberes, prohibiciones e incompatibilidades para los funcionarios públicos bonaerenses, renueva íntegramente el régimen de declaraciones juradas patrimoniales que deben presentar ampliando el universo de las personas comprendidas y reforma el sistema de presentación, conservación y publicidad de esos datos.
La actual legislación bonaerense obliga a Scioli a presentar anualmente sus declaraciones patrimoniales, pero no a hacerla pública, tal como lo establece el nuevo proyecto.
En concreto, el proyecto amplía el universo de funcionarios comprendidos en el régimen, obliga a presentar la declaración jurada patrimonial a las 72 horas de haber asumido en el cargo, a renovarla anualmente y a comunicar dentro de los 30 días de producida cualquier modificación sustancial del patrimonio. Además se incorpora también el deber de presentar una última declaración jurada a los 30 días de haber cesado en el cargo, a la par que mantener actualizada la información hasta 2 años después de ese hito.
La iniciativa prevé además la conformación de una Comisión Provincial de Ética Pública, organismo que será el encargado de la recolección de la información y actuará como contralor del cumplimiento de la ley. Entre sus funciones, este organismo deberá bregar por la prohibición de la difusión de publicidad oficial que implique la promoción personal de los funcionarios.
Los legisladores señalaron que “el principal objetivo de la propuesta es dotar de mayor transparencia al ejercicio de la función pública, obligando a quienes la ejercen a observar reglas de comportamiento ético que servirá para instaurar un régimen de publicidad y evolución del patrimonio de los funcionarios, incluido el gobernador, del cual poco o nada sabemos”.
“No existen dudas que nuestra provincia está en deuda en materia de regulación de las declaraciones juradas patrimoniales, basta decir que actualmente el sistema se rige por un Decreto-Ley del último gobierno de facto que por supuesto derogamos”, indicaron.
Patrimonio
La legislación actual obliga a los funcionarios públicos a presentar sus declaraciones juradas patrimoniales pero no determina que esos datos deban hacerse públicos, tal como contempla el proyecto que impulsan ahora senadores radicales y del Frente Renovador
