Investigan a un exintendente jujeño por hacer figurar a muertos como empleados municipales
El Tribunal de Cuentas de Jujuy le exigió en marzo al él y a casi todo su gabinete la devolución de 35 millones pesos por obras cobradas y nunca realizadas. Ahora lo imputaron por hacer figurar muertos como empleados.
El Tribunal de Cuentas de Jujuy le exigió en marzo al él y a casi todo su gabinete la devolución de 35 millones pesos por obras cobradas y nunca realizadas. Ahora lo imputaron por hacer figurar muertos como empleados.
La Justicia jujeña imputó al exintendente de Libertador General San Martín, el kirchnerista Jorge Ale, por la posible maniobra de desvío de fondos millonarios por hacer figuras a muertos como empleados municipales, para quedarse con sus sueldos.
El Tribunal de Cuentas de Jujuy le exigió en el mes de marzo al exintendente y a casi todo su gabinete la devolución de 35 millones pesos por obras cobradas y que nunca fueron realizadas y ahora la fiscalía lo imputó en una causa en que se investiga otra maniobra de desvío de millonarios fondos haciendo figurar muertos como empleados municipales para cobrar sus sueldos.
Fuentes del Tribunal de Cuentas estiman que se trata de alrededor de 41 millones de pesos fueron sustraídos de esta manera, cambiados por dólares en la frontera y desviados a Perú.
«La situación no deja lugar a dudas, el intendente, conjuntamente con personal y funcionarios municipales, falseaban información y planillas de haberes de empleados haciendo figurar a personas fallecidas, o menores de edad y hasta personas que ni siquiera viven en la provincia. Lo hacían por montos menores para poder apropiarse indebidamente de fondos», indicó el diputado nacional Marcelo Llanos (MC), aliado a Cambiemos, quien inició la investigación.
Además, Llanos, prosiguió: «Se sustraían así en forma mensual unos 572 mil pesos por mes, y si tenemos en cuenta que el modus operandi se repitió por 6 años, indica que se malversaron más de 41 millones de pesos. Una investigación integral podrá determinar el monto final».
Ale también es acusado de haber dictado un decreto de necesidad y urgencia para autorizar la contratación directa, sin licitación pública, de una empresa fantasma que no inscripta en la AFIP para simular con sus facturas apócrifas la compra de supuestos materiales de construcción que jamás aparecieron para la ejecución de 100 viviendas que nunca se realizaron.
También se lo acusa de haber celebrado acuerdos con municipios vecinos para desviar recursos, de haber emitido cheques sin fondos y de haber pagado subsidios a empresas inexistentes.
