La ardiente discusión por la ejecución de obra pública que enfrenta al peronismo y el Gobierno de Mendoza
Desde el PJ sostienen que la gestión del ministro de Infraestructura Mario Isgro subejecuta la obra pública, y remarcan que de lo presupuestado sólo se ha pagado cerca del 20%.
Desde el PJ sostienen que la gestión del ministro de Infraestructura Mario Isgro subejecuta la obra pública, y remarcan que de lo presupuestado sólo se ha pagado cerca del 20%. El funcionario explica que de la pauta presupuestaria para este 2022 ya se licitó un 87% y se pagó un 23%, por los tiempos de la licitación y ejecución de las obras
La ejecución de la obra pública en Mendoza se convirtió en los últimos años en la carta con la que el peronismo abofetea al Gobierno, con el argumento de que viene subejecutando las obras que promete hacer en los últimos dos presupuestos y alentando la idea de que ese dinero de las obras se usa en gastos corrientes. En el 2021 lo lanzó la presidenta partidaria y senadora nacional Anabel Fernández Sagasti, y hace unos días lo agitó también la diputada lujanina Marisa Garnica.
«En obra pública llevamos ejecutado al mes de agosto el 18% de la obra pública, esos son datos públicos. Y el año pasado se subejecutó la obra pública», disparó Garnica en el programa Séptimo Día de Canal 7, mientras que la oficialista senadora Natacha Eisenchlas, lo negaba una y otra vez.
En la vereda de enfrente, el ministro de Infraestructura, Mario Isgró, aseguró que en el 2021 «se ejecutó un 93% de las obras presupuestadas que es uno de los índices más altos de los últimos años» y buscó explicar aquel ínfimo porcentaje de obras al que le apuntó el peronismo local.
«Cuando uno presupuesta obra pública a fin del año anterior al que se ejecutará ese presupuesto, lo que establece es un monto teórico que puede retrasarse o modificarse en el tiempo por varias variables, como son las demoras en las licitaciones o en la llegada los fondos que tiene que mandar la Nación y que a veces no llegan en los tiempos previstos. La lectura de la ejecución se tiene que medir en base a los pesos reales que tenés disponibles para construir y además hay obras que se terminan pagando en enero o febrero, pero que son del presupuesto anterior», defendió Isgro.
Números de la obra pública
Este año el presupuesto provincial destinó $24.888.058, es decir el 9% del total de la pauta presupuestaria, a la obra pública. Según los datos de ese ministerio hasta fines de julio, de ese presupuesto se había licitado el 87%, se había adjudicado un 53% y efectivamente se había devengado, es decir se había pagado un 23% de lo presupuestado.
Desde esa cartera explican que la diferencia en los porcentajes entre lo que se licita, lo que se adjudica y lo que finalmente se termina pagando se debe a que entre un proceso y otro pasan meses y eso hace que los pagos se retrasen y los recibos de lo que se devengó no se reflejen inmediatamente en lo que pagó el Estado para esa obra.
«El proceso licitatorio normalmente demora dos meses, que es el tiempo en que se publican, se presentan las ofertas y se da finalmente la adjudicación. A eso se suma que en las obras más grandes, como son montos importantes, la adjudicación va a Fiscalía de Estado para que corrobore que todo es legítimo, sobre todo porque hay aumentos que se dan por el impacto de la inflación. Pero igualmente cuando se licita se está destinando a esa obra el dinero que supone, aún cuando se pague más tarde, se necesita tener la disponibilidad de ese dinero cuando se licita la obra», indican los asesores de ese ministerio.
Siempre siguiendo los datos que aportan en Infraestructura, entre las obras adjudicadas y pagadas este año figuran la cárcel de Almafuerte, la continuidad de la ruta 82, las del Hospital Central, el Lagomaggiore, el Gailac y el hospital Illía en La Paz, «el recambio de techos en 150 escuelas y las casi 2.000 casas que están en ejecución», aportó el funcionario suarista.
Una muestra cabal del aletargamiento del proceso de una obra podría palparse en pocos días más, cuando se abran los sobres de las ofertas de licitación de la ruta 99, que va desde la iglesia de la Virgen de Lourdes hasta Papagallos y luego hasta el barrio La Favorita en Ciudad. La Nación costeará las dos primeras etapas de esa obra, y Mendoza pagará la tercera, pero todo indica que una vez que se adjudique, presumiblemente en septiembre, se podría comenzar con la obra un mes más tarde y por tanto se podría concluir recién en 2023.
Isgro le pidió a Fayad una ampliación de presupuesto
Para contrarrestar las acusaciones de subejecución, y a la vez doblegar la apuesta, el ministro Isgro confirmó que ya le pidió a su par de Hacienda, Víctor Fayad, una ampliación del presupuesto para destinarlo a obras.
Si bien se negó a precisar el monto de esa ampliación, sí admitió que la suma corresponde a un puñado de proyectos que pretende impulsar en lo que queda del 2022.
Pero ese aumento de presupuesto también vendría a subsanar el impacto de la inflación en la obra pública. El costo de las obras que el equipo de Infraestructura planificó en octubre del año pasado, cuando definieron qué ponían en el Presupuesto 2022, claramente no es el costo de lo que terminarán pagando a fin de año cuando la inflación, según las estimaciones, ronde el 80%. Tanto impacta la inflación en la obra pública, que varios municipios e incluso referentes de cámaras de la construcción admiten que hay licitaciones que quedan desiertas porque las empresas no pueden presentar ofertas que luego quedan desactualizadas por el incremento de precios y costos.
En principio esas actualizaciones se pagan con lo que se denomina «redeterminaciones de precios», que son montos que no están contemplados en los presupuestos originales y que se pagan con aquellas extensiones del presupuesto que se le piden a Fayad.
«Lo que tiene que estar antes de la cifra, es el proyecto ejecutivo que vale N pesos y tiene un tiempo de ejecución. Yo lo que le he dicho a Hacienda es que hay varias cosas que se están trabajando y que cuando lleguemos al momento del pago habrá que ampliar el presupuesto, si es que está esa posibilidad por mayor recaudación, para poder hacer más obras», apuntó escuetamente Isgro y admitió que ese extra podría destinarse a la construcción de vivienda.
A la hora de proyectar ese aumento de presupuesto para este 2022 y mientras delinea lo que podría hacer el próximo año, Isgro se hace eco de un pedido que ya instaló el gobernador Rodolfo Suarez: que la oposición -la misma que denuncia que el Gobierno subejecuta obra pública- le apruebe el roll over, es decir que le permitan refinanciar la deuda provincial, sobretodo porque en el 2023 se vencen unos 100 millones de dólares que esta gestión debería pagar.
«El roll over es una herramienta que tiene que estar gobierne quien gobierne. Nosotros, que no estamos en la política especulativa, sino en la ejecución de la política, no entendemos que esto se siga discutiendo», reforzó Isgro, claramente alineado con el pedido suarístico.
Un 2023 en el que se proyecta aumentar la construcción de casas
Con el lápiz atento a los vaivenes económicos nacionales y la infrenable inflación, en las proyecciones del ministerio de Infraestructura no figuran obras rimbombantes para el Presupuesto 2023. En el horizonte cercano, y en este año y medio que le resta de gestión se proponen concluir con las obras que pudieron iniciar este año y se ilusionan con incrementar el número de casas que puedan entregar y ejecutar.
El objetivo es acercarse lo más posible, e incluso intentar superar aquellos índices de construcción de vivienda que marcaron las gestiones anteriores. Saben que la meta promedio se alejó en el 2020 cuando la construcción, como tantas actividades, se vio frenada por la pandemia, y que esa caída también se reflejó en la cantidad de casas entregadas en el 2021. Hasta ahora esta gestión ha entregado 2.051 viviendas, cifra que podría casi duplicarse si se concluyen en los próximos meses las 1.854 que están en ejecución.
