La CIDH tomó nota de las trabas en contra los de los migrantes en Chile

Expulsiones, trabas a solicitudes de refugio y la nueva ley que establece detener a extranjeros en situación irregular fueron algunos de los percances que organizaciones chilenas platearon ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Expulsiones, trabas a solicitudes de refugio y la nueva ley que establece detener a extranjeros en situación irregular fueron algunos de los percances que organizaciones chilenas platearon ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La audiencia pública «Situación de las personas migrantes en Chile» fue solicitada por una decena de organizaciones de inmigrantes, de la sociedad civil y de instancias académicas, en el marco del 172 periodo de sesiones de la CIDH que se desarrolla en Jamaica.

«Algunos piensan que esta es una demanda contra el Estado, pero no. Esto es el inicio de un proceso. Recién con esta audiencia temática se abre un diálogo con el gobierno, lo cual evidencia la complejidad de la situación: tener que llegar hasta Jamaica para que se produzca el diálogo entre el gobierno y la sociedad civil», lamentó el abogado del Observatorio Ciudadano, Marcel Didier.

«Creemos que las restricciones y regresiones de las políticas migratorias así como la reducción del espacio humanitario son una realidad en la región. La situación se vuelve más crítica con algunas decisiones que se han tomado en materia en el último tiempo en Chile, y que han comenzado a replicarse en otros países, motivo por el cual efectuamos esta solicitud de audiencia», detalló Didier en la audiencia transmitida vía streaming.

En Chile, puntualizó, «hoy se cometen graves vulneraciones a los Derechos Humanos de los migrantes y refugiados, como la dictación de órdenes de expulsión sin respeto alguno a las normativas del debido proceso, la ejecución de las mismas sin respeto a la dignidad de las personas, y sin la posibilidad de ejercer el derecho a la prescripción judicial».

Describió que «falta de un adecuado tratamiento en la frontera de las personas que presentan necesidad de protección internacional, la vulneración de las obligaciones estatales en materia de reconocimiento a la convención de refugiados y refugiadas, y el desconocimiento de derechos fundamentales en el proyecto de ley que de discute hoy en el congreso nacional».

Sobre esto último, indicó, si bien las organizaciones reconocen avances, «no cumple con los estándares interamericanos de derechos humanos». Por ello, pidió que la Relatoría sobre Derechos de los Migrantes informe al gobierno chileno los estándares mínimos que pone la CIDH, pues «no basta con decir que cumplimos con la ley».

El sacerdote José Tomás Vicuña, del Servicio Jesuita de Migrantes, respaldó que la Comisión «es una instancia de diálogo y a lo que venimos es a proponer y promover cómo fomentar el diálogo».

Otros puntos alertados fueron la ausencia de aplicación de mecanismos de protección internacional para niños, niñas y jóvenes; la falta de reconocimiento del principio de no devolución y que no se aplique la normativa en materia de refugio para la comunidad venezolana y se opte por una visa de responsabilidad democrática, mecanismo a partir del cual se han dado curso a sólo el 20 por ciento de las solicitudes. Paulo Abrao, secretario ejecutivo de la CIDH, calificó la información como «alertas que generan a nosotros una preocupación» y advirtió que aunque «todos los países tengan un incremento de migración, no puede significar un cambio de enfoque».

El asesor del Ministerio del Interior de Chile, Mijail Bonito, aseguró en la audiencia que «no hay una meta sobre expulsiones. Lo que se ha señalado es que hemos heredado un número importante de expulsiones judiciales anteriores al 11 de marzo de 2018».

El «Plan de fiscalización» del gobierno ya lleva 1.985 procedimientos buscando personas en situación de irregularidad que no se hayan inscrito en el proceso de regularización de 2018. Proyectaron 85 mil fiscalizaciones en lo que queda del año con la intención de expulsar unas 12.000 personas.

El Movimiento de Acción Migrante (MAM) sostuvo que el plan representa, «más que el fomento de la regularidad, la voluntad de mostrarse como ‘expulsor de migrantes’ con un populismo punitivo que desconoce la realidad migratoria nacional y mundial». Además, «busca genera terror y los votos de los más desinformados sobre la migración y sus aportes a la sociedad».

La CIDH hará un seguimiento de la situación planteada.

Fuente: Tucumán Hoy