La Defensoría del Pueblo boliviana acusa al Gobierno de facto de cometer una masacre tras el golpe
El organismo reseñó que la represión mató a 20 manifestantes y dejó otros cientos heridos entre el 15 y el 19 de noviembre, apenas semanas después de que Morales anunciara su renuncia.
El organismo reseñó que la represión mató a 20 manifestantes y dejó otros cientos heridos entre el 15 y el 19 de noviembre, apenas semanas después de que Morales anunciara su renuncia.
A casi 10 meses de la muerte de 20 manifestantes, la Defensoría del Pueblo de Bolivia concluyó este jueves que la represión policial contra las protestas en las localidades de Sacaba y Senkata tras el golpe de Estado que derrocó a Evo Morales terminó en «una masacre» y fue responsabilidad del Gobierno de facto.
En un informe titulado Crisis de Estado, violación de derechos humanos en Bolivia, el organismo, reseñó que la represión mató a 20 manifestantes y dejó otros cientos heridos entre el 15 y el 19 de noviembre, apenas semanas después de que Morales anunciara su renuncia y denunciara un golpe de Estado, en medio de un clima de violencia política y acuartelamiento policial y militar.
En Sacaba y Senkata «se constituyeron masacres, al haberse cometido el delito de asesinato de forma sistemática, en contra de población civil y bajo el conocimiento, órdenes e instrucciones dictadas desde el Gobierno transitorio, características que configuran un delito de lesa humanidad», concluyó el informe, citado por el diario local La Razón y reproducido por la agencia de noticias Europa Press.
También destacó que se registraron dos muertes en condiciones similares el 30 de octubre y el 12 de noviembre en los departamentos de Santa Cruz y Potosí, respectivamente.
«Al tener las características ya descritas, también constituyen asesinatos bajo la modalidad de lesa humanidad», denunció la Defensoría del Pueblo, una de las pocas voces institucionales que en ese momento informaron sobre los crímenes y pidieron esclarecerlos.
Por último, el informe recogió también tres muertes en conflictos en La Paz, la capital, tras la renuncia de Morales y en el marco de las protestas a favor de la bandera wiphala, el símbolo indígena ultrajado por seguidores de la oposición al derrocado presidente inmediatamente después del golpe.
Esas muertes «se constituyen en asesinatos de lesa humanidad», agregó el informe y señaló a los responsables por la falta de verdad y justicia hasta el día de hoy.
Al respecto, precisó que «la Policía, las Fuerzas Armadas y el Ministerio Público han vulnerado el derecho a la verdad a través de acciones ilegales destinadas a eliminar, alterar o condicionar los elementos de convicción».
Según el organismo, las autoridades de facto y las fuerzas de seguridad intentaron «eludir o minimizar la responsabilidad» sobre estos hechos a través del «amedrentamiento de testigos y víctimas, la alteración de la escena del crimen, la desaparición de evidencia y la emisión de prueba pericial que no cumple estándares técnicos».
A 10 meses de esta escalada de violencia política y represión, esos crímenes permanecen impunes y la atención está puesta hoy en las elecciones generales del mes próximo que definirán si el Gobierno de facto de Jeanine Áñez o alguno de sus aliados en el golpe del año pasado continúan en el poder o si el Movimiento al Socialismo (MAS), la fuerza de Morales, logra volver a ganar la Presidencia.
