La empresa Plaza demandó a la comuna bahiense por unos 48 millones de pesos
Los micros de Plaza, una postal que la mayoría de los pasajeros no recuerda con nostalgia.
La compañía responsabiliza al municipio por “quebrantos empresariales”.
El Grupo Plaza presentó una demanda por 48 millones de pesos contra el municipio, en concepto de lo que considera los “quebrantos empresariales” sufridos al no haber recibido en tiempo y forma los ajustes tarifarios que solicitó durante los años que duró su prestación en el transporte público de la ciudad. Desde la asesoría letrada de la comuna se confirmó esa presentación, la cual deberá ser contestada con fecha límite el próximo 5 de junio.
“Es una presentación por el perjuicio económico que tuvo tanto Plaza como Mayo (su subsidiaria) por funcionar con una tarifa inferior a la que tendría que haber regido de acuerdo con el contrato de concesión”, señaló ayer a este diario Alex Di Berardini, abogado que representa a la firma porteña.
Luego explicó que el contrato firmado en 2008 garantizaba una determinada rentabilidad, la cual se sostenía mediante una tarifa de equilibrio o el pago de subsidios.
«Cuando se modificaron ciertos rubros –-combustible, sueldos, insumos– eso no se trasmitió con una corrección a los ingresos empresariales, lo cual generó un quebranto”, agregó.
La compensación económica solicitada surgió de un estudio que solicitaron a una consultora internacional, la cual analizó la relación pasajero-kilómetros y las variaciones de precios según los balances de las empresas.
Di Berardini negó que la calidad del servicio –-muy deficiente en los últimos meses– justifique la negativa de reconocer esos ajustes. “Ese planteo tiene una trampa. Si una empresa deja de tener rentabilidad es lógico que resigne calidad. Porque no viene a hacer solidaridad, sino a obtener ganancia”, sostuvo.
Mariano Segre, asesor letrado de la comuna, indicó que está terminando de preparar la respuesta. Dijo que durante la relación contractual, mantenida entre 2008 y 2012, hubo cuatro expedientes administrativos, ajustados al procedimiento que establecía la concesión, con pedidos de ajuste tarifario. “En todos los casos el municipio, como autoridad de aplicación, denegó los mismos sin que Plaza recurriera esa decisión, vale decir que los aceptó como válidos”.
Por último, confirmó que de prosperar la demanda se le deberán agregar las correspondientes actualización, intereses, gastos y costas.
