La falta de reformas sociales alimenta la polarización y la ebullición social en Colombia
El país gobernado por Iván Duque vive desde hace tres años una escalada violenta. En lo que va de este 2021 se registraron 88 masacres con 313 víctimas, y 152 líderes sociales y 43 firmantes del acuerdo fueron asesinados.
El país gobernado por Iván Duque vive desde hace tres años una escalada violenta. En lo que va de este 2021 se registraron 88 masacres con 313 víctimas, y 152 líderes sociales y 43 firmantes del acuerdo fueron asesinados. Además, la pobreza aumentó 6,8% y afecta al 42,5% de la población.
A cinco años de la firma del acuerdo de paz, Colombia atraviesa una delicada situación social, con un deterioro general de los índices de pobreza, inseguridad y violencia, mientras que la no aplicación integral del pacto por el Gobierno y la falta de reformas socioeconómicas alimentan un clima de polarización y desconfianza en la población, a la vez que emergen nuevos movimientos democratizantes.
Si bien los datos sobre violaciones a los derechos humanos ya no reflejan un escenario de guerra, Colombia vive desde hace tres años una escalada violenta que amenaza las ganancias de la paz.
«Hay una situación de deterioro general en los indicadores de pobreza y de violencia, siendo lo más grave el asesinato de líderes sociales y excombatientes. La no implementación intencional del acuerdo de paz ha ayudado a que se reagiten organizaciones armadas», dijo a Télam el presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), Camilo González.
En lo que va del año se registraron en el país 88 masacres con 313 víctimas -en 2020 hubo 91 con 381 muertos- y 152 líderes sociales y 43 firmantes del acuerdo fueron asesinados, según el balance de Indepaz.
Además, el desplazamiento forzado aumentó 193% en la primera mitad de 2021 en relación con el mismo período del año anterior, con 44.647 personas desplazadas en ese lapso, de acuerdo a la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento.
En lo que va del año se registraron en el país 88 masacres con 313 víctimas -en 2020 hubo 91 con 381 muertos- y 152 líderes sociales y 43 firmantes del acuerdo fueron asesinados.
Pese a esta situación, el Gobierno de Iván Duque continúa sin implementar las reformas sociales y económicas contempladas en el acuerdo, como las vinculadas a la tierra o a la política antidroga, algo que sumado a la pandemia disparó los índices de desigualdad, que lo convierten en el segundo país más inequitativo de América Latina, según el Banco Mundial.
En 2020, la pobreza aumentó 6,8% y afecta al 42,5% de la población, es decir, a unos 21 millones de colombianos, mientras que la pobreza extrema subió 5,5% y ascendió al 15,1%, en base a las cifras oficiales.
Esta realidad incidió, asimismo, en la percepción de inseguridad en el país, que este año se incrementó 5% y fue de 44%.
«La gente que no tiene qué comer está robando (…) La situación es tan grave que ahora matan y después roban. Acá en Bogotá sumaron 2.000 agentes y se ve policía por todos lados, ¿pero donde está la ayuda económica y social?», denunció Checho, un activista capitalino, en declaraciones a Télam.
La situación es aún más crítica en los 150 municipios -de los 1.100 que tiene el país- en los que se focaliza la violencia, donde el Estado llega solo a través de un discurso de presencia militar, pero no social, algo que para las organizaciones humanitarias agudiza el problema.
«El Gobierno sigue considerando que el país está en la misma guerra de la primera década de este siglo y, a su juicio, todos los factores de conflicto social y protesta son parte de una lógica de guerras», explicó González, y agregó: «El manejo de la policía, el ejército y la justicia se lleva con una concepción de guerra antiterrorista y antinarcotraficante que choca con una realidad de la sociedad que está cambiando».
El activista lamentó la negativa del Gobierno a seguir cualquier negociación del modelo económico en esos territorios, donde la guerra ha sido un mecanismo para acumular rentas y apoderarse de tierras para la minería, la explotación de recursos naturales o las rutas del narcotráfico.
En lugar de implementar las medidas previstas en el pacto para instaurar una normalidad legal y poner fin al extractivismo armado en esas zonas, indicó que el Gobierno continuó promoviendo leyes, exenciones y beneficios para favorecer la expropiación de sus pobladores y perpetuar así la «cleptocracia», es decir, la expoliación de la sociedad desde el propio Estado, vigente en Colombia desde el siglo XIX.
«Las mafias y el narcotráfico están incrustadas en el Estado y tienen intereses muy fuertes. El Gobierno decidió gobernar con los grandes grupos económicos y se aplican las políticas de paz en la medida en que no afecten su rentabilidad e intereses», sentenció González.
«Las mafias y el narcotráfico están incrustadas en el Estado y tienen intereses muy fuertes. El Gobierno decidió gobernar con los grandes grupos económicos y se aplican las políticas de paz en la medida en que no afecten su rentabilidad e intereses».
Este contexto hizo que aumentara la desconfianza en la población, principalmente, para los excombatientes que durante estos años habían comenzado a reincorporarse socialmente a través de emprendimientos propios y colectivos.
«Hay una esperanza y la mayoría quisiera volver a ser parte de la sociedad (…) pero esta demora en el proceso hace que haya una desconfianza institucional muy fuerte y un miedo a abandonar todo lo construido», dijo a Télam la politóloga Laura Nieves, quien trabajó tanto con víctimas del conflicto como con personas en proceso de reinserción.
Según Nieves, el hecho de que las autoridades no reconozcan las masacres ni los asesinatos de líderes -que hasta el Gobierno del expresidente y firmante del acuerdo Juan Manuel Santos tildaba de «líos de faldas»- hace que en el país reine una «impunidad altísima» que alimenta la espiral de violencia.
«No importa que asesines porque al final no va a pasar, se va a quedar en una investigación que nunca va a llegar a ningún lado», afirmó.
Al mismo tiempo, la extrema polarización de la ciudadanía colombiana es, a su juicio, «un caldo de cultivo perfecto» para que esto siga sucediendo, ya que ciega la objetividad y limita la condena social.
En sus palabras, el simple hecho de apoyar el proceso de paz puede hacer de uno un «guerrillero» y en una sociedad tan dividida la muerte de un supuesto guerrillero no se cuestiona.
Por ello, destacó que es urgente que las autoridades respondan a la población desde la verdad sobre el conflicto -muchas veces los victimarios son también víctimas- y asuman su responsabilidad al respecto porque si la gente no entiende qué pasó, los procesos de reconciliación se verán torpedeados por el odio y la venganza.
«Se supone que hace cinco años empezamos el proceso de curar esas heridas y lo que hicieron fue echarle limón para que irritaran y no pudieran sanar», lamentó, por su parte Checho, quien también reclamó un reconocimiento más amplio para las víctimas.
Más allá de esta realidad compleja, González subrayó que el acuerdo dio pie a la conformación de grandes movimientos sociales por la paz y el cambio, asfixiados en el pasado por el fantasma de la guerra.
«La situación colombiana no tiene una lectura de dos caras, de guerra y paz, sino mucho más multidimensional. Hay mucha muerte, pero también mucha más dinámica social y más movimiento de protesta», resaltó, y concluyó: «Eso es una fuerza transformadora que va a seguir presente en la sociedad colombiana muy de fondo (…) vamos a un período que será de crisis también, pero con grandes posibilidades de transición».
