La Justicia correntina una vez más en medio del conflicto político Provincia-Municipio

Ayer por Cadena Sudamericana, en el programa de Daniel Romero, el senador Rubén Pruyas admitió que los siete senadores peronistas se reunieron a puertas cerradas el último viernes con cuatro de los cinco ministros del Superior Tribunal.

Ayer por Cadena Sudamericana, en el programa de Daniel Romero, el senador Rubén Pruyas admitió que los siete senadores peronistas se reunieron a puertas cerradas el último viernes con cuatro de los cinco ministros del Superior Tribunal. Del cónclave no medió información oficial. Recién ayer lo admitió quien es el Vicepresidente 2º de la Cámara, quien tuvo fuertes conceptos para con el Gobierno cuestionando la arbitrariedad de la decisión de retener fondos a la Capital. Pruyas aludió a los acuerdos, las normas legales y constitucionales que son de aplicación y anticipó que esperan una medida cautelar mientras se sustancia la resolución y anticipó que antes de ello habría una audiencia de conciliación. Recordó una gestión parecida realizada por los senadores en oportunidad del conflicto del 1% para los municipios, negando que pueda considerarse una presión hacia el Tribunal y por primera vez negó públicamente lo que el resto de los senadores y el propio Partido Justicialista viene señalando en contestación a las quejas del Gobernador: no hubo otro tipo de acuerdos, en obvia alusión a la controvertida decisión de integrar las comisiones del Senado.

La Justicia correntina volvió a quedar en el medio de las pasiones políticas como consecuencia del retaceo unilateral de fondos infligido por el gobernador, Ricardo Colombi, al Municipio capitalino, donde el intendente, Fabián Ríos, sufre el desfinanciamiento mientras advierte que, de continuar la retención, peligran salarios, puestos de trabajo y servicios esenciales.

El Jefe comunal recurrió al Poder Judicial con el argumento de que el Gobierno de Colombi comete una arbitrariedad sin justificación legal. El mandatario provincial ordenó que se le retengan a la Capital los fondos correspondientes a la refinanciación de pasivos hasta tanto el Concejo Deliberante homologue el tramo 2016 del acuerdo de reprogramación de deuda.

Por lo que pudo saberse, en las próximas horas habrán nuevas presentaciones del Municipio en tanto también trascendió que desde el Arzobispado no se es indiferente a una cuestion en la cual Monseñor tuvo ya intervención en tiempos anteriores en búsqueda de acercar posiciones, y mostrar el interés de la Iglesia frente a un conflicto que perjudica a 400.000 vecinos de la Capital que quedaron de rehenes de la lucha política. Discretas pero siempre efectivas gestiones del influyente jefe de la Iglesia local, quizá sea hasta más rápida y efectiva que la acción de la Justicia, que debe respetar las formas, tiempos y garantías propias del procedimiento contradictorio en cuanto a preservar las garantías de los justiciables.

Para Ríos, la administración a su cargo debería continuar recibiendo los recursos porque no hay en el acuerdo de refinanciación letra chica que especifique requisitos como el exigido por Colombi, un razonamiento que es analizado por el Superior Tribunal de Justicia.

Como en los tiempos más tormentosos de la política provincial, cuando el máximo Tribunal tenía la última palabra en conflictos que amenazaban con interrumpir el orden institucional, la Corte correntina deberá definir si Ríos tiene razón en su reclamo de dinero o si Colombi actúa conforme a derecho al impedir que los recursos destinados a la Capital provincial lleguen a destino.

El Superior Tribunal no es el mismo de hace algunos años. Si bien perdura en las formas cierta tendencia a no contrariar los intereses del Poder Ejecutivo, ya no están el tío ni el padre de nadie que tenga que ver con el manejo de las instituciones públicas. Las últimas designaciones le inyectaron nuevos aires al Cuerpo y los cuestionamientos a una cabeza judicial politizada cesaron. Además, los supremos son conscientes de que con la actual integración y conformación de las Cámaras tienen un blindaje que les da el hecho de que por varios años ningún sector tendrá mayoría calificada como para tomar decisiones traumáticas.

Pesa además la consideración de la sociedad ante la que queda expuesta el hacer o no hacer de los jueces, y la natural comprensión que existe para con los sectores más vulnerables. En este marco, el Gobierno comunal apunta a compensar el daño económico que viene soportando con los beneficios electorales que supone ser la parte afectada por una decisión, que en términos de opinión pública, genera rechazo.

Por eso es relevante el desafío que se yergue en el horizonte cercano del STJ. Los «superiores» tendrán que definir quién tiene la razón en un conflicto político protagonizado por los dos principales contendientes de una pulseada constante en la que Provincia radical y Municipio peronista miden fuerzas a cada paso, en una cruzada interminable por el poder.

Colombi y su contrafigura de este tiempo, Ríos, son las caras de la versión vernácula de las parcialidades sociales que se forman a uno y otro lado del límite donde las coincidencias terminan acotadas por diferencias insalvables. Es la grieta correntina -con sus efectos más crudos- lo que llega a la mesa de los 5 ministros del STJ para que el martillo de la justicia caiga de un lado o de otro.

Se dice que las razones del Gobernador en el terreno jurídico son sólidas, pero que su verdadera motivación es ejercer presión sobre Ríos -y por consiguiente sobre el peronismo- para que los legisladores de la oposición acompañen ciertos proyectos que el mercedeño piensa extraer de la manga llegado el momento. ¿Prórroga de mandatos? ¿Reforma con nueva reelección? O simplemente preservar el control sobre la Justicia que tenía hasta diciembre pasado cuando controlaba la estratégica Comisión de Acuerdos del Senado que hoy pasó a manos opositoras. Todo puede ser.

Del otro lado está el Intendente capitalino, sin recursos indispensables para hacer funcionar el Municipio más gravitante de la provincia cuando todavía faltan 15 días para que se complete abril. Sus argumentos jurídicos también son atendibles, pero la fortaleza del reclamo municipal reside en el impacto social del retaceo de fondos.

Trabajadores municipales y sus familias dependen de esos ingresos de la Comuna para cobrar sus salarios, así como 400.000 vecinos de la ciudad podrían verse privados de recolección, barrido, alumbrado y toda otra prestación sostenida por las arcas municipales, entre ellas la guardia de emergencias médicas que asiste a los cientos de accidentados que diariamiente caen víctimas del alocado tránsito correntino.

Más allá de las leyes y los análisis jurídicos, si el Superior inclina la balanza a favor de los derechos más urgentes, Ríos podría ganar la pulseada. Habrá que ver cómo abordan el conflicto los ministros de la Corte provincial y cuánto tiempo se toman para pronunciarse a través de una sentencia.

Mientras tanto, por cuerdas separadas, representantes de fuste de la Iglesia iniciaron una sutil intercesión con la esperanza de destrabar el pleito sin que resulte necesario un fallo judicial. Tanto Colombi como Ríos se esfuerzan por mantener la mejor relación posible con el Clero y puede que por esa vía, el entendimiento entre ambos evite a los 5 miembros del STJ tener que respaldar públicamente a uno de los dos bandos.

Si ello se tornara inevitable puertas adentro del Superior, ya no hay, como alguna vez lo hubo, el temor reverencial hacia el poder político. El mismo hecho de que el Gobernador se puso límites al dejar en claro que en 2017 habrá un nuevo mandatario provincial y que él volverá a pelear la Intendencia de Mercedes, pareció no sólo acelerar la disputa dentro de su Partido sino disparar la Interna en el peronismo, donde el sábado en la reunión del Foro de Intendentes en Saladas se dejó en claro que no hay candidatos naturales, que hay que trabajar en una alternativa sin nombres propios, y que será el tiempo el que defina cuestiones que también ocupan y preocupan a los radicales y sus socios.

Quizá sin quererlo, Ricardo Colombi abrió su propia sucesión, que conlleva una licuación anticipada del poder que tuvo en los últimos años.

El 10 de diciembre del próximo año, todo indica, un nuevo hombre o mujer estará sentado en el sillón de Ferré.

Fuente: El Libertador