La llegada de Uber profundiza la grieta en el seno del Concejo rosarino
Mientras el oficialismo impulsa multas de hasta 144 mil pesos para los choferes, el macrismo busca regular la actividad de la app de traslados.
Mientras el oficialismo impulsa multas de hasta 144 mil pesos para los choferes, el macrismo busca regular la actividad de la app de traslados.
El Concejo se debate por estas horas entre castigar con dureza la llegada de Uber a Rosario o regularizar la situación de la aplicación para que trabaje sin problemas. Dos miradas diametralmente opuestas que se dan en el marco del arribo de nuevas tecnologías que cambian las realidad de los sistemas de transporte público en todo el mundo. La idea de castigar con mano dura el arribo de la app lo impulsa el oficialismo y sus aliados, al tiempo que la regularización es fogoneada por la oposición, centrada mayormente en el macrismo.
Estas miradas contrapuestas confluyen en dos comisiones estratégicas: Servicios Públicos y Gobierno, ambas presididas por el oficialismo y sus aliados. En la primera el debate lo conduce una de las espadas políticas del intendente Pablo Javkin en el Concejo, Fabrizio Fiatti; y en la segunda la presidencia está en manos de Marina Magnani, integrante de La Cámpora, movimiento aliado del oficialismo.
La mirada del intendente y su frente de aliados es la de castigar con dureza la presencia de Uber en la ciudad. Lo atacan mediante dos frentes: uno judicial, que ya tuvo un revés pero en el que prepara una nueva presentación; y otro legislativo. En esta segunda instancia el oficialismo va por un cambio en el Código de Faltas que se incluyó dentro del Código de Convivencia que presentó Javkin la semana pasada.
En concreto, se busca penar con multas de hasta 144 mil pesos (entre 1.300 y 3.200 UF. Cada UF corresponde al 50% del precio de un litro de nafta súper) a aquellos transportes que trabajan en forma “habitual, onerosa y con vehículos sin habilitación municipal, con aplicaciones móviles no autorizadas”.
Es más, Fiatti remarcó ayer en la reunión de la comisión de Servicios Públicos que “se trata de un agravante al Código de Faltas en el marco del Código de Convivencia por supuesta prestación de transporte de personas con vehículos no autorizados, haciendo uso de aplicaciones o software o dispositivos existentes para ese fin”.
Por la regulación
En la vereda de enfrente, el macrismo (en ambas versiones locales: Juntos por el Cambio y Cambiemos) impulsa la regulación de la app de traslados.
Es más, la concejala de Juntos por el Cambio, Renata Ghilotti, ingresó formalmente ayer un proyecto de regulación de Uber. El mismo consta de 33 artículos entre los que se destacan la creación de una tasa especial por prestación del servicio de transporte privado de personas a través de aplicaciones que será destinada al fondo compensador del transporte y al sostenimiento del sistema público de taxis.
También contempla un nuevo esquema de exigencias mayores en cuanto a características de las unidades y la salvedad de que, bajo ningún concepto, podrán operar directamente en vía pública y su utilización estará circunscripta a las contrataciones mediante plataformas.
Ghilotti está convencida de que hay que «avanzar en una regulación que, sin perjudicar al resto de los sistemas, permita generar empleo, inversiones y nuevos fondos para mejorar el servicio de taxis”. Es más, dijo que, sin dudas, este reclamo “lo comparte la mayoría de los rosarinos”.
A su entender, «estas aplicaciones se imponen en la sociedad por su uso, y la insistencia de algunos en seguir buscando el momento político indicado solo sirve para perder el tiempo”.
En la misma línea se orientó el concejal de Cambiemos, Carlos Cardozo, quien en la reunión de comisión de Servicios Públicos destacó que “avanzar con prohibiciones apresuradas y sanciones espectaculares para sacarse de encima el problema Uber, teniendo en cuenta que estamos en año de elecciones, es salida fácil que tratan de encontrar el intendente, sus concejales y el kirchnerismo”.
Sin medias tintas, dijo que “lo que la ciudad necesita es un debate serio y maduro sobre su transporte, mejorando y fortaleciendo los servicios de colectivos y taxis, sin negar caprichosamente la existencia de nuevas tecnologías, porque con estas medidas lo único que se hace es fomentar lo ilegal”.
Así las cosas, el debate por la llegada de Uber a la ciudad acrecentó aún más la grieta y todo indica que se profundizará en los próximos días.
Taxistas y remiseros, en pie de guerra
El proyecto del oficialismo de sancionar duramente a Uber llegó precedido de iniciativas similares que habían impulsado los sectores que agrupan a los taxistas y remiseros. Es más, el Sindicato de Peones de Taxis pidió que se aplican sanciones exorbitantes de hasta 450 mil pesos a quien “utilice una red de transporte privado a través de un software de aplicación móvil que conecte al pasajero con conductores y vehículos no habilitados”.
Por su parte, la Cámara de Titulares de Remises solicitó sanciones económicas “significativas” a titulares y choferes que operen de forma ilegal y suspensión del carnet de conducir.
Ambos sectores ya protagonizaron varias protestas para exigir un freno a la llegada de Uber a la ciudad.
