La nueva gestión municipal de Casilda enfrenta su primer paro
La medida de fuerza es por tiempo indeterminado. El gremio espera una propuesta para retomar las negociaciones.
La medida de fuerza es por tiempo indeterminado. El gremio espera una propuesta para retomar las negociaciones.
La falta de recursos a causa de la crítica situación económica y financiera que heredó de la administración anterior dificulta y condiciona el funcionamiento del actual gobierno municipal de Casilda, que hoy enfrentará su primer conflicto laboral al no poder hacer frente al pago de salarios en tiempo y forma.
La medida de fuerza dispuesta por los trabajadores a instancias de una asamblea consiste en un paro de actividades con asistencia a los lugares de trabajo y por tiempo indeterminado, algo que terminó por confirmar las versiones que comenzaron a circular ante la imposibilidad del municipio de reunir los casi 19 millones de pesos que necesita para cumplir con sus obligaciones salariales de diciembre.
La oferta de pago que planteó no fue suficiente para satisfacer las expectativas de los empleados municipales, que resolvieron arrancar la huelga desde la cero hora de la fecha hasta que surja, al menos, «una propuesta superadora».
Al menos así lo indicó ayer a LaCapital el secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Casilda y Comunas Adheridas, Walter Britos, tras indicar que «nos propusieron abonar un 50 por ciento de los salarios utilizando recursos propios y tomando un descubierto de 5 millones de pesos, lo que rechazamos de plano».
No obstante, el dirigente aseguró que el gremio esta abierto al diálogo de surgir nuevas ofertas que mejoren la que fue rechazada al ser considerada «insuficiente». Y en ese línea consideró que el municipio «podría haber gestionado un descubierto bancario superior para garantizar un porcentaje mayor al que ofreció, pero no lo hizo», aunque reconoció la critica coyuntura por la que atraviesa la gestión entrante, que recibió una deuda cercana a los 90 millones de pesos.
El intendente justicialista Andrés Golosetti, no solo tiene fijada su mirada en el abultado pasivo que le dejó el gobierno saliente sino también el no menos preocupante déficit mensual operativo que tiene el municipio y que «es del orden de los seis millones de pesos mensuales», precisó.
Aunque la gestión anterior pagó los haberes de noviembre, lo hizo apelando a un descubierto bancario y adelantos de coparticipación que le fueron descontados a la actual administración. En ese sentido Golosetti dijo que «tuvimos que hacernos cargo de casi 17 millones de pesos» para luego recordar que «también tuvimos que pagar aguinaldos con un descubierto». Y sobre los salarios del mes pasado cuyo vencimiento de pago expiró ayer explicó que para poder afrontar la suma total de la masa salarial «sólo teníamos recaudados unos 5 millones, por lo que ofrecimos pagar la mitad sacando un descubierto por un monto similar a una tasa de interés altísima, pero la oferta fue rechazada y derivó en un paro que entendemos».
El mandatario local dijo que ya gestionó al gobierno provincial un anticipo de coparticipación ordinaria y otro extraordinario para ser destinado al pago de remuneraciones atrasadas y, en esa línea, aclaró que «estamos al aguardo de una respuesta positiva, más allá de no ignorar que la provincia también enfrenta una situación difícil, pero la realidad del municipio de Casilda es prácticamente de quebranto».
En esa dirección sostuvo que «para corregir el déficit vamos a necesitar tiempo, mucho esfuerzo, y fundamentalmente ser muy austeros y cuidadosos con el gasto además de, lógicamente, generar nuevos recursos, lo cual ya intentamos hacer aumentando el pago mínimo del Derecho de Registro de Inspección (DRI) a sectores que están en mejores condiciones de hacer un esfuerzo económico como entidades bancarias y financieras, frigoríficos, cerealeras y constructoras, entre otros».
Y a ello se suma que ayer el Concejo aprobó un régimen de moratoria para regularizar deudas por tributos municipales, a fin de obtener recursos extraordinarios para aliviar las magras arcas del Estado local.
Golosetti aseguró que la realidad que acucia al municipio es de tal gravedad que para sostenerse en el tiempo «tuvimos que blanquear una situación que la gestión saliente ocultó deliberadamente afrontando lo mínimo, que son las obligaciones con el personal mediante anticipos de coparticipación y que esta gestión debe devolver y tomando prestamos bancarios a tasas de intereses altísimas que el municipio no está en condiciones de pagar, por lo que decidimos poner un freno a todo esto y no hipotecar el futuro de los casildenses».
Finalmente recalcó que «el esfuerzo de ofrecer pagar el 50 por ciento de los sueldos de diciembre lo hicimos pensando en los trabajadores que cobran menos y tienen que atender necesidades inmediatas, pero lamentablemente la propuesta no fue aceptada y lo consideramos legítimo porque no podemos pagar el total de los sueldos como corresponde».
El complejo panorama que pone en jaque al municipio casildense es similar al que enfrentan otras comunas y municipalidades santafesinas como Chabás, Carcarañá, Funes, Coronda, entre otras administraciones que también deben lidiar con inconvenientes para poder hacer frente a distintos compromisos aunque Casilda es la única que se encuentra de paro en la zona.
Cabe recordar que el gobierno casildense además de lo descripto se topó con una situación parecida en la empresa Servicios Casildenses Sapem, cuyo paquete accionario mayoritario está en manos del Estado municipal. La firma, que se encarga de la prestación de los servicios de gas natural y recolección de residuos urbanos domiciliarios, mantiene una deuda con Litoral Gas superior a los 65 millones de pesos de los cuales 26 millones ya están judicializados, por lo que la distribuidora trabó embargos sobre sus cuentas bancarias, lo cual limita su funcionamiento contable.
La empresa casildense si bien tiene deudas a cobrar por consumo de servicios y otros conceptos lejos están, de ser recuperadas, de compensar su pasivo. En ese marco se encuentran algunas administraciones que forman parte del consorcio Girsu y que adeudan 2.5 millones de pesos por el canon que deben pagar por traer la basura al centro regional de tratamiento establecido en Casilda, razón por la cual se resolvió no recibir más sus desechos hasta que regularicen sus obligaciones.
