La reforma también es cuestión de plata
Si hubo escaso interés en las elecciones para convencionales constituyentes, sólo hay que imaginar la poca atracción que generan los debates cerrados que se dan en la convención donde -de lo poco que entiende la ciudadanía- lo que se ve es que todos sospechan de todos.
Si hubo escaso interés en las elecciones para convencionales constituyentes, sólo hay que imaginar la poca atracción que generan los debates cerrados que se dan en la convención donde -de lo poco que entiende la ciudadanía- lo que se ve es que todos sospechan de todos. Y todos quieren una carta magna provincial a su medida. Hasta los acopiadores de granos de la provincia se presentaron temerosos de que las autonomías municipales aumenten la angurria de las ciudades y comunas para recaudar. Los propios autonomistas tienen diferencias entre autonomía para grandes municipios, para todos o regionalizaciones. Incluso hay quienes proponen crear organizamos supra gobiernos locales de coordinación de gestión. El Ministerio Público de la Acusación y la Defensa Pública quieren ser un extrapoder, es decir, escindirse del Poder Judicial. Los empleados judiciales no quieren y los maestros buscan consagrar sus paritarias en la futura Constitución. El gobernador Maximiliano Pullaro -por eso se hace toda esta movida- quiere su reelección. En el fondo, todos buscan asegurarse lo propio. Eso sí, para beneficio de todos. La reforma de la Constitución es una necesidad más política que institucional por más adornos que se le cuelguen.
Un tema central, sin duda, es la Caja de Jubilaciones de la provincia. La actual Constitución establece un sistema de seguridad social “integral e irrenunciable”, pero, aunque es una de las provincias que nunca transfirió su organismo de reparto a la Anses, no habla de la imposibilidad de transferir la Caja de Jubilaciones. La ley que declaró la necesidad de la reforma habilitó que el artículo fuera modificado y aportó un sentido para ese cambio: La institución a cargo del reparto solidario debe ser provincial e intransferible a otras jurisdicciones.
Ese artículo de la ley fue un pedido del socialismo. En el PS están convencidos de que vale la pena constitucionalizar la protección de la Caja de Jubilaciones. Confían en la presión que pueden ejercer con sus convencionales. Espacios opositores como el peronismo, coinciden con la idea de proteger las jubilaciones santafesinas. Son votos clave que pueden inclinar la balanza ante una hipotética fractura en el Frente Unidos para Cambiar Santa Fe. La resistencia es ideológica y viene, por supuesto, de la mano del PRO y de la Libertad Avanza cuyo gobierno nacional ya debe mil millones de dólares a Santa Fe por el déficit de la Caja nunca transferida. Un aporte sustancial para el “equilibrio fiscal” nacional exhibido.
Los gremios del Estado provincial están legítimamente preocupados por la cuestión, sobre todo después de la reforma votada entre gallos y medianoche en la Legislatura que les metió la mano en los bolsillos a los agentes públicos y jubilados del sector, con el pretexto de “salvar la caja”. Duro con los débiles y blandos con los poderosos como el presidente Javier Milei.
Desde el sindicalismo quieren que se reconozcan sus derechos representativos a acceder a información de los organismos de seguridad social “financiados con aportes de los trabajadores, como el Iapos y la Caja de Jubilaciones, para fortalecer el principio de transparencia activa y el control social sobre fondos públicos y prevenir prácticas discrecionales”, según la presentación formal que hicieron.
Lo que quiere la Corte
El presidente de la Corte, Roberto Falistocco, fue el encargado de hablar por el máximo tribunal en la Convención esta semana. Allí no disimuló las diferencias con el gobernador Pullaro que tiene congelados decenas de nombramientos de magistrados. Falistocco planteó que la selección de jueces se realice “según una terna vinculante que (el Poder Ejecutivo) tendrá que remitir en 30 días y por orden de mérito de acuerdo a concurso del Consejo de la Magistratura”.
A la vez, indicó que esos concursos deberán ser convocados dentro de los 30 días de producida la vacante, y deberán ser transparentes y «basados en idoneidad técnica, ética y democrática”. La cuestión del orden de mérito es central, atento a que hasta ahora los gobernadores podían dar vuelta la lista y enviar a la Legislatura al último de la fila.
“Lo novedoso es que estamos poniendo plazos para llamar a concursos y expedirse”, señaló el presidente del máximo tribunal de justicia provincial. Además, planteó la creación de un Consejo de la Magistratura “autárquico y autónomo” conformado por siete miembros titulares e igual cantidad de suplentes, liderado por el presidente de la Corte e integrado por un juez, un fiscal o un defensor “según la pertenencia de la vacancia”, un representante del Ejecutivo, uno de cada Cámara de la Legislatura, un abogado de la matrícula y un docente de universidades públicas.
Misteriosamente, o no tanto, no se conocen proyectos por ahora en la Convención Constituyente para que la provincia vuelva a tener una banca pública. Santa Fe es la única provincia grande que no tiene banco propio tras la privatización en 1997. Creado por el gobernador Servando Bayo en 1874 con el objeto de promover la banca pública y la participación del Estado en el crédito y las finanzas, vinculando la economía provincial con la producción y el trabajo. Todos los que hoy se rasgan las vestiduras con el “modelo productivo de Santa Fe”, ni se ponen colorados por no tener un banco oficial.
Las pymes buscan su lugar
La seccional provincial de la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino (Enac) impulsó un proyecto para sumar a la nueva Constitución de Santa Fe a las pequeñas y medianas empresas. Las modificaciones que la Enac propone tienen sus precedentes constitucionales en otras provincias como Córdoba, Buenos Aires y Mendoza, por eso se presenta como “una oportunidad histórica” de reconocer en la Constitución “el rol y la importancia de las pymes, promoverlas y cuidarlas”, dijo Cristian del Valle, secretario de la seccional de Santa Fe.
Son tres artículos que buscan la protección de las pequeñas y medianas empresas, la participación de las pymes dentro de las contrataciones públicas y la formación de un consejo productivo con presencia de todos los sectores pymes.
El tema es más que pertinente si se tiene en cuenta que las pymes representan el 98% de las empresas de Santa Fe, generan el 70% del empleo privado y aportan más del 40% del PBI de Santa Fe. «Sin embargo, su relevancia no se ve reflejada de forma explícita en la Constitución santafesina», advirtieron desde la Enac cuando presentaron el proyecto ante los candidatos a la convencional constituyente antes de las elecciones del 13 de abril. Además, 8 de cada 10 nuevos empleos se generan desde las pymes, la destacada participación en el desarrollo territorial y de las poblaciones ya que “brinda arraigo y evita la migración” en las comunidades más pequeñas.
Por Leo Ricciardino
