Las fabulosas propiedades para amigos que subastó el gobierno de Cambiemos
Para los amigos y aportantes a la campaña electoral, todo. La Oficina Anticorrupción denunció en la justicia que Mauricio Macri, Marcos Peña, Rogelio Frigerio y otros exfuncionarios operaron para venderle fabulosas propiedades del Estado a sus amigo
Para los amigos y aportantes a la campaña electoral, todo. La Oficina Anticorrupción denunció en la justicia que Mauricio Macri, Marcos Peña, Rogelio Frigerio y otros exfuncionarios operaron para venderle fabulosas propiedades del Estado a sus amigos, simulando subastas en los que participaba un solo oferente o a veces dos, pero con adjudicaciones a precios muy por debajo del valor puesto por el Tribunal de Tasación. El perjuicio para el Estado fue de 74.536.889 dólares. Entre los inmuebles con los que se quedaron los íntimos figuran parcelas de enorme valor en Catalinas Norte, o sea los terrenos detrás del Hotel Sheraton en Retiro, a las puertas de Puerto Madero; otras propiedades en CABA y una enorme estancia parcelada en Córdoba. Los nombres de algunos de los amigos son conocidos: Nicolás Caputo, Mario Quintana, el dueño de la casa en Villa La Angostura donde Macri suele descansar; los titulares del banco Safra, el elegido por Gianfranco Macri en Suiza para depositar los dólares que luego blanqueó; integrantes de la familia Blanco Villegas (vinculados a la madre del ex presidente) y numerosos y poderosos aportantes de la campaña de Cambiemos.
Los datos de las irregularidades fueron detectados por la Sindicatura General de la Nación (Sigen) y la auditoría interna de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) que es la que manejaba esos inmuebles. Sobre esos informes demoledores, la Oficina Anticorrupción (OA) que lidera Félix Crous, presentó la denuncia que recayó en el juez Julián Ercolini –un amigo de Cambiemos– y en el fiscal Gerardo Pollicita.
El cuerpo central de la denuncia apunta a varias irregularidades:
* Para las subastas se estableció un valor de base 30 por ciento por debajo del fijado por el Tribunal de Tasación. La idea era que en la subasta se llegara al valor de mercado, pero en todos los casos se adjudicaron los terrenos a muchísimo menos de lo que valían. De ahí el perjuicio de casi 75 millones de dólares.
* Las subastas tuvieron una particularidad llamativa. Se interesaron grupos y empresas del mundo entero, pero finalmente a la subasta sólo concurría un oferente o a lo sumo dos. «Mediante el direccionamiento de las subastas garantizaron que no hubiera puja o que la puja fuera aparente», dice la denuncia.
* En todos los casos, se trató de amigos de Macri, de aportantes de su campaña. En ocasiones, para que no se notara que los adjudicatarios eran los mismos, combinaron los mismos nombres en distintas sociedades.
Por supuesto que lo más apetecible fueron los seis terrenos de Catalinas Norte, ubicados a la entrada de Puerto Madero, en la zona inmobiliaria más valorada de la ciudad de Buenos Aires. En la denuncia, la OA hace un perfil de los que se quedaron con esas parcelas millonarias.
* Consultatio S.A., que aportó 850.000 pesos a la campaña de Macri. Las cabezas visibles fueron Eduardo Constantini y Carlos Aníbal Reyes Terrabusi. Este último figura en dos sociedades como socio de Jorge Alberto Blanco Villegas, tio de Macri, y aportante de 1.800.000 pesos a la candidatura de su sobrino. Uno de los terrenos se les adjudicó a 10,85 por ciento menos del valor fijado por el Tribunal de Tasación, mientras que otro terreno lo consiguieron pagando 19,12 por ciento menos del valor establecido por el Tribunal.
* TGLT, el conglomerado que absorbió a Caputo S.A., la constructora de Nicky Caputo, el amigo de la vida de Macri. Según la denuncia, le cedieron parte de la compra a un fideicomiso encabezado por un primo hermano de Eduardo Cohen Watkins, el dueño de la casa en Cumelén que usa Macri para descansar cuando viaja a La Angostura. TGLT se quedó con una parte y todo el predio se adjudicó a un 24,14 por ciento menos del valor fijado por el Tribunal de Tasación.
* En otra de las parcelas los únicos competidores fueron los mismos, Consultatio y TGLT. Se lo quedó Consultatio con un 24,70 por ciento menos del valor fijado.
* La subasta 3 de 2018 la ganó el fideicomiso BAP, que maneja un fondo encabezado por Edmond Safra, el primo de Cohen Watkins. Se pagó 16,23 por ciento menos del valor del Tribunal de Tasación.
* Hay otra parcela que se quedó el fondo manejado por Edmond Safra, dueño del Banco Safra en el que Gianfranco Macri tenía el dinero no declarado que luego blanqueó en 2016. Se les adjudicó por un 16,23 por ciento de menos.
En la denuncia de OA figura que hubo 15 grupos empresarios interesados en los terrenos de Catalinas Norte, pero sólo 4 fueron habilitados. Todos amigos o vinculados a Macri y uno solo, OPM, que no ganó ninguna subasta, relacionada con Mario Quintana. El total del perjuicio al Estado en estas ventas fue de más de 52 millones de dólares y la OA imputó a Macri, Peña y Frigerio, firmantes de las adjudicaciones, así como a la cúpula de la AABE, encabezada por Ramón María Lanús.
Las otras operaciones perjudiciales para el Estado se realizaron con predios más chicos y peor ubicados en CABA y una gigantesca estancia –Establecimiento General Paz– de 12.000 hectáreas en Córdoba, a 250 kilómetros de la capital provincial. Esta inmensa propiedad, que era del Ejército, fue dividida en 51 lotes con la excusa de lograr una pluralidad de compradores. Resultó que los adjudicatarios fueron pocos, aunque con sociedades distintas, y se quedaron en buena parte de los lotes con hectáreas a 8.900 dólares, cuando el valor fijado por el Tribunal de Tasación era de 15.000. Hubo lotes que se entregaron por debajo del valor de base, pero se justificó con la aplicación de un ajuste. El mayor comprador (9 lotes) fue La Cebadilla S.A., que la OA vincula con la familia Blanco Villegas. Para colmo, aparecen también relaciones con el titular del AABE.
Lo que se repite en el macrismo son los negocios para los amigos. Ocurrió en los peajes, en los parques eólicos, en la venta de las centrales energéticas, en la colocación de la deuda y, por lo que denuncia la OA, con un catastrófico perjuicio de 75 millones de dólares, en la venta de propiedades del estado.
