Las «islas callejeras» encendieron el debate en el Concejo rosarino
Hay 142 espacios para bares y restaurantes afirmados sobre la calzada. La oposición reclama que se cumplan algunos de sus objetivos, como la libre accesibilidad de los ciudadanos en vez del lucro que ejercen los gastronómicos
Hay 142 espacios para bares y restaurantes afirmados sobre la calzada. La oposición reclama que se cumplan algunos de sus objetivos, como la libre accesibilidad de los ciudadanos en vez del lucro que ejercen los gastronómicos
Primero fue el pedido de eliminación, ahora la lupa está puesta en el cumplimiento de la accesibilidad de las llamadas «islas callejeras» que montan bares y restaurantes. El debate siguió en el Concejo Municipal con la reglamentación reciente de la normativa que regula estos espacios en la vía pública que fueron un salvavidas comercial en pandemia, pero que hoy están en la mira. Mientras un sector de las bancas políticas las consideran un impulso para la actividad gastronómica y ordenan el espacio público, la oposición denunció que su espíritu original está tergiversado y, en vez de ser «pulmones de uso público» en la calle, sirven para «el lucro de los bares». En la actualidad hay 373, de las cuales 142 están sobre las calzadas.
La discusión empezó con el proyecto de la concejala justicialista María Fernanda Rey, quien quiere levantar todas las «islas callejeras», al hacerse eco de vecinos de Pichincha que ven en ellas un factor de ruido, desmanes en la vía pública y roce en la convivencia con el entorno.
Los gastronómicos le salieron al cruce al entender que, por el contrario, resultaron un motor de la economía del rubro, se consolidaron como costumbre de clientes y embellecen el entorno.
De 2017
Ahora, el debate entre las bancas del Palacio Vasallo es por el cumplimiento estricto de lo que expresa el decreto reglamentario 727 (de junio de 2024 cuyo autor fue el ex concejal Martín Rosúa) de la ordenanza 9.727 de 2017, pero previamente en 2020 y en plena pandemia se sancionó un decreto como «salvavidas» para la crisis en la actividad gastronómica que había provocado el Covid-19 y la distancia social.
Por «isla callejera» se entiende la instalación «sin anclaje permanente a suelo, ubicada en el espacio destinado a estacionamiento emplazado al frente de un emprendimiento gastronómico, abierto al uso público y provisto de distintos elementos como mesas, sillas o similares, toldos en techo y transparentes en laterales, sombrillas o elementos de climatización», indica la norma.
Además, destaca que el permiso que se otorgue será de naturaleza precaria y revocable «sin generar derecho a indemnización». Entre los requisitos, no deben contar con anclaje al suelo, no deben obstruir la visibilidad de la señalética, sumideros, subestaciones de la EPE ni afectar paradas de transporte.
«Cada una no podrá tener más de 2 metros de ancho y está prohibida la instalación de mostradores, exhibidores, depósito de mobiliario o mercadería. Allí, se podrán colocar mesas y sillas fijas. Y cada una deberá pagar un arancel a determinar por la Secretaría de Hacienda. A su vez deberán contar con autorizaciones expresas de los frentistas», remarca la reglamentación.
Y cuando se analizan las condiciones técnicas, se desprende que cada una de ellas tendrá como «requisito indispensable» la presencia de vegetación en el diseño, barandas de protección, toldos en techo y laterales que no obstruyan la circulación vehicular.
Y, además, cada isla deberá destinar un espacio no menor a 4 plazas para estacionamiento público de bicicletas. Y también se hace hincapié en promover estructuras desmontables que permitan liberar el espacio para obras de infraestructura, de ser necesarias. Luego, para explicar los motivos de posibles rechazos al pedido de habilitación, figuran calles donde haya carriles exclusivos, paradas del transporte urbano de pasajeros, rampas para discapacitados, y estar a menos de un metro de una cochera particular, calles con un ancho inferior a 7 metros entre otros elementos que impidan la instalación.
En el caso de que los actuales ocupantes de las islas con habilitación previa a este decreto, tendrán 6 meses para adecuarse.
A favor y en contra de las islas callejeras
Reglamentada la ordenanza comenzaron las voces parlamentarias a favor y en contra. Carlos Cardozo, edil macrista aliado al oficialismo, consideró que la gastronomía que ha sufrido muchos altibajos sobre todo durante la pandemia, «tuvo que bajar sus persianas, de modo que no podemos introducir inseguridad jurídica y plantear en esta coyuntura una prohibición», dijo, aunque también respaldó el decreto que las habilitó en pandemia. «Se les dio una salida a los locales para que pudiesen reabrir y sostener los puestos de trabajo y finalmente el Ejecutivo decide reglamentar generando un sistema donde quizás algunas tendrán que desmontarse, otras correrse y sé siempre toda norma es perfectible. Estamos abiertos a las opiniones, pero no a prohibir».
Desde el sector que apoya a la Intendencia se insistió en apuntalar a una actividad que es «clave para recuperar el tema turístico, porque no existe ninguna ciudad que se precie de receptiva si no tiene una oferta gastronómica y de nocturnidad atractiva. Cada local gastronómico tiene decenas de proveedores y desde el Estado hay que apalancar inversiones y no ponerlas en riesgo o duda».
En la vereda de enfrente, la concejala Fernanda Gigliani, Iniciativa Popular, de fue de plano a lo que expresa la ordenanza y lo que objeta en las islas existentes. «Aprovecharon la recomendación sanitaria de socializar al aire libre y otorgaron un montón de autorizaciones que en casi nada respetan la ordenanza. Pospandemia siguieron usando ese decreto para seguir habilitando», señaló la concejala justicialista en relación al decreto del 2020.
Gigliani indicó que este nuevo decreto establece que estas islas no pueden habilitarse donde hay paradas de colectivos. «Pero el propio Ejecutivo se encargó de retirarlas de algunos lugares en Pichincha. Se establecía que no debían estar frente a sanatorios, pero el decreto no dice nada. Y, en cuanto al canon, nadie supo decir cuánto pagan los bares y ahora les dan 6 meses para que se adapten a la nueva reglamentación, pero el nuevo canon lo determinará Hacienda. La ordenanza de Rosúa decía que debían ser de uso público. Si alguien quiere sentarse en una isla a leer un libro sin consumir, no puede», advirtió.
Por otro lado, la edila apuntó contra los locales que usufructúan de esas islas. «Son la extensión de lo gastronómico con la única finalidad de la facturación. Es una tomada de pelo. Ahora dicen que van a pagar un canon, pero no se establecen montos. A su vez, se hacía referencia a lo estético, como el diseño, la vegetación, pero hoy cualquiera hace lo que quiere; hay vallas, hierro, madera, resulta una anarquía absoluta», remató.
