Los pueblos de Santa Fe y el uso de los agrotóxicos
Avalados por varios médicos e investigadores, desde la multisectorial "Paren de Fumigarnos" incentivan una ley para hacerle frente a los agrotóxicos
Avalados por varios médicos e investigadores, desde la multisectorial «Paren de Fumigarnos» incentivan una ley para hacerle frente a los agrotóxicos
Las consecuencias de los agrotóxicos para la salud humana son contundentes y gravísimas, pero todavía no hay ley provincial acorde que pueda frenar las fumigaciones en la provincia de Santa Fe. Carlos Manessi, titular del Centro de Protección a la Naturaleza (Cepronat) e integrante de la multisectorial «Paren de Fumigarnos», hace 15 años se encarga de visibilizar y tratar de ponerle un freno al modelo actual de la agricultura.
«Ya no hace falta ratificar nuevamente más que son productos que impactan muy fuerte en la salud de las personas y del ambiente, son tóxicos. Los médicos de la UNR consideran que los agroquímicos son tóxicos del agro, por eso agrotóxicos. Igual es discutible porque los ingenieros hablamos de agroquímicos y los gobiernos de fitosanitarios y esto no puede ser porque es una palabra más relacionada al bien de la salud. Y el agrotóxico es un veneno que se usa en la agricultura para controlar malas hierbas o insectos que producen daños a los cultivos», explicó.
Hace ya 15 años se lleva adelante la campaña «Paren de Fumigarnos». En este tiempo se encargaron de visibilizar lo que sucede en los pueblos fumigados de la provincia de Santa Fe, de contar los daños a la salud que sufren sus habitantes por la utilización de estas sustancias. «Estamos preocupados por el altísimo índice de cáncer que hay, entre otras enfermedades. Hay estudios de la UNR que nos dicen que las personas de 15 a 45 años que viven en los pueblos fumigados tienen hasta tres veces más de posibilidades de enfermarse de cáncer que los que vivimos en los centros de las ciudades. Incluso se habla de una pandemia de cáncer en el interior, que si bien está bastante invisibilizado por parte de los medios y el Estado es una realidad. Los vecinos del interior ven lo que sucede alrededor, no hay familia que no tenga un enfermo, un conocido que haya fallecido o que tenga problemas», reveló Manessi.
«La utilización de más de 600 millones de litros por año de agrotóxicos en la agricultura indefectiblemente tiene que producir impacto en la salud de las personas. Es imposible que no suceda. Hay una negación y ocultamiento de toda esta información», sostuvo.
Para hacerle frente a esta realidad desde la multisectorial insisten en un cambio de leyes. «Si están fumigando al lado de la casa de los vecinos en el interior es porque la ley lo permite. La Constitución de 1994 dejó en claro en las provincias todas estas cuestiones, entonces a nivel provincial se define y a nivel nacional se deciden los presupuestos mínimos con las leyes, después la provincia opta si se adhiere o no», indicó el titular de Cepronat.
«Desde la multisectorial hace 10 años que venimos presentando un proyecto para modificar la vieja ley de fitosanitarios en la provincia de Santa Fe. Hay que tener en cuenta que es de 1995 y en ese entonces todavía no existía la soja, esta fue promovida por el gobierno nacional a partir de 1996. Entonces, la ley no contempla todos esos problemas que nos trajo el monocultivo de la soja, por eso hay que cambiarla», expresó.
En estos 10 años de lucha, solo en el 2019 lograron una media sanción del proyecto en la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe, pero no obtuvieron su aprobación en Senadores. El proyecto se volvió a presentar, se encuentra en la Comisión de Medio Ambiente de Diputados desde hace un año y medio, donde «nada han hecho para avanzar con la discusión, está durmiendo en el cajón de la comisión»
Uno de los mayores puntos de discusión de esta iniciativa es la distancia que tiene que haber entre los lugares donde se utilizan los agrotóxicos y la gente. «Como multisectorial estamos pidiendo que se prohíban las fumigaciones aéreas en toda la provincia porque consideramos que esta es imposible de controlar, no se puede controlar un avión que pasa a 300, 400 km de velocidad y a cuatro o cinco metros de altura tirando veneno. El que dice que lo puede controlar es una mentira grande como una casa, además que estas se están prohibiendo a nivel global. Y con respecto a las fumigaciones terrestres, estamos planteando que se retiren a 1.000 metros de donde vive la gente. Les pasan con veneno frente a la casa de los vecinos, a 20 metros, del otro lado de la calle», indicó.
Sobre estos 1.000 metros de distancia se logró un fallo importantísimo: «Hay una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Santa Fe avalando un fallo de una Cámara de Rafaela donde le da la razón por este kilómetro. Un vecino de Zenón Pereyra presentó un amparo, lo ganó, pero fue apelado por el municipio y la provincia. La Cámara les dio razón a los vecinos, volvieron a apelar, el caso fue a la Corte Suprema, quienes avalaron a la cámara. O sea que este tercer poder político provincial avala como mínimo 1.000 metros de distancia entre las fumigaciones y la gente».
Y agregó: «(La Corte Suprema de Justicia de la provincia) les dijo a los diputados que esa cuestión que estaban tratando no es de ellos, sino de la Legislatura, que ellos no están haciendo las cosas como tienen que hacerlas. Les indican que ellos deben legislar con respecto a este tema, no los jueces».
«Es urgente hacer un cambio, tenemos que comenzar a cambiar la agricultura en Argentina. Se nos están agotando las tierras porque el modelo del monocultivo de soja las agota. Sino utilizan fósforos, nitrógeno o algunos de los minerales que están faltando, el cultivo no avanza. No podés sembrar durante 15 años soja sobre soja, realmente hicieron pelota la tierra. Y tengamos en cuenta que nuestras tierras de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires eran de las más ricas en el mundo. Creo que la misma realidad va ir haciendo que haya cambios hacia otra forma de producir, no podemos seguir produciendo en base a químicos, envenenando a la gente. Es una locura lo que están haciendo. El Estado no puede seguir avalando esta manera de producir, son responsables del desastre económico, ambiental y sanitario que se está produciendo», reflexionó.
Para finalizar, resaltó: «Toda la estructura del Estado a partir de 1996, entre ellos el Inta, las universidades y los ministerios de producción, estuvieron trabajando en función de promover el modelo de la soja. Si todo ese esfuerzo se pondría en comenzar a pensar en nuevas formas de producción agraria; libre de veneno, sana para la gente y con mayor valor para las exportaciones porque las producciones agroecológicas que se exportan valen mucho más que la común; no sabés cómo nos cambiaría la vida».
