Más de la mitad de los rionegrinos que alquilan deben entre 50 mil y 250 mil pesos
La Unión de Inquilinos de Río Negro realiza de manera mensual una encuesta y los últimos resultados fueron contundentes, el 53% de la gente que alquila tiene acumulada una deuda que va de los 50 a los 250 mil pesos.
La Unión de Inquilinos de Río Negro realiza de manera mensual una encuesta y los últimos resultados fueron contundentes, el 53% de la gente que alquila tiene acumulada una deuda que va de los 50 a los 250 mil pesos.
Roberto Díaz, presidente de la Unión en diálogo con El Cordillerano, calificó el momento actual como de gran incertidumbre “no sé sabe todavía cómo se va a salir de esta profunda crisis económica que ha generado la pandemia, es entendible y lógica pero no tiene una luz al final del camino”. Agregó “no se ha marcado con claridad ninguna salida desde el gobierno nacional, provincial o municipal”.
Obviamente a medida que sigue pasando el tiempo, se acrecienta la deuda en concepto de alquiler “solo en Bariloche hay un promedio de 150 mil pesos por familia, de esa cantidad, el 80% además está acumulando las facturas de los servicios”.
Aclaró, “falta solo un mes y medio para que finalice el decreto que extiende los contratos, congela los precios e impide los desalojos con una economía que todavía no responde lo suficiente”.
Al referirse al cumplimiento de dicho decreto dijo “nos atraviesa el derecho a la vivienda entonces cuando hay que regular la relación entre dos partes debe haber cierta justicia”.
Ejemplificó “está el que tiene que cobrar y se encuentra con el que no puede pagar, las dos situaciones son lógicas pero la solución no es echar a la gente a la calle”. Es por ello que están en diálogo con el gobierno para que sea creado un fondo nacional de alquileres para generar desendeudamiento.
“Es cierto que la decisión de cerrar determinadas economías porque no se consideraban esenciales fue basada en una lógica muy porteña, porque se consideró que entraban en esa línea solo los que estaban en el tercer cordón industrial”.
En el caso de Bariloche la economía turística es esencial “acá no hay industria, entonces esas decisiones se sabía que traerían serios problemas económicos, vemos que no se estuvo a la altura de la situación”.
Díaz cree que aún se está a tiempo de apostar a políticas de desendeudamiento “solo extender ese decreto no sirve porque eso sería patear la pelota para más adelante y en realidad lo que termina haciendo es generar mayor deuda para los 9 millones de inquilinos e inquilinas”. El problema de fondo es otro “la tensión social que genera en relación a inmobiliarias y propietarios” aclaró.
Habló del porcentaje de personas que no puede directamente afrontar un alquiler actualmente, “diciembre viene siendo el peor mes del año, en octubre hubo un 40%, en noviembre fue del 44 y ahora está siendo de 62%”.
Dijo que esto tiene una explicación “han retirado la ayuda del Estado como el IFE o los ATP, en un mes donde están las fiestas y siguen aumentando los alquileres para los nuevos contratos”.
Fue muy directo, “a las inmobiliarias no les importa la pandemia y esos aumentos son como mínimo del 40 por ciento, tenemos zonas en Alto Valle y Bariloche donde llegan al 120 por ciento”. Una situación que va a contramano del momento que se vive a nivel económico. “La vivienda se considera netamente un negocio y no tiene una mirada desde el derecho constitucional”.
Habló de posibles escenarios una vez finalizado el decreto “uno de ellos es que haya un área de juicios que no creo que por la cantidad, el Estado esté en condiciones de poder absorberlos, no solo por deudas sino además por desalojos”.
El otro panorama “ahora tienen que pagar la deuda total en seis cuotas en pesos además del alquiler del mes en curso, con lo cual es imposible de cubrir, lo mismo les está sucediendo a los comercios”. De allí el pedido urgente de extensión del Decreto 766.
