México: bloquean el acceso al Congreso para impedir la votación de la reforma judicial
El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió la iniciativa que propone la elección popular de los jueces y señaló que los magistrados que se oponen a la reforma no representan al pueblo.
El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió la iniciativa que propone la elección popular de los jueces y señaló que los magistrados que se oponen a la reforma no representan al pueblo.
Cientos de trabajadores del Poder Judicial mexicano y estudiantes universitarios bloquearon este martes el acceso a la Cámara de Diputados para impedir la votación de una reforma judicial que propone la elección por voto popular de jueces y magistrados de la Suprema Corte. A causa de esto, los legisladores del oficialismo convocaron a realizar la sesión en un lugar alternativo.
Desde antes del amanecer, los manifestantes se ubicaron en los alrededores del Palacio Legislativo de San Lázaro para bloquear con varios vehículos las calles que conducen al recinto, mientras que otros colocaron cintas para impedir el paso peatonal. «¡Si el pueblo se informa, no pasa la reforma!», gritaban los trabajadores mientras bloqueaban con un cordón la entrada.
«Estamos aquí desde las cuatro de la mañana rodeando la Cámara de Diputados. Sabemos que esta fecha es fundamental (…) porque se pretende dar una aprobación apresurada, sin análisis, sin mayor diálogo a ese proyecto», declaró en una entrevista con una radio local Patricia Aguayo, líder de los trabajadores.
Además de los trabajadores judiciales que bloquearon las entradas a la sede legislativa, fue notoria la presencia de partidarios del oficialismo que portaban varios carteles contra los diputados que se han mostrado desfavorables a la reforma. Según informó la agencia de noticias AFP, hubo fricciones y empujones entre los simpatizantes y los trabajadores judiciales que protestaban.
Cambio de sede
Los bloqueos llevaron al líder de la bancada del partido oficialista Morena, Ricardo Monreal, a pedir a sus diputados que eviten llegar a la sede parlamentaria y convocó a reunirse en el recinto deportivo Magdalena Mixchuc, en el este de la capital. «Para no generar ningún enfrentamiento, confrontación o provocación hemos decidido, la mayoría legislativa, cambiar de sede (…) Hay facultades legales y constitucionales para cuando estos casos sucedan nombrar sedes alternas», indicó en un video publicado en la red social X.
Marko Cortés, presidente nacional del El Partido Acción Nacional (PAN), expresó su descontento de que la sesión se realizara en una sede alterna. El dirigente cuestionó lo consideró una falta de atención a las demandas de jóvenes universitarios y trabajadores del Poder Judicial por parte del gobierno. “Muy mal iniciada una Legislatura que tiene que huir de su sede ante la protesta social. ¿Por qué no escuchan a los jóvenes universitarios y a los trabajadores del Poder Judicial? ¿Acaso ellos no son pueblo?”, manifestó.
Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador apuntó contra los jueces que se oponen a la reforma. “No representan al pueblo, sino que son los representantes de la oligarquía, de los potentados”, apuntó el mandatario durante su conferencia de prensa matutina desde el Palacio Nacional. «Aunque no estemos de acuerdo sí entendemos que están defendiendo sus intereses», subrayó.
El detalle de la reforma
El oficialismo, que arrasó en las elecciones generales del pasado 2 de junio, suma cómodamente con sus aliados del Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) los dos tercios de los 500 escaños que se requieren para aprobar reformas constitucionales sin negociar con la oposición. La semana pasada el presidente Andrés Manuel López Obrador dio el primer paso con la reforma judicial tras ser aprobada en lo general y en lo particular en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, con 22 votos a favor y 17 en contra.
De aprobarse la reforma, los mexicanos irían a las urnas a partir de 2025 para elegir a jueces, magistrados y a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), mientras que en 2026 el país afrontará la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que pide seguridad jurídica para las inversiones.
La iniciativa busca, entre otras cosas, reducir de 11 a nueve el número de ministros de la Corte Suprema y acortar su mandato de 15 a 12 años. Además, contempla la eliminación de la pensión vitalicia para los ministros actuales y futuros de la Corte, así como un ajuste en sus remuneraciones al tope máximo establecido para el presidente de México. También se propone sustituir el Consejo de la Judicatura Federal por dos nuevas instituciones, incluyendo un Tribunal de Disciplina Judicial, y eliminar las dos salas con las que cuenta actualmente la Suprema Corte.
En medio de las discusiones sobre la reforma judicial, López Obrador anunció el martes pasado una pausa en la relación del país latinoamericano con las embajadas de Estados Unidos y Canadá debido a las advertencias de los diplomáticos sobre los riesgos que implica la reforma para elegir por voto popular a los miembros del Poder Judicial en México. “La relación continúa, pero ojalá y haya de parte de ellos una ratificación de que van a ser respetuosos de la independencia de México, de la soberanía de nuestro país, pero mientras no haya eso y sigan con esa política, hay pausa», declaró el mandatario en otra de sus conferencias matutinas.
El gobernante mexicano aclaró que la pausa es solo con los embajadores de Washington, Ken Salazar, y de Ottawa, Graeme C. Clark, pero no afectará a las relaciones con los gobiernos norteamericanos. «Pausar significa que vamos a darnos nuestro tiempo», precisó.
