México pone en pausa su relación con las embajadas de Estados Unidos y Canadá
La iniciativa para elegir por voto popular a los miembros del Poder Judicial en el país dio su primer paso el lunes, al ser aprobada en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.
La iniciativa para elegir por voto popular a los miembros del Poder Judicial en el país dio su primer paso el lunes, al ser aprobada en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.
El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, anunció este martes una pausa en su relación con las embajadas de Estados Unidos y Canadá por las advertencias de los diplomáticos sobre los riesgos de la reforma para elegir por voto popular al Poder Judicial en México.
“La relación continúa, pero ojalá y haya de parte de ellos una ratificación de que van a ser respetuosos de la independencia de México, de la soberanía de nuestro país, pero mientras no haya eso y sigan con esa política, hay pausa», declaró el mandatario en su conferencia matutina.
El gobernante mexicano aclaró que la pausa es solo con los embajadores de Washington, Ken Salazar, y de Ottawa, Graeme C. Clark, pero no afectará a las relaciones con los gobiernos norteamericanos. «Pausar significa que vamos a darnos nuestro tiempo», precisó.
La crítica de los embajadores
El jueves pasado Salazar indicó que la reforma judicial del Gobierno pone en riesgo la democracia en México y la relación comercial con Estados Unidos, además de advertir de que la elección popular de jueces facilitaría la intromisión de los carteles en la justicia. Ese mismo día, Clark informó a la agencia de noticias EFE de preocupaciones de inversionistas ante la reforma.
“¿Qué casualidad que al mismo tiempo que se pronuncian en México a través de la Embajada (de Estados Unidos), lo hacen los canadienses? Que también es de pena ajena, con todo respeto al Gobierno de Canadá, o sea, parece Estado asociado, juntos», cuestionó el mandatario.
La American Chamber of Commerce of México (Amcham) y la Cámara de Comercio del Canadá en México (CanCham) también cuestionaron la reforma judicial, señalando mediante sendos comunicados que observan un potencial retroceso en la profesionalización de la justicia especializada.
López Obrador reconoció que todos tienen su derecho a manifestarse, pero que la Constitución establece en su artículo 89 que el presidente tiene que ajustarse a los principios de no intervención. Por ello, acusó a los Gobiernos de Estados Unidos y Canadá de que ellos quisieran tener injerencia en asuntos que solo corresponden a los mexicanos. “¿Cómo le vamos a permitir al embajador (Salazar), con todo respeto, que esto no es asunto de pleito de enemistades y cómo le vamos a permitir que él opine que está mal lo que estamos haciendo? Pero no vamos a decir que abandone el país, eso no, pero sí le tenemos que leer la Constitución», argumentó.
El detalle de la iniciativa
El lunes la reforma del presidente López Obrador dio el primer paso tras ser aprobada en lo general y en lo particular por la mayoría oficialista en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, con 22 votos a favor y 17 en contra. El oficialismo prevé votar la reforma en el pleno en septiembre, cuando tendrá los dos tercios del Congreso, necesarios para modificar la Constitución, tras las elecciones del pasado 2 de junio.
De aprobarse la reforma, los mexicanos irían a las urnas a partir de 2025 para elegir a jueces, magistrados y a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), mientras que en 2026 el país afrontará la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que pide seguridad jurídica para las inversiones.
La iniciativa, propuesta por López Obrador en un paquete de reformas en febrero pasado, busca, entre otras cosas, reducir de 11 a 9 el número de ministros de la SCJN y acortar su mandato de 15 a 12 años. Además, contempla la eliminación de la pensión vitalicia para los ministros actuales y futuros de la Corte, así como un ajuste en sus remuneraciones al tope máximo establecido para el presidente de México. También se propone sustituir el Consejo de la Judicatura Federal por dos nuevas instituciones, incluyendo un Tribunal de Disciplina Judicial, y eliminar las dos salas con las que cuenta actualmente la Suprema Corte.
La respuesta de Sheinbaum
Horas antes de la votación del lunes, la relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la independencia de jueces y abogados, Margaret Satterthwhaite, dijo que la reforma podría socavar la independencia de la judicatura. «Insto a las autoridades a reconsiderar detenidamente la propuesta, dando el peso adecuado a la garantía de derechos humanos de la independencia judicial», enfatizó.
La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, le respondió a la relatora especial de la ONU: «Queremos fortalecer al Poder Judicial, es falso quien dice que queremos minimizarlo. ¿Qué más fuerte puede ser un Poder Judicial que si los jueces, ministros (de la Suprema Corte) y magistrados son electos por el pueblo?».
La próxima mandataria también cuestionó que durante este último sexenio (2018-2024) el Poder Judicial tumbase reformas legales hechas por el oficialismo en el Poder Legislativo, como la reforma eléctrica o la inclusión de la Guardia Nacional como parte de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena).
«Hay esta idea de que con la reforma judicial se pierde la independencia y la autonomía del Poder Judicial, es al revés» contestó Sheinbaum, quien hizo referencia a cómo los presidentes previos a Andrés Manuel López Obrador realizaban injerencias ante la Suprema Corte. «Parece que se les olvidó el periodo neoliberal donde la Corte era un apéndice del Ejecutivo», añadió.
