Moratoria: municipios y comunas santafesinas, los más favorecidos hasta ahora
Durante la primera etapa del plan de regularización impositiva, antes de que se estableciese la prórroga, la provincia recaudó 800 millones de pesos. De ese total, 550 millones ingresaron a las arcas de pueblos y ciudades.
Durante la primera etapa del plan de regularización impositiva, antes de que se estableciese la prórroga, la provincia recaudó 800 millones de pesos. De ese total, 550 millones ingresaron a las arcas de pueblos y ciudades. Patente e Inmobiliario, los tributos más elegidos para estar al día.
La provincia logró recaudar con la primera etapa de la moratoria impositiva alrededor de 800 millones de pesos. El resultado es positivo a juzgar por la receptividad de los contribuyentes que decidieron suscribir planes para regularizar sus deudas impositivas. Sin embargo, no satisface las expectativas en términos de lo que el gobierno esperaba recaudar para sus propias arcas. Sucede que los tributos que más escogieron los santafesinos para poner al día fueron aquellos que, en rigor, le generan un mayor flujo de dinero a los municipios y comunas. Esto es así porque los dos impuestos que mayor cantidad de convenios generaron en el marco de la moratoria fueron Inmobiliario y Patentes: el primero se coparticipa a municipios y comunas en un 60 por ciento; el segundo, en un ciento por ciento. El plan de regularización contemplaba todos los impuestos de emisión provincial, pero fueron esos dos los que mayor interés generaron.
En cambio, tuvo poca receptividad la regularización de Ingresos Brutos, el impuesto que sí hubiera redundado en un mayor beneficio para la caja provincial. Por ese concepto, se recaudaron aproximadamente unos 200 millones de pesos.
Altas y bajas
Según pudo saber El Litoral, de los 800 millones de pesos generados en el primer tramo de vigencia de la moratoria -antes de que se prorrogase por un mes más, hasta el 3 de junio-, más de 500 millones ingresaron a municipios y comunas.
Respecto de la mala performance de Ingresos Brutos, fuentes del Ministerio de Economía consultadas por este diario plantearon que el plan de regularización había comenzado con buenas expectativas, pero fue determinante la irrupción de la pandemia que terminó por paralizar la actividad económica. Desde entonces, fue escaso el interés demostrado por los contribuyentes para regularizar sus deudas por ese tributo.
Auxilio
Los datos resultantes de la primera etapa de la moratoria fueron expuestos por la Casa Gris en la reunión que este martes mantuvieron las autoridades de la Unión Cívica Radical con el gobernador Omar Perotti (ver pág. 7). También en ese contexto, a raíz de un planteo de los dirigentes por conocer la asistencia que se está brindando a municipios y comunas, el mandatario y ministros se comprometieron a comenzar a liberar -básicamente para el pago de los próximos aguinaldos- los recursos correspondientes al Fondo de Obras Menores pero que por ley, fueron autorizados a ser empleados para cubrir gastos corrientes. Ese dinero tiene que ser girado por la provincia; se deben enviar los fondos correspondientes a los ejercicios 2018 y 2019.
Proveedores: propuesta de pago
La provincia avanza en la confección del plan de pago que ofrecerá a sus proveedores, probablemente, la próxima semana. La propuesta se enmarca en el proceso de consolidación de deuda que estableció el Poder Ejecutivo en febrero mediante decreto Nro. 135.
Según pudo saber El Litoral, se ofrecerá una pequeña porción -10% aproximadamente- de pago en efectivo, cheques para la cancelación de otro 20% -ello representaría unos 1500 millones de pesos-, y el resto se abonaría con bonos -alrededor de 4500 millones-. El pago sería de modo escalonado, y en un plazo estimado de tres años.
El decreto que establecía el proceso de consolidación planteaba la cesación de pagos a proveedores de servicios y contratistas de obra pública, y ordenaba un relevamiento para verificar y redefinir montos de deudas y eventuales planes de pago. Debían registrarse aquellas obligaciones surgidas hasta el 31 de diciembre del 2019. El plazo original vencía el 31 de marzo, y se prorrogó hasta el último 10 de abril.
Se inscribieron alrededor de 150 empresas -en su mayoría, contratistas de obra pública-. El monto total a saldar sería del orden de los 6500 millones de pesos.
