Movimientos sociales: cómo impacta la crisis nacional en Mendoza
Afirman que, por la recesión, cada vez cierran más comedores y merenderos en la provincia. La polémica por Pettovello y el avance de la droga en las barriadas.
Afirman que, por la recesión, cada vez cierran más comedores y merenderos en la provincia. La polémica por Pettovello y el avance de la droga en las barriadas.
El escándalo por las toneladas de alimentos que el Ministerio de Capital Humano de la Nación mantuvo alojados en dos establecimientos y no entregó, colocó a Sandra Pettovello en el ojo de la tormenta, pero también puso la lupa sobre la función y el trabajo que desarrollan los movimientos sociales en la República Argentina. Claramente, Mendoza no está exenta de esa realidad. Mientras la recesión nacional impacta cada vez más en los sectores vulnerables y erosiona el poder adquisitivo de la clase media, los referentes locales admiten que la situación provincial es dramática y continuará siéndolo si el Gobierno no focaliza sus esfuerzos en las barriadas locales.
Suele manifestarse que los movimientos sociales son un producto de la crisis económico-social que estalló en la Argentina durante el año 2001. Esa aseveración no es 100% correcta, aunque difícilmente pueda negarse la significancia que ese hecho histórico tuvo respecto a la consolidación de este tipo de estructuras. En pocas palabras, fue un antes y un después. Si el gobierno de la Alianza fue el desenlace, el segundo mandato presidencial de Carlos Menem funcionó como un caldo de cultivo para el origen de lo que en aquel momento fueron las organizaciones piqueteras.
El experimento neoliberal que tuvo como protagonistas a Menem, Cavallo y De la Rúa, terminó con el recordado corralito, el histórico anuncio del default nacional, cinco presidentes en una semana y 39 muertos en las calles. En ese contexto, los movimientos sociales comenzaron a organizarse para garantizar el acceso de la población más vulnerable a la seguridad alimentaria. La situación era tan caótica, que no había margen para trabajar respecto al mejoramiento de otras áreas vitales como la educación, salud, integración socio-urbana, agricultura, construcción y reciclado, entre otras funciones. Eso comenzó a ocurrir posteriormente.
Según explica el referente del Movimiento Popular Nuestramérica y de UTEP Mendoza, Gastón Donato, los movimientos sociales en la provincia siguieron la línea de construcción nacional que nació en los 90. “Nos reconocimos como organizaciones políticas que no sólo resistían desde la protesta y el hacer donde el Estado estaba ausente, sino que comenzamos a disputar por ocupar el mismo, y con esto el sentido y orientación de sus políticas y en definitiva un programa de gobierno popular”, explica a MDZ. Solo por mencionar las de mayor peso territorial, hoy conviven en Mendoza el Movimiento Evita; la Corriente Clasista Combativa, la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra; la Asociación de Pequeños Productores; MTE; OLP; La Poderosa; la Darío Santillán; Pueblo Unido; Somos Barrios de Pie; Octubres y la mencionada Nuestramérica. Por su parte, la UTEP es la encargada de nuclear a éstas organizaciones.
Qué hacen en la provincia y cómo analizan la actualidad
“El trabajo de las organizaciones se fue complejizando en el tiempo, se desplegó lo profundo de los territorios llegando a todos los departamentos de la provincia, con grandes virtudes como la organización de una amplia red de unidades de trabajo cooperativo socio-comunitario y socio- productivo de todo tipo, afianzada en torno al salario social complementario, las tareas esenciales que desempeñamos en seguridad alimentaria y cuidados durante la pandemia del Covid como así también las políticas y obras de integración socio-urbana que alcanzamos a llevar adelante en los últimos años. Además de otras como las de género, consumos problemáticos y el acceso a derechos que fueron determinantes y marcaron camino al Estado; por otra parte, se avanzó en la organización rural familiar, campesina e indígena y la producción de alimentos”, afirma Donato.
Y agrega: “En la provincia hemos logrado un enorme poder de movilización que aprendimos a traducir en negociaciones con el gobierno provincial por los derechos y recursos que eran más urgentes al sector popular. Pero también hemos desarrollado propuestas de programas y de proyectos de leyes locales para el fortalecimiento de la economía popular, el acceso a la vivienda, la creación de fuentes de trabajo e ingresos, la erradicación de la violencia de género y la gestión de políticas de acceso a servicios entre otras”.
Según la mirada de los movimientos sociales con presencia en Mendoza, el arribo de Javier Milei a la presidencia de la Nación significó un impacto negativo para los sectores más vulnerables. “Tiene dentro de sus objetivos políticos la pretensión de desarticular a la organización popular en todos sus sentidos y niveles. Todo el trabajo de organización comunitaria y socio productiva alcanzado, el desconocimiento y desfinanciamiento de políticas y programas fundamentales para nuestro sector que fundamentalmente eran políticas de reconocimiento al trabajo informal y que buscaban salir del asistencialismo a la vez de ir construyendo mayores condiciones de dignidad para nuestro pueblo. Se han cortado violentamente la entrega de alimentos para la red de merenderos-comedores comunitarios, se ha intervenido y paralizado el desarrollo del programa de reconocimiento y fortalecimiento a la economía popular que tenía su fuerte en el acceso al salario social complementario y otros recursos para las unidades de trabajo (Potenciar Trabajo) corriendo a las organizaciones de la gestión articulada con el Estado con la intención de hacerlo desaparecer en el lapso de dos años”, explica Donato. Con el recorte de programas o la suspensión de los mismos, alcanza para hacer una lista aún más extensa a la que relata el referente social. MDZ informó hace tiempo que en Mendoza, el Programa Hogar continúa suspendido y las becas Progresar no se actualizan desde 2023, solo por citar dos ejemplos.
Cuando el escándalo protagonizado por Capital Humano explotó por los aires, la provincia ocupó un lugar de relevancia por dos motivos: la indignación por la noticia sobre la venta de alimentos destinados a merenderos que algunos vivos aprovecharon en un contexto de desconcierto total y el rol de la fundación Conin en el reparto de los recursos. En este sentido, Donato afirma que la intención del Ejecutivo nacional es “desaparecer el Estado que trabaja para el bienestar general de la población y establecer un Estado mínimo con funciones policiales que trabaje exclusivamente para el sector más pequeño y poderoso que concentra el manejo de la economía del conjunto de la sociedad. Conin desconoció desde el vamos la red de aproximadamente 500 merenderos-comedores que organizamos desde la UTEP en la provincia. Nos tuvimos que movilizar a sus sedes para abrir un canal de diálogo gestión por el acceso de nuestros espacios a la leche que les iba a llegar y distribuir. Y no cumplieron con su palabra de avisar en tiempo y forma para poder entregar la documentación que solicitaban. Comenzaron la distribución de la leche de manera apresurada y dieron mucha cantidad a pocos espacios generando que algunas personas a las que les llegaba gran cantidad vendieran una parte y que muchos merenderos- comedores se quedaran sin una caja de leche”.
No es ninguna novedad que los movimientos sociales han estado durante los últimos años en el ojo de la tormenta. Y como ocurre en otros sectores como los de la salud, la educación, la fuerza policial, el periodismo, el financiero o el deportivo, la mayoría de las personas realizan su trabajo honestamente y, frecuentemente, otros utilizan ciertas vulnerabilidades para hacer negocios. Esas situaciones han sido utilizadas para provocar una mirada generalizada sobre el rol de este tipo de estructuras en la sociedad. “Lo que vieron como primera trinchera o última del campo popular para resistir esta política de entrega y hambre somos nosotros; por eso semejante saña, ya que la dimensión de los recursos económicos directos que se discuten no son definitorios para la economía general del país; en cambio sí lo son los sentidos de lo que discutimos. Para que no explote el país desde sus bases tendrá que recurrir a políticas que mitiguen el daño que ya está haciendo y que seguramente se profundizará en el tiempo que viene. La droga y la virulencia con la que las prácticas narco y de consumo vienen escalando en las barriadas es un claro indicador de que de no tener políticas integrales y recursos a medida para abordar de manera estructural las problemáticas de la pobreza estructural no habrá medidas mitigadoras que tarde o temprano vayan a contener el desmadre socio-económico que esta cuarta ola neoliberal va a producir”, cierra el referente de UTEP.
