Para «erradicar» un asentamiento, el intendente de San Isidro ofrece subsidio a los que se vayan a otros municipios
El intendente de San Isidro, Gustavo Posse, envió al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para «erradicar» un asentamiento en el barrio Uspallata. La idea del municipio es comprar luego las tierras, valuadas en más de 14 millones de pesos y venderlas para, con ese dinero, ofrecer subsidios, pero con la condición de que los habitantes se radiquen «en otros municipios o provincias»
Fuerte revuelo se generó en San Isidro después de conocerse el proyecto de ordenanza que envió el intendente Gustavo Posse al Concejo para “erradicar” un asentamiento en el barrio Uspallata. Según el texto del Ejecutivo, se abonará un subsidio de 350 mil pesos a los vecinos como solución habitacional, con la condición de que se radiquen en otros municipios o provincias.
El terreno, tasado por Arnaus Propiedades en junio de 2013 valía 12 millones de pesos y, a pedido del propio intendente Gustavo Posse, volvió a ser tasado en junio de 2014 y su valor había aumentado hasta llegar a los 14 millones 800 mil pesos. La idea del ejecutivo que comanda Posse es “erradicar” el asentamiento para luego comprar los terrenos y proceder a una nueva venta con la que prevee financiar los subsidios.
Además, en agosto de 2013, el Municipio realizó un relevamiento del barrio, para evaluar las familias asentadas y recabar real ocupación. El documento de habilitación firmado por la trabajadora social Cristina Baldassi, dice que “no se solicitaba el estudio especifico de variables económicas o de salud”. En ese relevo, el informe dice que las familias están disupuestas a abandonar el lugar pero la realidad parece diferir bastante.
En el proyecto de resolución que llegó al Concejo Deliberante en el que el possismo tiene amplia mayoría, se establece como fundamento que “el terreno está ubicado en terrenos de propiedad privada, pero por su superficie no resulta posible la construcción de viviendas con dimensiones mínimas necesarias en el mismo lugar”, y asu vez “expresa una preocupación por la población de bajos recursos en la problemática de viviendas”. Además, indica: “En virtud de ello, resulta necesario establecer un mecanismo por el cual se pueda proceder a la erradicación de aquel y el traslado de los pobladores”. Habla incluso de “establecer un plan de erradicación”.
En ese sentido, entre los artículos de la ordenanza ingresada con el expediente 8010/2014, expresa en el quinto apartado que se ejecutará un otorgamiento de subsidio “de un monto que no supere la suma de 350 mil pesos por vivienda para la compra o construcción de la solución habitacional elegida por cada familia, en otros municipios o provincias”.
En respuesta a este polémico punto, el Defensor del Pueblo de la Provincia, Carlos Bonicatto, emitió un comunicado al departamento ejecutivo local, expresando su preocupación por el texto de la ordenanza “resultando a criterio del organismo, discriminatorio en varios aspectos”.
“Ante la situación planteada el organismo realizó una visita al asentamiento y tomó conocimiento de serias vulneraciones a los derechos humanos, como no haber sido atendidos en el Hospital de San Isidro por no tener la tarjeta de ciudadano o porque el domicilio que figura en el DNI no existe”, indica el documento que mandó la oficina de Bonicatto.
Además, la Defensoría del Pueblo realizó un censo junto a la Subsecretaría Social de Tierras Urbanismo y Vivienda, y arrojó un resultado de que todas menos una, las familias tienen voluntad de permanecer en el barrio.
“En este sentido, y atento la función del Defensor del Pueblo, resulta importante propugnar que se respete bajo todas las circunstancias la autonomía individual, consagrada por el principio establecido en el artículo 19 de la Constitución Nacional, que implica la posibilidad de cada individuo de elegir y materializar su propio plan de vida”, sostiene el documento.
A su vez, el Subsecretario de Modernización del Estado Provincial, Santiago Cafiero, también se sumó a las críticas, y manifestó que “es una locura el plan de realojamiento, en tal sentido trabajamos junto a los vecinos y el al concejal Fabián Brest quien el miércoles pasado presentó un Pedido de Informes para qué Posse de una explicación de estos potenciales hechos, prácticas, conductas y decisiones normativas que estarían vulnerando sus derechos a través de acciones carentes de consensos, de absoluta exclusión y discriminación social”.
Adjunto a la nota, el expediente que actualmente está en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, y el pedido de informes de la Defensoría del Pueblo hacia el Ejecutivo de San Isidro.
