Patagonia: Devorados por el fuego
La situación "es desastrosa, casi un ecocidio", describió el coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace Argentina, Hernán Giardini. "Puede llegar a ser uno de los peores incendios desde la década de los 90, por la pérdida de biodiversidad y el daño material para muchísimas familias de la Comarca", agregó.
Los incendios ya consumieron 37 mil hectáreas de bosque solo en las provincias del sur del país, donde hay más de 700 familias evacuadas. Los ministros intentaron mostrarse activos frente a las críticas por el ajuste en los organismos clave para afrontar la emergencia. Los brigadistas que están en la primera línea tienen contrato solo hasta abril. Hubo además detenciones arbitrarias en El Bolsón y Bariloche, que coincidieron con la injerencia de Patricia Bullrich en la crisis.
Ayudado por el viento, pero también por el plan motosierra y el clima de persecución política instalado, el fuego en la Patagonia sigue avanzando. La mayoría de los brigadistas que están en la primera línea de combate no saben si seguirán teniendo trabajo a partir de abril: la administración Milei decidió renovarles sus contratos solo por tres meses. Otros 30 ya fueron despedidos por la administración de Parques Nacionales a principios de enero, cuando las llamas ya asediaban a los bosques del Nahuel Huapi. Al desguace del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SFMF) en lo que va de la gestión libertaria –se ejecutó poco más del 20 por ciento de lo presupuestado para 2024– se le sumó además su traspaso a la órbita del Ministerio de Seguridad. La injerencia de Patricia Bullrich en la gestión de la crisis coincidió –casualidad o no– con la detención arbitraria de una docena de vecinos que se sumaron como voluntarios y fueron acusados sin pruebas de haber iniciado dos de los focos, en Mallin Ahogado y Bariloche. Al combo se le sumó el intendente de El Bolsón, Bruno Pogliano, quien aprovechó el desastre para pedirle a la ministra que el Ejército desembarque en la Comarca Andina y realice tareas de «seguridad interior». Mientras tanto, los incendios ya se tragaron unas 37 mil hectáreas –casi dos ciudades de Buenos Aires enteras–, destruyeron las viviendas de por lo menos 200 familias y forzaron la evacuación total o parcial de otras 700. También provocaron la muerte de Ángel Reyes, un poblador de la zona de 83 años.
La situación «es desastrosa, casi un ecocidio», describió en diálogo con Página/12 el coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace Argentina, Hernán Giardini. «Puede llegar a ser uno de los peores incendios desde la década de los 90, por la pérdida de biodiversidad y el daño material para muchísimas familias de la Comarca», agregó.
De acuerdo al relevamiento de Greenpeace, al menos hasta el domingo las llamas habían arrasado con 15.200 hectáreas del Parque Nacional Lanín, otras 10.275 en Parque Nacional Nahuel Huapi y 450 más en la localidad de Caviahue, de la provincia de Neuquén; con unas 3.392 hectáreas en El Bolsón, Río Negro; y con 3.530 en Epuyén, 4.496 en Atilio Viglione y 55 en El Pedregoso, en Chubut.
Para el especialista, el alivio recién se sentirá dentro de varios meses, cuando llegue la temporada de lluvias: la sequía, el calor y viento seguirán, producto del fenómeno climático conocido como La Niña. «Se sabía de antemano que iba a ser un verano complicado. El Gobierno actuó con una gran irresponsabilidad. Así como hay una enorme subestimación del cambio climático, también lo hay de este tipo de fenómenos. Por lo tanto, no hubo preparación. Y en medio de la crisis, lo único que generaron fue más ajuste e incluso miedo entre los habitantes de la zona, por las detenciones que se produjeron», aseguró Giardini.
Sin fondos
Con el fuego desatado, el Gobierno intentó a mostrarse «en acción», con una campaña conjunta que lanzaron este domingo el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Defensa, Luis Petri, en la que aseguran que la Rosada envió refuerzos a las zonas en emergencia, además de trasnferencias por 7 mil millones de pesos en concepto de Adelanto del Tesoro Nacional (ATN) a las provincias de Chubut y Río Negro «para la reconstrucción de viviendas».
Pero la ayuda llega tarde. No sólo hubo falta de prevención, sino un ajuste presupuestario en las herramientas que disponen Nación y las Provincias (con fondos de la Rosada) para enfrentar el desastre: el Gobierno ejecutó apenas un 22 por ciento de los fondos del SNMF durante todo el 2024, según el último informe de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
«A inicios de 2024, el monto inicial que contemplaba el presupuesto nacional para el SNMF tan solo era de $12.101 millones. Tras la repercusión mediática de los incendios producidos en Córdoba (entre septiembre y octubre del año pasado), se realizó una ampliación presupuestaria que elevó el presupuesto del SNMF a $33.343 millones. Sin embargo, sólo se ejecutó el 22% de este total, equivalente a $7.739 millones, una cifra menor al presupuesto inicial establecido previo a la ampliación», concluye el informe.
Otros estudios, como el de Centro de Estudios para la Economía Política (CEPA) dan cuenta de que el ajuste es todavía más profundo: los fondos inicialmente destinados para el área sufrieron un recorte de más del 70 por ciento en términos reales si se los compara con el 2023, antes que Milei asumiera.
Despidos y precarización
“Se deja la vida en los incendios, pero se ve que para el Gobierno eso no alcanza ni siquiera para brindar estabilidad laboral”, explicó a Página/12 Alejo Fardjoume, coordinador de ATE en Parques Nacionales. Se refiere a la decisión del actual director del organismo, Cristian Larsen, de renovar los contratos de sus trabajadores por sólo tres meses a partir de este año. El combo se completa con unos 30 brigadistas despedidos en enero, en la antesala del desastre, que se sumaron a otros cien decretados durante el año pasado, en su mayoría de cuadros técnicos y personal administrativo (ver página 2).
Desde octubre de 2024, a partir de la partiria, el sueldo básico del brigadista es de poco más de 600 mil pesos (llega a casi un millón en las provincias patagónicas). «Es menos de lo que se gana en un puesto de turismo en la temporada, lo que obliga a muchos a tener otro laburo o una changa para llegar a fin de mes», contó a este diario Andrea Torres, comunicadora social y brigadista de El Chaltén que trabajó en el Parque Nacional durante 13 años, hasta que recibió un llamado con la noticia de su despido. «En esas condiciones, aunque resulte increíble, combativos el fuego, hacemos de guía por los senderos y realizamos las campañas de prevención», describió.
El último proceso de lucha de los brigadistas había sido contra la precarización y por el reconocimiento de su profesionalización: al ser una tarea muy ardua, requiere de un gran entrenamiento y capacitación previa. El logro, parcial, había sido en 2023: al menos se les otorgó contratos anuales con el Estado. Ahora, desde la nueva gestión libertaria, volvieron a los contratos trimestrales. Por eso, muchos de los que hoy combaten el fuego corren riesgo de quedarse en la calle a partir de abril.
Si bien los últimos 30 brigadistas despedidos en enero cumplían tareas en el norte del país, el sistema funciona a nivel federal y es solidario: se hacen traslados de provincia a provincia para intentar afrontar las distintas emergencias. Es un sistema de manta corta: en la Patagonia se está viendo como muchos bomberos son enviados hacia la zona de El Bolsón desde el Nahuel Huapi, que también se está incendiando. Las autoridades locales, en muchos casos, tienen que elegir qué incendio priorizan.
Esa situación habla a las claras sobre la falta de personal. De acuerdo a un informe interno de la Administración de Parques a la que accedió Página/12, la dotación total de hasta el año pasado era de 429 brigadistas para más de cinco millones hectáreas a cubrir, repartidas en 55 áreas protegidas. Un promedio de un solo brigadista por cada 12.436 hectáreas. Ese mismo informe sostiene que se necesitan para combatir el fuego, como mínimo, unos 750.
Detenciones arbitrarias
El intendente de El Bolsón, Bruno Pogliano –históricamente vinculado a los negocios inmobiliarios en la zona– reconoció que “el caos el total”, pero no se privó de redoblar la apuesta: pidió, en ese contexto, la militarización lisa y llana de la ciudad. “La presencia del Ejército en el territorio haciendo control y seguridad interior es una decisión que debe tomar por estos días la ministra Patricia Bullrich”, dijo. El pedido no tuvo eco: fuentes provinciales confirmaron a este diario que de ninguna manera habrá ese tipo de intervenciones en Río Negro.
Fue horas después de una movilización frente a la Comisaría 12 de esa ciudad, en la que se reclamó la liberación de seis voluntarios (cinco mujeres y un varón) acusados falsamente de haber iniciado uno de los focos, en Mallin Ahogado. Como la acusación andaba floja de papeles, los liberaron a las pocas horas, no sin antes haber generado un clima hostil en la Comarca: ese día vio a una patota parapolicial montada caballo –similar a la guardia privada del inglés Joe Lewis– amedrentando a los vecinos.
Una situación similar se vivió en Bariloche, con otros seis detenidos este fin de semana, por acusaciones falsas. Los familiares de los detenidos denunciaron que las autoridades locales «desplegaron un operativo policial de gran magnitud» con allanamientos incluidos.
