Pergamino: la Municipalidad dejó de entregar agua potable a los barrios fumigados
A pesar de una orden judicial vigente desde abril de 2019 unas 30 familias quedaron sin provisión y sin respuestas
A pesar de una orden judicial vigente desde abril de 2019 unas 30 familias quedaron sin provisión y sin respuestas
Una nueva denuncia se radicó en los tribunales de Pergamino por la decisión del intendente Javier Martínez de suspender la provisión de agua potable a unas 30 familias que habitan los barrios en los que se detectó agua contaminada con agrotóxicos. La decisión de los vecinos de acudir a la Justicia se debe a que tras una protesta realizada frente al edificio municipal para obtener respuestas por parte de las autoridades, no solamente se fueron con las manos vacías, sino que efectivos policiales impidieron el ingreso al edificio a los líderes de la movilización.
Una medida cautelar, dictada por el juez federal, Carlos Villafuerte Ruzo, vigente desde abril de 2019, obliga a las autoridades municipales a suministrar agua potable a los vecinos en riesgo. La decisión judicial fue tomada luego de que el juez entró en conocimiento de la existencia de 18 agrotóxicos en el agua de consumo de red y de pozos domiciliarios en los barrios Villa Alicia, La Guarida y Luard Kayad.
“Hasta el momento venían cumpliendo, con algunas irregularidades en la entrega, que luego solucionaban. Pero en esta ocasión, cuando comenzó noviembre, la gente dejó los bidones afuera de sus viviendas para que el proveedor los reponga y se encontraron con la sorpresa de que a 30 familias le habían suspendido el servicio”, contó a La Capital, la vecina Sabrina Ortiz, abogada querellante en la causa por contaminación del acuífero de la región.
“Tras lo ocurrido, los vecinos fueron a consultar al repartidor y se encontraron con la sorpresa de que tenían una lista de «egresados» del sistema de entrega. Esa lista se la dio el municipio a partir de la orden del intendente Martínez”, señaló Ortiz y agregó que “a partir de eso los vecinos comenzaron a llamar a distintos referentes y nadie les dio respuestas. El 3 de este mes tomé conocimiento de la situación y al día siguiente hice la primera denuncia. Después de eso se sumaron otros vecinos que fueron por su cuenta a la sede de la policía federal”.
Los habitantes de los barrios damnificados intimaron por nota al municipio para que restituya el servicio de agua distribuida en bidones y no obtuvieron respuestas. Luego realizaron una segunda intimación y además le solicitaron que informe cuál fue la periodicidad y los detalles de las entregas desde la disposición del juez, pero tampoco obtuvieron respuestas.
“Ahora estamos esperando que resuelva Villafuerte Ruzo. Pero la idea es que se tome real dimensión del problema. Conocemos el caso de 30 familias que están obligadas a consumir el agua con agrotóxicos”, señaló Ortiz y describió lo ocurrido como “un panorama muy complejo porque incluso hay personas consideradas de riesgo, otras que ya estuvieron enfermas de Covid-19, pacientes oncológicos, niños y un sector muy vulnerable en cuanto al acceso para cubrir las necesidades básicas. Entre ellos hay jubilados, gente sin trabajo o jornaleros y hasta un abuelo que tiene a sus nietos chiquitos a cargo y va a pedir agua potable a una estación de servicios cercana”.
“Hablamos de un agravamiento sin explicaciones de toda esta situación. No sabemos por qué a unas personas si y a las otras no. Es muy indignante y hasta el momento no tenemos ninguna respuesta. Entendemos que esta es una actitud provocativa y no sabemos el objetivo que persigue el intendente, que siempre actuó con mucha soberbia, pero nunca esperamos que se la tome con los más vulnerables”, se indignó la abogada y sentenció: “Es una decisión arbitraria y ahí se quedó. A 16 días de que falta el agua no resolvió la situación a ningún vecino afectado”.
Según el relato de Ortiz, los vecinos están desconcertados porque hay una orden judicial que obliga al municipio a proveer el agua y a informar cómo lo hace. “Es una especie de provocación hacia la Justicia porque el intendente se manifiesta como opositor a las medidas del juez Villafuerte Ruzo y cuestiona todo su trabajo”, explicó Ortiz y recordó que “luego de su viaje con sus asesores hacia el Juzgado, cuando se lo anotició de la existencia de agrotóxicos en el agua, salió con un comunicado avalado por Autoridad del Agua de Buenos Aires transmitiendo tranquilidad a la comunidad y asegurando que se trataba de un acto ‘politiquero’ y que el agua es apta para consumo y no hay riesgos para la salud”.
“Ya viene de varios incumplimientos porque también se lo obligó a colocar barreras forestales para mitigar el impacto de las derivas sobre el barrio más afectado y aún no lo hizo”, remarcó la abogada y adelantó que ahora cuestionarán judicialmente un informe firmado por la secretaria de Salud municipal en el que dan cuenta de que se entregó agua a los vecinos en las condiciones en las que se venía haciendo. “La falta de provisión fue corroborada por la policía federal y por el testimonio de los vecinos”, aclaró Ortiz y precisó que “la denuncia será por falsedad ideológica porque la funcionaria firmó un documento aseverando que estuvo en el lugar. Eso es muy grave porque se trata de una médica que falta a la verdad cuando tiene la responsabilidad de cuidar la salud de los habitantes de Pergamino”.
Recomendación
Apenas se conoció la contaminación del agua el médico pediatra, Madardo Avila, sugirió que se proveyera agua a las familias afectadas y ahora recomendó la restitución inmediata de ese servicio. A través de un escrito aseguró que la que disponían en las viviendas analizadas no es apta para higienizarse, para lavar alimentos ni manos y recomienda no tener contacto con el agua por su alto nivel de contaminación.
“Habiendo chicos y personas en riesgo por diversas patologías es un acto aberrante por parte del municipio. Lo digo de esta manera porque quizás no se tomó la verdadera magnitud de la cuestión. Toda mi familia (ella, su esposo y sus dos hijos) tenemos daño genético ocasionado por los agrotóxicos y no podemos permitir que a otros les ocurra lo mismo”, sentenció Ortiz y agregó que “es muy difícil vivir situaciones como esta teniendo en cuenta que afecta la salud de mis dos hijos y la propia».
Ortiz, quien padeció dos ACV isquémicos -cuyas causas según evidencia científica se vincula a altos niveles de contaminación-, sostuvo que “es muy difícil escuchar a las corporaciones y autoridades nacionales que minimizan la cuestión aseverando que se trata de ‘dos vecinos’”.
“Es muy fuerte, incluso recibí mensajes de amedrentamiento para infundirme miedo. Pero entendemos que ellos pierden economía y nosotros salud. Se trata de nuestra vida”, dijo Ortiz y contó que “hay un barrio que tiene 53 casos de cáncer y 19 tipos de agrotóxicos en el agua que consumen. Eso se da con toda la permeabilidad y complicidad del sistema político porque el agua está a cargo pura y exclusivamente del municipio”.
Reconsideración del Inta
Frente a la consulta sobre la reciente declinación de las autoridades del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) sobre el pedido al juez de fumigar en área restringida, dijo que “era lo que esperábamos. Teníamos la esperanza de que razonaran y que sentaran posición en pos del objetivo original que tiene el organismo. Entre ellos, el Inta tiene la función de instrumentar distintos elementos para favorecer a la sociedad con los avances productivos. Pero para nuestra sorpresa cuando presentaron la petición para fumigar y volver a envenenarnos pensábamos que estábamos perdidos”.
“Estamos en una situación compleja porque deja entrever a las claras que hay cuestiones sumamente políticas insertadas en organismos estatales que tienen otros objetivos. El Inta Marcos Juárez y Oliveros pasaron por situaciones parecidas y lejos de ir en contra de la salud de las personas decidieron optar por otra forma de producir, amigable entre comillas, pero que impacta mucho menos en las personas. Opciones para producir existen, pero no de volver atrás con una enfermedad o la vida de una persona”, concluyó la abogada.
