Piñera abre la billetera con un bono por única vez para los más pobres
Entregará el equivalente a unos 125 dólares a más de un millón de familias. Junto a otras medidas, busca descomprimir las protestas.
Entregará el equivalente a unos 125 dólares a más de un millón de familias. Junto a otras medidas, busca descomprimir las protestas.
El presidente de Chile, Sebastián Piñera, resolvió abrir la billetera para hacer frente a la extensa crisis social que enfrenta su país y anunció un bono de 100.000 pesos chilenos (unos 124 dólares) para 1,3 millón de familias, un «alivio» con el que el gobierno aspira a suavizar el descontento que se hizo evidente en la ola de manifestaciones que se desató en octubre.
Después de lanzar el lunes un paquete de medidas para reactivar la economía del país por 5.500 millones de dólares, Piñera anunció ayer la ayuda a las familias de menores recursos.
«Hoy vamos a enviar un proyecto de ley al Congreso que permite otorgar un bono, que en promedio va a ser de 100.000 pesos por familia», explicó el mandatario, que estima llegar con estas ayudas a «cerca de seis millones de chilenos».
«Sé que los bonos no resuelven todos los problemas, pero también sé que significa un importante alivio, una ayuda, en un momento en que tantas familias chilenas lo necesitan», agregó.
La ayuda extraordinaria se pagará una única vez en enero, al igual que un bono que se entrega cada año en marzo a las familias más pobres, en un mes en que arranca el año escolar en Chile y se incrementan los gastos de la familias, detalló el ministro de Economía, Lucas Palacios.
«Es un bono por una sola vez», con un gasto público total de «más de 185 millones de dólares», agregó el ministro.
El plan de reactivación, centrado en una mayor inversión pública, protección del empleo y apoyo a las pequeñas empresas, implicará un aumento real del gasto público el próximo año de 9,8 por ciento en comparación con 2019, lo que provocará que el déficit fiscal se eleve hasta 4,4 por ciento del PBI.
Piñera, no obstante, confía «sobre todo» en «poner en marcha» la economía chilena, de tal forma que «la gente se sienta más tranquila, más segura». También ha considerado «importante» que «de una vez por todas» se ponga fin a la violencia y a los saqueos que aún persisten tras las protestas.
En este sentido, ha defendido que «el gobierno ha hecho todos los máximos esfuerzos para escuchar y atender las necesidades de la gente», al igual que las fuerzas de seguridad hacen todo lo posible «para asegurar el orden público, la tranquilidad ciudadana, la paz social» y la Fiscalía y los jueces para depurar responsabilidades.
Piñera declaró el estado de emergencia en respuesta a las masivas protestas que estallaron el 17 de octubre contra la cuarta subida del precio del metro en pocos meses. Los manifestantes rápidamente asumieron otras reivindicaciones sociales, denunciando la desigualdad y reclamando una reforma constitucional que finalmente sí tendrá lugar.
Transcurridos 46 días de crisis social, con multitudinarias manifestaciones, violentos enfrentamientos con la policía, saqueos, incendios y ataques al comercio, la agenda social del gobierno de Piñera prevé un aumento del 50 por ciento de las pensiones básicas, la rebaja a la mitad del pasaje del transporte público para los adultos mayores, junto a un aumento del ingreso mínimo a cuenta del Estado.
Sin embargo, no está planteada una reforma profunda al sistema de pensiones ni un incremento de los tributos, tampoco una reforma sustancial a la salud pública o privada, que son las principales demandas de las personas que salieron a las calles.No se ha anunciado tampoco medidas para castigar con mayor dureza los delitos de colusión empresarial o cohecho, castigadas con penas bajas, que han generado una sensación de gran impunidad.
Profunda caída
Las medidas económicas fueron anunciadas luego del desplome de la economía durante octubre, con una caída de 3,4% de la actividad en el mes que se iniciaron las protestas que se saldan con 23 muertos. El registro superó las peores estimaciones y dio cuenta del profundo efecto de la semiparalización del comercio y otros servicios.
