Piñera optó por descabezar la conducción del Ejercito
Un "viernes negro" vivió el Ejército chileno al recibir una inédita sentencia de parte del Poder Judicial y prosiguió con el mayor descabezamiento de su alto mando.
Un «viernes negro» vivió el Ejército chileno al recibir una inédita sentencia de parte del Poder Judicial y prosiguió con el mayor descabezamiento de su alto mando.
El ex jefe máximo durante el periodo 2002-2006, general en retiro Juan Emilio Cheyre (2002-2006), fue condenado en primera instancia a tres años y un día de libertad vigilada como encubridor de 18 ejecuciones ilegales cometidas por la Caravana de la Muerte, un mes después del golpe militar de septiembre de 1973.
Es la primera sentencia a uno de los más renombrados militares, «favorito» del mundo político, que encabezó el «Nunca Más», «despinochetizó» el Ejército, se insertó audazmente en el mundo civil pero desde hace tres años ve caer su estrella.
En medio del asombro, y aunque la condena fue considerada «mínima» por los familiares de ejecutados políticos, se informó el descabezamiento de 21 de los 45 generales del alto mando.
Un cambio sin precedentes en la plana mayor del Ejército desde el retorno de la democracia en 1990. El año pasado salieron 11 generales, y en 2016 lo hicieron solamente seis.
La drástica reestructuración vino luego que el gobierno le exigiera al comandante en jefe, general Ricardo Martínez, un «análisis exhaustivo» de la oficialidad para evitar que los nuevos generales pudieran estar involucrados en irregularidades.
De hecho, el pasado 16 de octubre debió renunciar el general John Griffiths, en ese entonces segunda autoridad del Ejército, tras ser procesado por eventual fraude al Fisco en la investigación por mal uso de recursos públicos, ya sea en equipamiento, comisiones de servicio y viajes, entre otras.
En el segundo mando quedó ahora el general de división Schafik Nazal, secundado por el general de brigada Pablo Müller.
Conocida la nueva planilla, el ministro de Defensa, Alberto Espina, señaló que «los principios que el comandante en jefe ha seguido (para la designación) son los correctos. Disciplina, lealtad y cariño por Chile. Frente a cualquier hecho que en el futuro ponga en duda lo anterior, se harán los análisis correspondientes y se tomarán las medidas que sean pertinentes».
La propuesta aceptada reduce el número de generales, de 46 a 43 (incluido el obispo castrense).
No obstante, Espina puntualizó que «no sería justo ni correcto que se pretenda señalar que todos los generales que pasan a retiro estén involucrados en hechos que indaga la justicia».
Las Comisiones de Defensa del Senado y de la Cámara dijeron que es «preocupante que se haya tenido que llamar a retiro a 21 generales. Es algo que no habíamos visto antes», expresó el senador independiente y ex demócrata cristiano, Pedro Araya.
El senador de la pinochetista Unión Demócrata Independiente (UDI), Víctor Pérez, sostuvo que la situación actual «ameritaba este cambio».
Añadió que «el alto mando tenía que tener una revisión y creo que el comandante en jefe y el ministro de Defensa han hecho un trabajo exhaustivo».
El presidente de la comisión de Defensa de la Cámara, el diputado DC Manuel Antonio Matta, compartió que fue «un cambio severo, pero positivo». También exteriorizó sus anhelos de que este nuevo alto mando «venga con una mística distinta, en la que se enfatice que el Ejército debe dar el ejemplo en materia de probidad y ser una institución republicana». Las redes sociales se hicieron parte del impacto y algunos tuiteros observaron que «dar de baja sería lo correcto y no a retiro con suculenta pensión. Además seguramente nombrarán 21 nuevos generales».
Enseguida se preguntaron: «Un país subdesarrollado para qué necesita tantos generales, la carrera en las FFAA y carabineros debería ser hasta coronel, la cantidad de generales debería ser limitada, son sueldos altos, y tantos generales en tiempo de paz se vuelven corruptos».
Otros aplaudieron al gobierno, «que ha tenido cojones para tomar decisiones que otros no se atrevieron, además se terminará con el diez por ciento de los recursos cupríferos».
Terceros propiciaron que «este mismo proceso se debería replicar en otras instituciones para devolver la confianza a los ciudadanos. Carabineros, Bomberos, Iglesia, Parlamento, Municipios y otros que han dado señales de corrupción».
