Proponen declarar la emergencia laboral en la comuna de Río Gallegos por 5 años
El concejal radical Fabián Leguizamón presentó un proyecto de ordenanza con el propósito de prohibir los ingresos de personal durante 5 años en la Municipalidad de Río Gallegos y en el Concejo Deliberante.
El concejal radical Fabián Leguizamón presentó un proyecto de ordenanza con el propósito de prohibir los ingresos de personal durante 5 años en la Municipalidad de Río Gallegos y en el Concejo Deliberante. Asimismo, sostuvo que se debe regularizar la situación laboral del personal precarizado.
En la octava sesión ordinaria que se realizó el último jueves, el concejal de Río Gallegos Fabián Leguizamón presentó un proyecto de ordenanza mediante el cual busca declarar la emergencia en materia de Recursos Humanos para la administración de la Municipalidad de Río Gallegos por el término de cinco años, estableciendo como objetivo la reducción en la cantidad de personas que prestan servicios en el ámbito municipal bajo toda modalidad.
En caso de aprobarse la iniciativa, también se prohibirá el ingreso de personal bajo toda modalidad de contratación u otra situación prevista en la Ordenanza N° 1.378 “Estatuto Municipal”, como también a través de planes y programas especiales o bajo la modalidad de “monotributo”.
Excepciones
La iniciativa ideada por Leguizamón exceptúa a los casos comprendidos en el Artículo 140° del Estatuto Municipal (ingreso por fallecimiento de padre, madre o cónyuge); el personal de gabinete, personal superior y de conducción sin estabilidad (cargo político), y los aspirantes comprendidos en el Artículo 143 bis del Estatuto Municipal (concurso para hijos de jubilados), siempre y cuando el Ejecutivo certifique que se hubieren producido las cinco vacantes por jubilación.
De acuerdo a lo informado por el concejal, la emergencia laboral tampoco “alcanzará al personal precarizado contemplado en el Artículo 3° de la presente, y a aquellas personas físicas con título académico o título habilitante otorgado por universidades de gestión pública o privada u otras instituciones de Nivel Superior que no cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 4°, o estén contenidos en lo dispuesto en los incisos f), j) y h) del artículo 5° de la Ordenanza N° 1.378, y por un lapso máximo de doce meses”.
En este contexto, el legislador adelantó su intención de “generar un plan y cronograma tendiente a regularizar la situación del personal precarizado, limitando el ingreso exclusivamente para aquellos trabajadores que se desempeñen en situación irregular y de mayor antigüedad en su puesto de trabajo”.
Teniendo en cuenta que el propio intendente, Ing. Roberto Giubetich, remarcó en diversas oportunidades la situación crítica financiera que atraviesa el municipio, la cual se vio más afectada por aplicación de los nuevos índices para la distribución de la coparticipación provincial, “es oportuno restringir los ingresos laborales, salvo las excepciones anteriormente mencionadas”, señaló Leguizamón.
Asimismo, recordó que el intendente argumentó la falta de presupuesto para vetar totalmente la ordenanza mediante la cual se actualizó la escala para la liquidación de los títulos y la responsabilidad profesional, aprobada unánimemente.
Por último, destacó que estas medidas “son indispensables de cara a la sociedad, un acto de responsabilidad política ante las distintas variables de recaudación que utilizó el municipio desde el año 2016, como por ejemplo la suba de los impuestos a los vecinos y a los comerciantes; es decir, que de esta manera se evitaría que todo lo recaudado sea destinado a pagar sueldos”.
