Reino Unido, el espejo en el que se mira Milei para prohibir el derecho a la protesta
La eliminación del derecho a la protesta parece ser un objetivo de los gobiernos conservadores occidentales.
La eliminación del derecho a la protesta parece ser un objetivo de los gobiernos conservadores occidentales. Desde Argentina, con la renovada implementación «antipiquetes», hasta la Gran Bretaña admirada por el presidente Javier Milei, donde se ha avanzado peligrosamente con la sanción de leyes que crearon el delito de «alteración pública» e impiden los cortes en rutas y calles. Un informe de la agencia de noticias norteamericana Associated Press recoge las normas dictadas durante los gobiernos de Liz Truss y el actual primer ministro Rishi Sunak, que limitan la protesta, y señala ejemplos claros de juicios y altas condenas contra manifestantes.
«La protesta legítima es parte de lo que hace que cualquier país sea un lugar seguro y civilizado para vivir», destaca Jonathon Porritt, ecologista y ex director de la organización ambiental Amigos de la Tierra, citado en el informe de AP. El trabajo revisa cómo el gobierno conservador –encabezado por el histórico partido de la excanciller Margaret Thatcher– dice que las leyes impiden que los «activistas extremistas» dañen la economía y alteren la vida cotidiana, mientras quienes están denunciando la quita de derechos civiles señalan que el avance no está siendo frenado por el Poder Legislativo ni el Poder Judicial.
Los primeros cambios legales introducidos, en 2022, crearon un delito legal de «alteración pública», punible con hasta 10 años de prisión, y otorgaron a la policía más poderes para restringir las protestas consideradas disruptivas. Le siguió la Ley de Orden Público de 2023 , que amplió la definición de «perturbación grave», permitiendo a la Policía registrar a los manifestantes en busca de artículos como candados y pegamento.
Esta norma impone penas de hasta 12 meses de prisión a los manifestantes que bloqueen «infraestructura clave», definida ampliamente para incluir carreteras y puentes. El Gobierno adujo que actuaba para «proteger el derecho de la mayoría respetuosa de la ley a seguir con su vida diaria». El Comité Conjunto de Derechos Humanos del Parlamento, formado por varios partidos, advirtió que los cambios tendrían «un efecto paralizador sobre el derecho a protestar».
Los manifestantes, de grupos como Extinction Rebellion, Just Stop Oil e Insulate Britain, argumentan que la desobediencia civil está justificada por una emergencia climática que amenaza el futuro de la humanidad. Pero el primer ministro Rishi Sunak los calificó de «egoístas» y «fanáticos ideológicos», y el gobierno británico respondió a algunos disturbios con leyes que restringen el derecho a la protesta pacífica.
Días después de que la nueva ley entrara en vigor en mayo, seis activistas antimonárquicos fueron arrestados antes de la coronación del rey Carlos III antes de que siquiera hubieran levantado un cartel que decía «No es mi rey» y posteriormente, todos quedaron en libertad sin cargos.
En los últimos meses, el ritmo de las protestas y la escala de los arrestos aumentaron, en parte como resultado de un cambio legal que penaliza la marcha lenta, una táctica adoptada por los manifestantes para bloquear el tráfico marchando a baja velocidad por las carreteras. Cientos de activistas de Just Stop Oil fueron detenidos por la policía momentos después de comenzar a caminar.
En octubre de 2022, el ingeniero estructural Morgan Trowland fue uno de los dos activistas de Just Stop Oil que escalaron el puente Reina Isabel II sobre el río Támesis en forma de protesta. Acción que obligó a la Policía a cerrar la ruta durante 40 horas. Fue condenado a tres años de prisión por alterar el orden público. El juez Shane Collery le indicó las razones: «Fue tanto por el caos que usted causó como para disuadir a otros de intentar copiarlo». Fue liberado temprano el 13 de diciembre, después de haber pasado un total de 14 meses bajo custodia.
La decisión del gobierno conservador de avanzar sobre los derechos civiles está declarada, en palabras del primer ministro Sunak: «Aquellos que infringen la ley deberían sentir toda su fuerza» –palabras que resuenan al «el marcha no cobra», del gobierno de Javier Milei–. Pero quienes están denunciado estas políticas también advierten sobre la complicidad de algunos sectores del Poder Judicial.
La mitad de los ambientalistas juzgados por jurados fueron absueltos después de explicar sus motivaciones, incluidas nueve mujeres que rompieron las ventanas de un banco con martillos y cinco activistas que rociaron el Tesoro con sangre falsa con una manguera contra incendios. Pero en algunos otros juicios, los jueces prohibieron a los acusados mencionar el cambio climático o sus motivos para protestar.
Varios acusados que desafiaron las órdenes fueron encarcelados por desacato al tribunal. Tim Crosland, un ex abogado del gobierno convertido en activista ambiental, comentó: «Es kafkiano si las personas están siendo juzgadas y tienen una mordaza en la boca. Eso parece algo que sucede en Rusia o China, no aquí».
Fuente: Página 12
