Río Negro: Piden al MPF investigar la venta de tierras en frontera
Los bloque peronistas piden esclarecer la venta de tierras a extranjeros en la zona de frontera en Río Negro.
Los bloque peronistas piden esclarecer la venta de tierras a extranjeros en la zona de frontera en Río Negro. Impulsado por la legisladora Magdalena Odarda, presentaron un pedido de informes dirigido al Ministerio Público Fiscal para que informe e intervenga ante posibles delitos vinculados al ingreso de divisas extranjeras y la adquisición de tierras en una zona estratégica de la provincia.
El documento, que lleva la firma de las bancas Vamos con Todos y PJ-NE, surge a partir de las revelaciones sobre una «donación» del Emir de Abu Dabi a un empresario santafesino, para adquirir 14 mil hectáreas en El Bolsón.
La iniciativa se originó a partir de una declaración testimonial realizada el 7 de abril, en el marco de un juicio oral y público en San Carlos de Bariloche, donde el empresario Hugo Alberto Barabucci afirmó que adquirió un predio de más de 14 mil hectáreas en Cerro Carreras —ubicado en las nacientes del río Chubut y en área de frontera— mediante una donación “sin cargo” de 2 millones de dólares provenientes del Estado de Emiratos Árabes Unidos .
En ese sentido, Odarda remarcó que el pedido está específicamente dirigido al Ministerio Público Fiscal, ya que es el organismo que debe dar respuesta sobre lo sucedido en la audiencia judicial e impulsar la investigación correspondiente ante la posible comisión de delitos.
Entre los aspectos más relevantes, se solicita que se informe si se inició una investigación sobre el origen de los fondos o si se dio intervención a la Justicia Federal por la posible comisión de contrabando de divisas, teniendo en cuenta que el monto declarado excede ampliamente el límite permitido para el ingreso al país sin declarar. También se requiere que se investigue la posible existencia de lavado de dinero u otros delitos complejos.
La legisladora puso el foco en la denominada “ruta del dinero”, señalando que los fondos habrían sido transferidos desde una cuenta del First Gulf Bank en Abu Dhabi, pasando por una cuenta en el banco J.P. Morgan Chase en Nueva York, sin cumplir con los controles exigidos por la legislación argentina en materia aduanera, fiscal y penal .
Asimismo, se solicita que se informe si se dio intervención a la Unidad de Información Financiera (UIF), organismo encargado de prevenir el lavado de activos, y si se notificó a la AFIP/ARCA sobre el posible ingreso irregular de divisas.
Otro punto clave es la posible contradicción en la titularidad del predio, ya que mientras en la audiencia se afirmó que pertenece a Barabucci, en registros oficiales figura vinculado al Fideicomiso Amaike. En ese marco, también se requiere determinar si existió falso testimonio y si se verificó el origen lícito de los fondos antes de la operación inmobiliaria.
Además, se solicita información sobre si la adquisición de estas tierras —ubicadas en cercanías de fuentes de agua y dentro de un área sensible— cumple con la legislación vigente en materia de protección de tierras rurales y zonas de seguridad de frontera, incluyendo la posible utilización de “personas interpuestas”, lo cual está expresamente prohibido por ley.
Odarda también adelantó que impulsará una presentación ante el Fiscal de Estado para que evalúe la nulidad absoluta e insanable de la operación, en caso de comprobarse irregularidades. En ese contexto, recordó antecedentes en la provincia vinculados a la venta de tierras fiscales a valores irrisorios —alrededor de 152 pesos por hectárea— que derivaron en causas por fraude al Estado con funcionarios condenados, y mencionó la participación de actores empresariales como Marcelo Mindlin en operaciones cuestionadas de ese período.
“Estamos ante un hecho de extrema gravedad que puede comprometer la soberanía, el control de nuestras fronteras y la protección de nuestros bienes naturales comunes. El Ministerio Público Fiscal debe actuar con urgencia e investigar a fondo”, sostuvo la legisladora.
Finalmente, Odarda remarcó que el objetivo es que se esclarezca el origen de los fondos, se determinen responsabilidades y se garantice el cumplimiento de la ley en defensa del territorio rionegrino.
