Rosario con corredores seguros y patrullajes en 17 avenidas y arterias de zonas rojas
Lo definieron anoche la policía, autoridades y entidades de taxistas. Una asamblea frente a la Gobernación provocó caos en el área central.
Más móviles en las calles, un refuerzo de los corredores seguros para el servicio y la posibilidad de que esos controles se realicen en forma móvil fueron las respuestas que se llevaron los referentes de las organizaciones de taxistas que ayer se movilizaron hasta la sede de la Gobernación, tras el ataque que le costó la vida a Sergio Quinteros. Los choferes cortaron varias esquinas en las inmediaciones del edificio de Santa Fe y Moreno, por lo cual durante toda la mañana fue caótico circular por esa zona del área central. Y, tras el encuentro con autoridades provinciales y municipales, decidieron extender hasta hoy, a las 10, el paro lanzado el domingo al mediodía para participar del entierro del trabajador. En la asamblea improvisada en la escalinata de la ex Jefatura, los taxistas no ahorraron críticas a la política de seguridad. Tampoco pudieron ocultar su propia interna.
«En la calle no se ve un patrullero», «trabajamos con miedo», «estamos expuestos todo el tiempo a que nos roben o nos hieran», fueron apenas algunas de las frases repetidas entre los taxistas que llegaron a media mañana a la sede de la Gobernación. La movilización se enmarcó en la medida de fuerza que vació de coches de alquiler las calles de la ciudad desde el domingo al mediodía.
La noticia de la muerte de Sergio Quinteros y la tristeza de su familia fue corriendo de boca en boca desde la madrugada. El trabajador, de 51 años, falleció a las 4 en el Hospital de Emergencias Clemente Alvarez (Heca), donde llegó con una herida de bala que había dañado varios órganos del aparato digestivo. Conducía su auto por Felipe Moré, casi llegando a Casilda, cuando fue atacado en circunstancias que se están investigando (ver aparte).
El Ministro de Seguridad provincial, Raúl Lamberto, y la intendenta Mónica Fein, además de los secretarios de Seguridad Comunitaria santafesina, Angel Ruani; el jefe de Unidades Especiales de la policía, Guillermo Morgans, y los secretarios municipales de Control y Convivencia, Pablo Seghezzo, y de Servicios Públicos, Clara García, fueron los encargados de recibir a titulares de licencias ya peones de taxis.
A su vez, la agrupación de taxistas autoconvocados paró sus coches en los cruces de Oroño con San Luis y Santa Fe y Córdoba y Moreno, convirtiendo esa zona del centro de la ciudad en un caos vehicular.
Al término del encuentro las opiniones estaban divididas. Mientras que desde la Cámara de Titulares de Licencias de Taxis (Catiltar), José Iantosca, lo calificó de «positivo», el titular del Sindicato de Peones de Taxis de Rosario (SPTR), Horacio Boix, manifestó que la respuesta a la demanda de mayores patrullajes había sido «endeble» y afirmó que los funcionarios reconocieron que «la policía no alcanza para combatir el crecimiento del delito».
Seghezzo, en tanto, indicó que se reforzará la cantidad de móviles policiales y que pondrán nuevamente en marcha corredores seguros para que los taxistas puedan conocer de antemano los lugares donde montarán puestos de vigilancia. «Desde esta noche (por ayer) habrá una fuerte mejora en los controles», señaló.
Ruani apuntó que se trabajará para incorporar más efectivos a las unidades especiales de la policía. «La dificultad no está en el número de móviles o el combustible, que es suficiente, sino en los recursos humanos», advirtió. Y señaló que de los 5 mil efectivos con que cuenta la Unidad Regional II, unos mil están en disponibilidad o con licencia por carpeta médica. Además, «no todos son choferes», alertó.
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Por la tarde, referentes de los taxistas volvieron a reunirse con las autoridades policiales para acordar detalles de la propuesta.
Las partes definieron un plan que dispone, de 22 a 6, corredores seguros en 17 avenidas y calles de zonas peligrosas, móviles policiales recorriéndolos y, a su vez, la posibilidad de radicar denuncias de robos en la División Judiciales de Jefatura.
Asimismo, en las escaleras de la puerta de la Gobernación los choferes realizaron una asamblea en la que resolvieron prorrogar el paro hasta hoy, a las 10, para acompañar el entierro de Quinteros.
La decisión llegó tras una tensa discusión que no estuvo ausente de empujones y, según denunció un grupo de taxistas, la exhibición de un arma de fuego.
La puja giró en torno a cuánto extender el paro: mientras un grupo planteó hacerlo por tiempo indeterminado, otros preguntaron quién les pagaría el día de trabajo perdido. «El Estado nos tiene que garantizar seguridad», retrucaron otros, que también pidieron renuncias a los gritos.
Boix, entonces, solicitó calma. «El paro de luto lo tenemos que tener sí o sí. Después que acompañemos a la familia, iremos a trabajar y, si tenemos que volver a parar, lo haremos», sentenció.
El municipio nunca reglamentó una norma clave de seguridad para taxis
La muerte de un taxista ayer, tras ser asaltado el domingo, desató un paro del sector que se prolongará hasta las 10 de hoy. La aprobó el Concejo en 2008 y obligaba a colocar blindex en todas las unidades a partir de 2010.
Más seguridad. El reclamo fue unánime ayer entre toda la familia taxista tras la muerte de un compañero.
Horas después de que se confirmara la muerte del taxista Sergio Quinteros, quien recibió un balazo la madrugada del domingo en la zona oeste, y con toda la familia tachera anunciando un paro que se extenderá hasta las 10 de hoy, se conoció que el municipio lleva seis años sin reglamentar una ordenanza clave en materia de seguridad a bordo de los taxis. Prevé la colocación de barreras de protección física como los vidrios blindex (medida que siempre encontró un fuerte rechazo por parte del sector), pide un estudio de balística que nunca llegó y obliga a colocarlos en todos los taxis que se renovaban a partir del primer día de enero de 2010.
El miércoles pasado, el presidente de la comisión de Seguridad del Concejo, el justicialista Diego Giuliano, le había encomendado al Ejecutivo reglamentar la ordenanza 8.295, sancionada el 11 de junio de 2008 y promulgada diez días después. «No hay que esperar un caso fatal para poner en práctica medidas que se aplican en todo el mundo y que fueron debatidas y aprobadas», remarcaba.
Cinco días después esas palabras encontraron un marco tan doloroso como real: la muerte de Quinteros, asesinado en un asalto en Felipe Moré y Casilda con un balazo en el tórax y que ayer generó el enérgico repudio de la familia tachera.
La ordenanza jamás reglamentada propone soluciones tecnológicas a fin de mejorar la seguridad de choferes y pasajeros en los taxis. Las obligaciones van del monitoreo a través del GPS (sistema posicional) a la instalación del botón de pánico, y desde el micrófono ambiental hasta las barreras de protección física.
En su artículo 3º la ordenanza establece la implementación de barreras de protección física de acuerdo a lo reglamentado por el Ejecutivo y prevé un plazo de 90 días para solicitar estudios de resistencia balísticas de los materiales que se utilicen (blindex) a los organismos de seguridad nacional como el Renar (Registro Nacional de Armas). Una vez hechas estas pruebas, las barreras antibalas serán de aplicación obligatoria para todos los vehículos que se renueven a partir del primer día de enero de 2010.
Pero hay más
El artículo dispone que hasta tanto se determine la barrera considerada, el Ejecutivo reglamentará otra protección física. Y aclara que «dada la dificultad de su aplicación en la flota actual, esta medida será de carácter provisorio, de acuerdo a la capacidad del habitáculo y su instalación será del acuerdo entre el chofer y el titular, que deberá ser presentada y firmada por ambos ante la Dirección General de Fiscalización del Transporte (DGFT)».
Este es el párrafo que toman los taxistas para eludir la obligatoriedad. Hecho que Giuliano contextualiza: «No están obligados porque no hubo reglamentación, ya que ésta es justamente la que dispara plazos para el cumplimiento».
Así configurado el cuadro de situación, el brete es grande y las preguntas muchas. «¿Cuáles fueron los intereses que intervinieron para no reglamentar una ordenanza esencial para la seguridad de los taxistas?», preguntó ayer el presidente de la comisión de Seguridad del Concejo.
«El tiempo pasa y las ordenanzas mueren en un cajón. Cambian los intendentes, se agrava la situación de inseguridad general, pero ni aún así se pone en práctica lo que se aprobó hace 6 años», había dicho el miércoles pasado Giuliano, alarmado en ese momento porque el último fin de semana largo tres taxistas terminaron hospitalizados por robos violentos.
Sin definir
Según explicó la titular del Ente de la Movilidad, Clara García, el estudio de resistencia del blindex nunca se terminó de definir. «No hubo respuesta favorable del Renar en cuanto a los materiales que impidieran un ataque de balas tan cercano», explicó la funcionaria, y dijo que si bien la ordenanza 8.295 no se implementó, hubo otras opciones que se pusieron en práctica.
En este sentido, enumeró que en la actualidad están vigente como medidas de protección el botón antipánico, que manejan los taxistas desde el interior del vehículo cuando pasan frente a un patrullero y sospechan del pasajero que tienen a bordo; y el sistema de GPS, que permite seguir la trayectoria de un taxi desde el control ubicado en avenida Francia 1850. Este último recurso aún es resistido por el 10 por ciento de los taxistas a través de un recurso de amparo.
«En paralelo a la ordenanza, hubo una presentación de los taxistas,, porque no les parecía adecuado poner el blindex, sobre todo porque la modalidad del robo había cambiado y las agresiones se daban desde la calle, por el frente y por el costado de los autos», argumentó la funcionaria municipal.
