Rosario: Fuerte rechazo gremial al proyecto antipiquete del bloque Cambiemos

La iniciativa prevé multas y pérdidas de subsidios para quienes cometan contravenciones y delitos en esas manifestaciones públicas.

La iniciativa prevé multas y pérdidas de subsidios para quienes cometan contravenciones y delitos en esas manifestaciones públicas.

La iniciativa del bloque de Cambiemos en el Concejo Municipal que prevé implementar sanciones más duras para las organizaciones sociales o personas que cometan contravenciones o delitos en el marco de manifestaciones públicas en Rosario, rápidamente provocó una ola de críticas por parte de representantes de gremios locales. Cuestionaron el proyecto y lo definieron como «una medida aberrante y antidemocrática» y un auténtico «castigo para los sectores que reclaman por más derechos».

La norma impulsada por los ediles Carlos Cardozo, Agapito Blanco, Renata Ghilotti, Germana Figueroa Casas y Agustina Bouza contempla para quienes cortan calles multas de más de 16 mil pesos, la pérdida de los subsidios que reciben por parte del municipio, y además incluye la solicitud a provincia y Nación para que también se eliminen esos beneficios.

La propuesta entró el viernes pasado al Concejo y será debatida en comisión apenas se inicien las sesiones ordinarias, en marzo. El escrito remarca que «con el correr de los años, muchas de las actuales organizaciones sociales se han politizado, utilizando de manera abusiva el corte total o parcial de calles como modo de expresión, a los fines de obtener por este medio concesiones de diversa naturaleza».

Ante esta presentación, la polémica se instaló en la ciudad, con fuertes rechazos de los referentes de los gremios de Rosario y su zona de influencia.

«Estamos en contra de la criminalización de la protesta y en consecuencia en contra de este proyecto que castiga a aquellos que reclamamos por la defensa de nuestros derechos», destacó Laura Ferrer Varela, secretaria general de Coad (Asociación Gremial de Docentes e Investigadores de la UNR).

En el mismo sentido se expresó Marcelo Liparelli, secretario general del gremio de la sanidad (Atsa Rosario). «Estamos en contra de cualquier tipo de represión y las sanciones son una manera de reprimir. Esto demuestra una vez más el pensamiento de este gobierno y de todo Cambiemos, que atenta contra las expresiones populares y no quiere oír el reclamo de los que menos tienen».

En tanto, para Sergio Ricupero, secretario gremial del Sindicato Gastronómico Rosario, este proyecto «es una barbaridad, es quitarle el derecho a la protesta de los sectores que menos tienen».

Por su parte, Walter Palombi, secretario general de los Trabajadores del Correo de Rosario e integrante del Movimiento Sindical Rosarino (MSR), sostuvo que «es una iniciativa aberrante de un espacio político al que las medidas de ajuste que implementa sólo les cierra con represión. Son proyectos demagogos, que seguramente serán rechazados por todo el arco político del Concejo Municipal. Las calles son del pueblo y no nos van a sacar de ahí hasta derrotar este modelo de exclusión».

Asimismo, Claudio García, referente del sindicato de Encargados de Edificios (SuteryH), remarcó que «el proyecto es de no creer. Esto desnuda al PRO como partido antiprotesta, antitrabajo y antipueblo. Estamos en la Argentina de la censura».

Bajo una tónica similar se manifestó Juan Chulich, secretario del gremio de Camioneros de Santa Fe, quien advirtió que «la calle es la única forma que tienen para reclamar las organizaciones sociales y los jubilados. Eso sirve para que sus reclamos se hagan eco en la sociedad, y por consecuencia en el gobierno municipal, provincial o nacional».

Descontento

A su turno, Gustavo Méndez, secretario del sindicato del Seguro de Rosario planteó que «este proyecto afirma la forma de pensar del PRO, que busca eliminar las consecuencias sin erradicar el origen del conflicto. Lo interesante sería que estas expresiones de descontento social no existieran, y una de las formas es dando las condiciones necesarias para que haya más trabajo en blanco, y eso es un resorte directo del actual gobierno nacional».

Antonio Donello, secretario general de la UOM Rosario, también arremetió contra la iniciativa. «Merece todo el repudio al querer cortar derechos y sesgar la libertad de expresión. Cambiemos debe entender que vivimos en democracia y no en dictadura. Las movilizaciones y cortes de calle se tienen que seguir haciendo, previendo cuestiones básicas como permisos y respeto hacia el otro», resaltó.

En la misma dirección se mostró Oscar Barrionuevo, secretario general de Obras Sanitarias. «El PRO es una máquina de generar pobres y después los quiere esconder bajo la alfombra. La calle históricamente es un espacio de protesta y de lucha, y así seguirá siendo más allá de que a estos señores ricos no les guste».

En tanto, Claudia Indiviglia, secretaria del gremio de Trabajadores Estatales (Norte) fue tajante al cuestionar la iniciativa como «fascista», y solicitó que la mayoría del cuerpo legislativo de la ciudad «no acompañe este bodrio antidemocrático».

Fuente: La Capital