Rosario: Impulsan un rol más activo del municipio en el control de inversiones
El Concejo quiere que la Intendencia tenga una herramienta más efectiva para detectar y denunciar a las economías delictivas
El Concejo quiere que la Intendencia tenga una herramienta más efectiva para detectar y denunciar a las economías delictivas
El control financiero de las inversiones acarrea un debate sensible y con dos posiciones marcadas en el Concejo Municipal, que busca aprobar una ordenanza para que el Ejecutivo tenga una herramienta efectiva en busca de detectar y denunciar las economías delictivas, germen de muchos hechos de violencia. Si bien la Municipalidad elevó una iniciativa que pretende incorporar rubros económicos, ampliar requisitos, entrecruzar datos y emitir alertas ante la detección de inconsistencias entre patrimonio y actividades, pero el bloque Ciudad Futura propuso la creación de una Agencia de Justicia Urbana (AJU), un organismo con un rol más activo y detección temprana de posibles maniobras, una mirada a la que adhiere el bloque UCR-Juntos por el Cambio.
La comisión de Gobierno del Concejo Municipal debate desde la semana pasada los proyectos del oficialismo, de la concejal Fernanda Gigliani (Iniciativa Popular); de Martín Rosúa (UCR-Juntos por el Cambio); y de Juan Monteverde (Ciudad Futura), que buscan generar una ordenanza que permita dotar al Ejecutivo de un instrumento para detectar el flujo de dinero proveniente de ilícitos que es volcado al circuito legal a través de múltiples actividades económicas.
Conocida la propuesta del Ejecutivo y luego de hacer referencia a la ordenanza 9.204 de Control Financiero de Inversiones aprobada 2014, que ahora se intentaría derogar, la concejala Gigliani aclaró que costó reglamentarla, que el Ejecutivo lo hizo “dos años y medio después y que, en rigor, “se adosaba una declaración jurada y quedaba a disposición de organismos provinciales y nacionales”.
“Hay coincidencia unánime de que la norma no es mala, aunque desconocemos su implementación. (La ex intendenta Mónica) Fein y (el actual jefe municipal Pablo) Javkin tendrán que dar explicaciones de qué se hizo hasta acá. No hay que generar un simulacro político, sino crear una norma efectiva. Como el Ejecutivo, sostenemos la columna vertebral de esa ordenanza, que son los rubros y los montos. Estamos intentando actualizarla, modificarla. Y las iniciativas presentadas por Ciudad Futura y el concejal Rosúa no se oponen, sino que la complementan”, describió Gigliani en tono conciliador.
Sin embargo, para Rosúa la propuesta del intendente es insuficiente en un contexto donde el crimen organizado avanza a pasos agigantados: “Es una situación mucho más compleja en términos de violencia urbana, y en crecimiento logístico y operativo de las organizaciones criminales. Entonces lo que en algún momento pudo parecer suficiente, hoy necesita una vuelta de tuerca más para avanzar contra esta realidad”.
En línea con la propuesta de Ciudad Futura, Rosúa manifestó que “hay dos formas de legislar: una de una manera más pasiva, ejerciendo el control formal de las inversiones, que es lo que dice la ordenanza actual y viene a modificar y a mejorar la propuesta de la intendencia; y la otra es una posición más activa, que es generar un método que el Estado utilice para detectar información que dispone, y a través de ella desarmar el entramado de las economías delictivas. Creemos que el proyecto de la Intendencia es válido, mejora el anterior, pero es insuficiente”.
Según la propuesta de UCR-Juntos por el Cambio, se necesita de un instrumento “mucho más profundo. No nos podemos quedar con ese momento de la foto de la inversión”.
Rosúa sugirió que “el estudio debe ser permanente y constante. Nuestra propuesta parte de la base de que la Municipalidad tiene información de inmuebles por Catastro, de los automóviles por las patentes, de la actividad económica de cada uno de los actores. Con información propia podemos detectar incongruencias groseras, como vemos cada vez que hay un homicidio resonante. A la economía delictiva la toleramos socialmente, y recién cuando el homicidio nos causa alarma buscamos qué hay detrás”.
Según Rosúa, el Ejecutivo dispone de datos abiertos y propios que se pueden utilizar “sin violar ningún secreto, y al mismo tiempo datos de la actividad económica de una misma persona. Si surge una incongruencia con el patrimonio, se puede realizar entrecruzamiento de datos, investigación, una intervención para preconstituir la información y acercarla a la Unidad de Investigación Financiera (UIF) y al Ministerio Público Fiscal nacional o provincial para que la acción pública pueda avanzar”.
Y, a diferencia del proyecto oficial, propuso “un equipo que tenga experiencia e información específica en la materia. El Ejecutivo le pone la carga del control de la información a otros funcionarios que ya tienen otras tareas (Planeamiento, Salud), y al mismo tiempo detecta si hay algún hecho ilícito. Lo van a tomar como una actividad secundaria, que va a representar una carga, lo van a hacer sin el conocimiento, experiencia o ganas que tendría un equipo específico vinculado a la materia”.
La socialista Verónica Irizar también hizo una aclaración respecto a la ordenanza vigente. “Establece requisitos para habilitar. No es una ordenanza que va a detectar lavado de activos. Hay personas que firman declaraciones juradas que no son reales. Por eso crear alertas me parece superador, pero ¿qué hacemos con esos trámites?” se preguntó.
Como un aval a la posibilidad de crear una agencia u organismo que acopie y analice caso por caso, Irizar aclaró que “no es competencia del municipio investigar ni juzgar, pero puede tener un rol más activo de colaboración, y exigir a los organismos que tienen que investigar. Me parece interesante una agencia que permita observar datos. El municipio maneja información que puede cruzar”.
El proyecto de Ciudad Futura, que no se pudo desglosar por falta de tiempo, contempla, entre otros puntos, la creación de la AJU División Antilavado como órgano técnico de investigación, eventual detección y paralización de maniobras de lavado de activos provenientes de actividades ilícitas que se adviertan en el marco de tramitaciones, actuaciones o solicitudes ante dependencias del municipio.
Plantea constituir un cuerpo especializado de profesionales y técnicos, y establece un funcionamiento inteligente, ágil y eficiente a través de la creación de una central única de datos, capaz de evaluar información de las distintas dependencias, y el entrecruzamiento permanente con información, se indicó.
La División Antilavado estaría a cargo de “un jefe que dependerá orgánica y funcionalmente del intendente, y cuya designación la hará el Ejecutivo previo acuerdo del Concejo Municipal tras el análisis de los pliegos de antecedentes y plan de trabajo, siendo designado por un período de seis años en el cargo”.
