Rosario: La Intendencia avala la Oficina Anticorrupción, pero pide que los concejales publiquen su patrimonio
Es en respuesta al proyecto de la Oficina Anticorrupción. Leone la avaló, pero pidió que la manejen técnicos "y no políticos".
Es en respuesta al proyecto de la Oficina Anticorrupción. Leone la avaló, pero pidió que la manejen técnicos «y no políticos».
El secretario de gobierno municipal, Gustavo Leone, avaló el proyecto para la creación de la Oficina Municipal Anticorrupción que se presentó en el Palacio Vasallo, pero advirtió que la iniciativa «debería ser más amplia y abarcar al Concejo» e invitó a los ediles a que «presenten sus declaraciones juradas de bienes». El funcionario le puso condimento a la polémica que se instaló entre las bancas al señalar que esta oficina debería estar a cargo de «alguien con perfil técnico y no político». En una devolución de gentilezas al PRO, Leone recordó que «Cambiemos tiene una repartición idéntica a nivel nacional, pero ocupada por el mismo partido, cuestión contraria a lo que se plantea acá».
Tal como publicó La Capital en su edición de ayer, los concejales Martín Rosúa (UCR 1983), Alejandro Roselló (PRO) y Diego Giuliano (Rosario Federal y aliado al macrismo) oficializaron su proyecto para la creación de la Oficina, que se debatirá la semana próxima en el Concejo Municipal.
La iniciativa que apoyaron la presidenta del Concejo, la radical Daniela León, y el vicepresidiente primero y macrista, Carlos Cardozo, propone que la conducción del organismo de control esté en manos de la primera minoría tomando en cuenta las últimas elecciones, con un mandato de cuatro años y la opción de reelegir a su titular por única vez.
Su rango será de secretario a nivel municipal y deberá presentar anualmente un informe con todas las investigaciones, sumarios y propuestas realizadas.
En la actualidad existe una repartición que se encarga de esas tareas, pero depende de la Intendencia en lo administrativo y financiero. Además, recibe instrucciones políticas del gobierno municipal. También funciona el Tribunal Municipal de Cuentas que monitorea el gasto de las arcas públicas locales.
La iniciativa contempla un plan de acción anual que definirá las áreas críticas y criterios de significación institucional, con participación ciudadana. La ejecución del mismo será evaluada en el informe anual que se elevará al Concejo Municipal, la Intendencia y el Poder Judicial, para que en su caso proceda en las situaciones presuntamente ilícitas.
La propuesta cayó como un balde de agua helada entre las fuerzas políticas que integran el Frente Progresista. Particularmente, por la adhesión de sectores del radicalismo asociados al macrismo y cuya clara intención es generar un organismo veedor de los actos de gobierno socialista. Más aún, algunas voces ya interpretan que el proyecto conjunto es el puntapié para un armado electoral para el año próximo que imite la alizanza PRO-UCR que tiene Cambiemos.
El malestar no se hizo esperar. «Está bien; en todo lo que sea transparencia estamos de acuerdo; pero creo que debería ser más amplio y abarcar no sólo al Ejecutivo, sino también al Concejo Municipal. Además, su responsable debería tener un perfil técnico y no político», dijo Leone sobre el proyecto de la Oficina Anticorrupción.
Técnico. El secretario de Gobierno recordó que existe una ley sancionada en la Legislatura que refiere a una oficina anticorrupción integrada por 5 personas elegidas por concurso. «Debe ser un órgano técnico sin afiliación ni pertenencia política, sino arrancaría descompensada», sumó.
Más allá de los antecedentes legislativos, el funcionario le puso su condimento político al debate por el proyecto. «El PRO a nivel nacional tiene una oficina anticorrupción ocupada por el mismo partido (en referencia a Laura Alonso), lo queresulta contradictorio en función de lo que se plantea para Rosario», destacó para recordar que la propuesta se da en el marco de una gestión (socialista) de 25 años en la ciudad «sin ningún caso de corrupción».
A la hora de la chicanas, Leone no lo dudó: «Nosotros no tenemos cuentas en Panamá o inversiones en (la petrolera) Shell», para luego agregar: «Que los ediles publiquen sus declaraciones juradas como hacemos en la Intendencia ante escribano público, además de poner en internet todos los sueldos».
El primer objetivo del futuro organismo sería el de fijar políticas y parámetros de transparencia para el ejercicio ético de la gestión municipal que provoquen mayor eficiencia y aprovechamiento de recursos, por lo que podrá también presentar las modificaciones legislativas que favorezcan estos criterios.
