Rosario: Sobran departamentos en alquiler, pero no caen las exigencias de los contratos
Lo advirtió un informe elaborado por la Secretaría de Vivienda de la Nación. También se indica que subió la morosidad.
Lo advirtió un informe elaborado por la Secretaría de Vivienda de la Nación. También se indica que subió la morosidad.
En contra de lo que podría indicar el sentido común, los problemas que se presentan a los inquilinos no se generan en la escasez de viviendas ofrecidas en el mercado inmobiliario. Más bien hay una «situación de sobreoferta» de inmuebles, pero las exigencias son tan grandes que dejan afuera a quienes los necesitan. Así lo advierte un informe realizado por la Secretaría de Vivienda de la Nación, que analiza la realidad habitacional de cuatro ciudades: Rosario, Mendoza, Salta y Buenos Aires. El trabajo advierte también que el 20 por ciento de los rosarinos alquila y que, en el último semestre, aumentaron la rescisión de contratos y la morosidad, producto de la crisis económica.
El diagnóstico fue realizado por Hábitat para la Humanidad, ONG que brinda asistencia técnica al organismo nacional encargado de las políticas de vivienda. Los resultados se difundieron la misma jornada en que la Cámara de Disputados dio media sanción a la ley de alquileres, que propone nuevas condiciones para regular la relación entre inquilinos y propietarios (ver sección Política y Economía).
El capítulo referido a la ciudad destaca el rápido crecimiento que tuvo la construcción a partir de 2003, como consecuencia de las inversiones del sector agropecuario. «La falta de confianza en el sistema financiero, la devaluación de la moneda y las bajas tasas de interés determinaron la inversión de estos beneficios extraordinarios en la industria de la construcción», señala.
Sin embargo, en forma paralela, en estas últimas dos décadas se observa «una restricción» en el acceso a la compra de vivienda. «La falta de crédito hipotecario junto al incremento del valor del metro cuadrado y la inexistencia de políticas públicas focalizadas se identifican como las principales causas de esta situación», sostiene el trabajo.
Actualmente, destaca, entre el 20 y el 25 por ciento de la población de Rosario vive en asentamientos irregulares y alrededor del 20 por ciento de la población alquila. Según un estudio realizado por el Consejo Económico y Social de la ciudad, el déficit habitacional estimado era de aproximadamente 50.000 viviendas en 2010; el número no fue discutido o actualizado por nuevas investigaciones.
Frente a esta realidad, el alquiler aparece para un sector de la población como la forma de acceder a una vivienda. Pero, al caracterizar el funcionamiento de este mercado, el estudio identificó que los entrevistados identificaron que «no hay viviendas en alquiler a las que puedan acceder quienes las necesitan. Para el caso de los sectores bajos, la mayor dificultad es la falta de capacidad de pago, mientras que para los medios son las condiciones de ingreso», apunta la investigación.
Y recuerda que los requisitos habituales (dos garantías propietarias o cuatro recibos de sueldos superiores al monto del alquiler que garantizan, recibos de sueldo o demostración de ingresos formales con antigüedad mínima de un año del locatario, un mes de depósito de garantía, el pago del primer mes anticipado y un mes de comisión inmobiliaria) «no son de fácil cumplimiento e implican una erogación que muchos de los potenciales inquilinos no pueden afrontar».
Respecto a los costos del alquiler, algunos sectores refieren que representan, en promedio, un 30 por ciento de los ingresos de las familias; otros estiran ese cálculo hasta alrededor del 50 por ciento de los ingresos. El sector inmobiliario, por su parte, discrimina entre costos del alquiler y canon locativo que incluye los gastos del pago de expensas, impuestos y tasas. En este caso, reconocen, superaría el 30 por ciento de los ingresos familiares.
Parte de la crisis
La investigación costeada por la Secretaría de Vivienda advierte también que en el último semestre, producto de la crisis económica, se han incrementado las rescisiones de contratos, acompañadas de un incremento en el nivel de morosidad.
En esos casos, señala, para resolver la cuestión habitacional se recurre a pensiones o inquilinatos (proporcionalmente más caros, pero con menos exigencias), departamentos de pasillo (con mínimos gastos comunes), viviendas compartidas, más alejadas del centro o soluciones habitacionales más pequeñas, de peor calidad constructiva o menos servicios, entre otras alternativas.
También, marca, en los asentamientos irregulares se han desarrollado «procesos de inquilinización mayormente informal, pero no tan pronunciados como en la ciudad de Buenos Aires». En estos barrios y en los complejos Fonavi, señala el informe, «existen mercados informales de alquiler de viviendas y también de compra-venta»; y advierte que «puede haber presencia de economías delictivas actuando en esos mercados».
El informe de Hábitat para la Humanidad recolectó información y testimonios de los principales actores involucrados en el tema: funcionarios, sector inmobiliario, académicos, organizaciones de la sociedad civil, inquilinos y referentes comunitarios mediante entrevistas semiestructuradas, grupos focales y recorridas territoriales.
El secretario de Vivienda de la Nación, Iván Kerr, destacó que por primera vez se aborda el «alquiler social» como una política de alcance nacional. «El objetivo es que quede instalado como una política de Estado en la agenda pública, considerando el requerimiento de que se adapte a las características de cada provincia», sostuvo.
