Salta: El conflicto por las tierras en Santa Victoria Este está aún lejos de cerrarse
COMUNIDAD WICHI DE LAS VERTIENTES
Un decreto entregó 400 mil hectáreas para 71 comunidades aborígenes y 243 mil en condominio para 463 familias criollas.
EL GOBERNADOR URTUBEY ENTREGAN UNA COPIA DEL DECRETO 1.498 AL ABORIGEN
La foto está cargada de emoción. El gobernador le sonríe mientras entrega una carpeta. El aborigen Humberto Chené, de 64 años, le agradece con la mirada. El chorote llegó desde la Misión Nueva Esperanza en Santa Victoria Este, sobre la triple frontera salteña con Bolivia y Paraguay, en el departamento Rivadavia.
Es una de las miles de personas que hace décadas luchan por la propiedad de las tierras que habitan desde tiempos ancestrales.
Los aplausos en el Grand Bourg a la sala llena acompañaron a Chené cuando estuvo frente a las autoridades. Parecía la entrega definitiva de las tierras que tanto anhelaban estos salteños de uno de los municipios más pobres de la Argentina. Pero en la carpeta no había ningún título de propiedad. En realidad, se trataba de una copia de un decreto, el 1.498.
“Pensábamos que era el título, pero después el gobernador habló que con ese decreto se van a poder entregar. Lo histórico sería que entreguen los títulos de las tierras”, le dijo Chené a El Tribuno. El decreto transfiere aproximadamente 643 mil hectáreas de tierras fiscales, de las cuales 400 mil quedarán en propiedad comunitaria de 71 comunidades aborígenes y 243 mil hectáreas en condominio para 463 familias criollas. La nueva normativa fue altamente promocionada esta semana por el Gobierno provincial y fue definida como un hecho histórico. Pero en concreto, los habitantes de los lotes 14 y 55, en Santa Victoria Este, todavía no tienen los títulos de sus tierras y no puedan actuar como dueños de ellas. Además el 1 de julio la solución definitiva del caso podría quedar afuera del alcance del Estado y ser elevado a un juicio internacional en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Todavía no está determinado el territorio que le corresponde a cada comunidad dentro de esas 400 mil hectáreas y tampoco las parcelas que asignarán a cada familia criolla dentro de las 243.000 entregadas a esos pequeños campesinos rurales. En realidad hasta el día de hoy los organismos estatales encargados de la regularización no han podido definir cuántas hectáreas hay realmente en los ex lotes fiscales 14 y 55, porque a ciencia cierta no se sabe si son 643.000; un poco más o un poco menos. Aunque se tratara de 643.000 hectáreas, no se conoce exactamente dónde se ubican geográficamente las 400 mil aborígenes y las 243.000 criollas.
La presentación del decreto provincial 1.498 fue muy celebrada por el Ejecutivo provincial que citó a los principales actores del conflicto y les entregó una copia de la normativa encarpetada. Pero el verdadero conflicto histórico está en la distribución de esas tierras. El problema que siempre existió y que todavía no tiene solución es la definición en el terreno de los límites de cada comunidad y cada puesto criollo dentro de las supuestas 643.000 hectáreas de los ex bosques fiscales. Ese proceso se encuentra actualmente en marcha, pero está muy lejos de una solución definitiva, según los principales actores del conflicto consultadas para esta edición.
“Urtubey transfirió la propiedad de los lotes fiscales 55 y 14 a originarios y criollos luego de 20 años”, anunciaban los partes de prensa del Gobierno, para quien el decreto “confirma un paso fundamental para la finalización del reclamo histórico” de estas tierras. “Sé que esta decisión quedará grabada en nuestros corazones porque concreta el sueño de la tierra propia”, opinó el vicepresidente primero del senador provincial, Mashur Lapad. “Este es un paso histórico para nuestras familias. Muchas gracias Gobernador”, agregó Moisés Balderrama, el intendente de Santa Victoria Este. Sin embargo, más de 10 fuentes consultas coincidieron en afirmar que “falta mucho”.
La presión internacional por el caso en la Corte Interamericana
Es imposible no encuadrar la redacción del decreto 1.498, con el urgente plazo que corría en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que concedió ya varias prórrogas temporales para que el conflicto no llegue a resolverse en los tribunales internacionales de la Corte Interamericana. Fuentes involucradas en el conflicto afirmaron que hubiera sido un duro golpe “para un gobierno que levanta banderas de derechos humanos haber llegado a la Corte Interamericana por atropellar los derechos humanos de los pueblos originarios”.
El 1 de julio vence el nuevo plazo dispuesto por la CIDH para que el Estado nacional y salteño muestren señales de avanzar seriamente en la solución definitiva para evitar llegar a la Corte. Dos fuentes que estuvieron hace unas semanas con el enviado de la Corte Interamericana consignaron que el representante quedó al menos “desencantado”, con las diferencias que encontró entre el relato y la realidad en el lugar.
“Este decreto era para responder a las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y para que el Estado pueda evitar que el caso llegue a juicio a la Corte. Queríamos que el gobernador entregue el decreto en la zona del conflicto. Al final viajamos a Salta para mostrar que no estamos cerrados. Queremos trabajar con el Gobierno para que pueda evitar que el juicio llegue a la Corte, pero tendrá que demostrar mucha más voluntad que la que viene demostrando. Nosotros vamos a controlar y a fin de junio vamos a informar a la CIDH el estado de la situación. No queremos que llegue a la Corte porque se tardaría mucho tiempo más”, dijo Francisco Pérez, coordinador general de Lhaka Honhat.
“El decreto era la última herramienta que le dieron al Estado argentino y salteño para que el conflicto no se arregle en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero de ninguna manera estamos ante una solución definitiva. Ojalá. Sin este paso, el caso llegaba a la Corte y todo se resolvía en ese tribunal internacional. Saludamos el decreto porque, por primera vez, el Gobierno de Salta reconoce la titularidad de las tierras en manos de sus habitantes, que son las comunidades originarias. Pero falta un paso enorme”, le dijo a El Tribuno Diego Morales, director del área jurídica del CELS, el organismo que representa a la asociación aborigen de Santa Victoria Este, Lhaka Honhat, el denunciante que inició el proceso internacional.
“Será indispensable una fuerte inversión del Estado para cumplir con la promesa de traslado de las familias criollas que acepten su reubicación. Es urgente invertir en infraestructura, sobre todo la que se necesita para que las agencias estatales puedan llevar adelante este proceso en el terreno. Esto no se soluciona sin presencia física en el lugar, o desde la oficina de alguna ciudad”, agregó Diego Morales.
Además, existe una importante división entre las comunidades por determinar si las 400.000 hectáreas tendrán un título único o si cada una de ellas tendrá su propio título comunitario.
“El verdadero trabajo viene ahora y está en destrabar el rompecabezas que significa armar las parcelas de las familias criollas y los lotes de las comunidades indígenas. Ese es el trabajo de la UEP y avanza muy lentamente. La resolución final del conflicto se va a dar cuando la gente sepa qué tierra es la que le corresponde. Hoy los criollos no pueden alambrar o trabajar la madera. Saben que son dueños de una partecita de las 243.000, pero no le dicen dónde”, afirmó José Cantero, de Acompañamiento Social de la Iglesia Anglicana del Norte Argentino (Asociana).
La opinión de las familias criollas de la zona
UNA TÍPICA FAMILIA CRIOLLA EN MAGDALENA, DEFINIDO COMO
LA ZONA NORTE, CERCA DE SANTA MARIA.
Para los habitantes el verdadero arreglo por la titularidad llegará cuando se determine en concreto los límites de las tierras de las más de 70 comunidades y los 463 puestos criollos. Las familias criollas son los grandes actores de este conflicto. Están en esas tierras desde la fundación de la patria. Ellos dieron nombre a los lugares y ahí están enterrados sus ancestros. Para cada puesto criollo se estipuló un máximo de 900 hectáreas. Con la figura del “anexado”, que puede ser un hijo del titular, se pueden “anexar” hasta otras 200 a 400 hectáreas. El cálculo se establece de acuerdo a la cantidad de ganado de cada productor, pero el tope es de 900 hectáreas. El que no tiene animales, o tiene muy poquitos, tendrá asignadas entre 20 y 50 hectáreas.
La Organización de Familias Criollas (OFC) aglutina a gran parte de esos pequeños productores. Para el secretario de la organización, Dante Albornoz, el decreto es importante, pero no soluciona el problema. “Lo único lindo que dice el decreto es que el Gobierno no puede vender a los grandes finqueros las tierras, pero la solución para nosotros todavía no llegó”, explicó. “La solución es que nos den el título en mano y que se haga realidad la reubicación de las familias. Zona Norte no se terminó y las ocho familias que ya tienen todo arreglado de palabra para reubicarse todavía no pudieron hacerlo porque faltan las mensuras de los terrenos. Para nosotros esto se termina cuando se termina, no cuando está más o menos. Esto no está solucionado hasta que no se cumplan los compromisos que asumió el Gobierno y hasta que tengamos los títulos en mano. Hay cerca de 15 familias criollas que no figuran en el anexo del decreto y que viven en el lugar desde siempre”, dijo Albornoz.
Para el reconocido productor rural Lucio Rojas, el decreto “es un pequeño paso a favor de la entrega, pero para una solución todavía falta mucho”. El criollo es optimista, pero dijo que no bajará la guardia. “Como dice la chacarera de El Chaqueño: del dicho al hecho hay un largo trecho. En concreto, lo único que nos entregaron fue una copia del decreto, pero es un pasito para adelante. Todavía falta lo más bravo, que son los acuerdos por los límites”, resumió Rojas.
Menos diplomático fue el productor criollo de la zona, Arturo Barroso. “Es una burla para nosotros. Con papeles no se soluciona nada. Queremos título en mano. Los acuerdos avanzados que dicen que hay no existen, porque la gente de la Zona Norte no tiene títulos. Es una medida para patear el juicio internacional. Acá vino una comisión de la Corte y se llevó muchas sorpresas de las cosas que dijeron que habían hecho y que en realidad no existen. Todavía no se sabe cuántas hectáreas hay, si son 643.000 o menos. En seis años no han podido poner un equipo serio en el terreno que nos pueda decir de cuántas hectáreas estamos hablando. Nos preocupa que en el anexo del decreto se menciona que los números son ilustrativos”, opinó.
