Salta: En barrios precarios, el 68% perdió su empleo o changa
Las restricciones pegaron duro en uno de los sectores más vulnerables. El estudio es de Techo y se hizo sobre las barriadas populares.
Las restricciones pegaron duro en uno de los sectores más vulnerables. El estudio es de Techo y se hizo sobre las barriadas populares.
Un relevamiento de la fundación Techo da cuenta cómo la pandemia afectó a sectores históricamente vulnerables como las familias que habitan en asentamientos. El estudio que se realizó durante mayo y junio en los primeros meses de la pandemia apuntó, entre otras cosas, a la situación laboral. En este sentido, determinaron que el 68% de los trabajadores cuentapropistas tuvo que dejar de trabajar. Mientras que el 58% de los asalariados sin contrato sufrió la misma consecuencia.
El estudio alcanzó a 161 barrios populares y se basó en mil encuestas, un cuarto de ellas, 250, fueron realizadas en Salta. La muestra comprobó lo que la mayoría sospechaba, que mientras algunos podían apelar al teletrabajo, la frazada quedaba más corta donde siempre, en las villas y los asentamientos. De esta manera se mostró uno de los constantes problemas de los asentados: la falta de un trabajo formal. Desde Techo se insiste en que la problemática demanda un abordaje con una mirada integral. «Hay que entender que la población que vive en barrios populares no está en riesgo solo por vivir ahí, sino por otras problemáticas como la falta de trabajo», advirtió Carlos Durán, director de Techo Salta.
«Muchos nos decían que se quedaban sin poder comprar alimentos, nos decían: «Me estoy cagando de hambre»‘(sic), contó Duran. «¿Cómo podemos esperar que la gente invierta en su vivienda?», cuestionó el voluntario.
La acuciante situación alimentaria fue también visibilizada por Unicef. Mediante un reciente estudio se advirtió que durante julio y octubre la deuda para poder alimentarse en estos barrios populares aumentó. Pasó de 25 al 30%.
En Salta, según el Renabap (Registro Nacional de Barrios Populares), hay 154 asentamientos en los que viven más de 20 mil familias.
En un comunicado difundido recientemente, la ONG recordó que la problemática de la vivienda en Salta es «una deuda histórica» y señalaron que el 97% de esas familias no accede al agua de manera formal. «Eso nos hace muchísimo ruido porque estamos atravesando una crisis sanitaria con la forma de prevenirla con el lavado de manos», advirtió Durán.
Desde Techo pidieron además que el Gobierno provincial adhiera a la ley 27.453 que se aprobó en el 2018 luego del relevamiento del Renabap. Esta ley de Régimen de Regularización Dominial e Integración Socio Urbana declara de interés público del territorio que abarcan los barrios populares del país, la regularización dominial para que cada familia tenga su título de propiedad y la suspensión de desalojos por 4 años. Además, pidieron que se sigan los pasos del Gobierno nacional y se cree una secretaría de integración sociourbana. «O el organismo que se desee, pero que facilite la gestión. La problemática habitacional es diversa y multidisciplinaria, por eso nosotros planteamos que debe crearse una entidad que pueda dar respuestas a estas problemáticas», indicó el dirigente local de Techo.
IFE
Los vaivenes económicos que acarrearon las diferentes restricciones durante la pandemia tuvieron respuestas oficiales. El IFE, por ejemplo, fue pensado para ayudar a los trabajadores informales.
Los acompañamientos estatales fueron a la par del aumento del desempleo. Durante el segundo trimestre del año el Indec midió una tasa de desempleo del 13,1%. Subió 2,5 puntos respecto al mismo período de 2019. Las diferencias entre un año y otro fueron, sin dudas, las restricciones que se dictaron con la llegada de la COVID-19. El promedio del segundo trimestre en Salta fue mayor al nacional, con 13,9%, lo que representa 34 mil salteños desocupados.
