Se agrava el conflicto de poderes en Venezuela
El Parlamento venezolano, de mayoría opositora, reanudó este martes el debate sobre la responsabilidad política del presidente socialista Nicolás Maduro en la aguda crisis del país, una medida que busca declararle en “abandono del cargo’’ y reaviva la tensión entre el legislativo y el ejecutivo.
El Parlamento venezolano, de mayoría opositora, reanudó este martes el debate sobre la responsabilidad política del presidente socialista Nicolás Maduro en la aguda crisis del país, una medida que busca declararle en “abandono del cargo’’ y reaviva la tensión entre el legislativo y el ejecutivo.
“Retomamos el juicio político que debe terminar declarando la responsabilidad política del presidente Nicolás Maduro en la crisis del país. Es justo, es necesario, Maduro es el responsable directo’’, dijo el diputado Juan Pablo Guanipa al inicio del debate. El parlamentario aseguró que una vez declarada la responsabilidad política, el Legislativo continuar la revisión de los mecanismos constitucionales “que permitan, en el menor plazo posible, que Nicolás Maduro, por una decisión constitucional, una decisión democrática, salga definitivamente de la Presidencia’’.
Poco después de empezar el debate, la bancada oficialista se retiró del hemiciclo al considerar la sesión como “un golpe de estado’’. Pero la salida de Maduro del cargo mediante este proceso no parece viable. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) prohibió en noviembre a la Asamblea Nacional seguir esa discusión, considerando que el «juicio político’’ (impeachment) no está contemplado en la Constitución. El tribunal consideró además que la cámara -controlada por la oposición- est en “desacato’’ por haber juramentado a tres diputados cuya elección fue suspendida por denuncias de fraude del oficialismo, y que por tanto decisiones son consideradas nulas.
La oposición había suspendido el juicio parlamentario a Maduro para facilitar el inicio del diálogo con el gobierno, el pasado 30 de octubre, pero hace una semana congeló las conversaciones por considerar que el chavismo incumplió los primeros acuerdos. El principal objetivo de la coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD) era una salida electoral a la crisis, con la reactivación del proceso de referendo revocatorio contra el presidente -paralizado por el poder electoral el 20 de octubre- o el adelanto de las elecciones presidenciales de 2018.
Pero sin que ninguna de esas dos posibilidades haya avanzado, la MUD retoma su ofensiva contra Maduro después de críticas internas y de los electores por participar en el diálogo, que el Vaticano y la Unasur –los facilitadores– tratan de reflotar.
A diferencia de las reuniones con el gobierno, al que algunos partidos de la MUD no asistieron, este debate parlamentario cuenta con el consenso de la bancada opositora, que podría declarar el “abandono del cargo’’ del presidente y su “falta absoluta’’, lo que espera lleve a su destitución.
Abogados constitucionalistas descartan la viabilidad legal de la propuesta opositora de destituir al mandatario. “Es una determinación de responsabilidad, que se considera una simple sanción moral. Si se aprueba, es una bofetada del Legislativo, pero no conlleva a la destitución del presidente’’, dijo a la AFP el abogado Pedro Afonso Del Pino. El experto explicó que solo el TSJ, al que la oposición acusa de servir al chavismo, puede enjuiciar al presidente por un delito.
No obstante, la aprobación de la responsabilidad política del presidente por la situación del país «crearía una crisis institucional’’, pues Maduro “desconocería abiertamente’’ al Parlamento, consideró el especialista Tulio Alvarez.
Maniatada por la suspensión del referendo revocatorio por supuestos fraudes en la recolección de firmas, la oposición enfrenta el desafío de reconstruir su credibilidad. Según una encuesta, el número de venezolanos que se identifica con la MUD bajó siete puntos porcentuales desde finales de octubre, cuando arrancó la mesa de diálogo.
