Se reinició el juicio por delitos de Lesa Humanidad en San Rafael
El quinto juicio por delitos de Lesa Humanidad de la provincia y el segundo en San Rafael, se reinició ayer en el sureño departamento. En las instalaciones de la UTN (Universidad Tecnológica Nacional) se realizan las audiencias donde se juzgará a 26 represores en perjuicio de 76 víctimas.
Cabe destacar que este proceso comenzó en diciembre de 2014 y luego debió reiniciarse a fines de marzo por la renuncia de uno de los magistrados, se desarrolla dos días por semana y ya se tomaron más de 100 testimonios en 18 audiencias.
El tribunal oral Federal 2 de Mendoza, integrado por su presidenta, Fátima Ruiz y los doctores Gretel Diamante, Pablo Díaz Lacava y Marcelo Grosso, deberá juzgar a los 26 represores imputados por delitos de Lesa Humanidad cometidos en San Rafael.
La acusación de los fiscales Dante Vega y Pablo Garciarena apunta a la articulación militar-policial que operó como una “asociación ilícita represiva” en el marco del terrorismo de Estado. Entre los policías acusados hay varios que integraban el Departamento de Informaciones (D2) y militares que formaban parte de la Sección de Inteligencia 144 del Ejército en San Rafael, entre otros.
Durante las audiencias se sumaron tres causas más y un imputado, y se aprovecharon testimonios tomados durante el primer juicio desarrollado en San Rafael.
Para fines de setiembre o principios de octubre podrían tener lugar los alegatos y la sentencia. Ayer, la defensa de uno de los imputados presentó un testigo. Se trata de Orlando Gerardo Gutiérrez, quien fue beneficiado con el arresto domiciliario, luego violado, según denunciaron organismos de Derechos Humanos.
Al iniciar el juicio, el fiscal Garciarena comentó que éste “será el juicio más grande de la jurisdicción de la zona sur mendocina y abarcará a la mayoría de los responsables, tanto de la Policía como del Ejército, en sus roles dentro del aparato terrorista” en el sur provincial.
En julio el juicio se trasladó a los tribunales de Mendoza para seguir con las testimoniales, porque la capital provincial actuaba de nexo en los traslados del corredor represivo del sur. Por los testimonios se conoció que muchos de los detenidos en las dependencias de la policía o civiles en el sur mendocino, eran trasladados al D2 de Capital.
Los imputados -10 militares y 16 policías- están acusados de cometer delitos en perjuicio de 76 víctimas, 14 de ellas continúan desaparecidas.
Se los juzga por los delitos de privación ilegítima de la libertad, tormentos, homicidio, violación, robo y asociación ilícita.
