Según el SEOM, San Pedro de Jujuy es ejemplo de la judicialización de la protesta sindical en el norte
San Pedro de Jujuy se ha convertido, así como Las Heras, en Santa Cruz, en el caso paradigmático de la absurda CRIMINALIZACIÓN DEL DERECHO CONSTITUCIONAL DE PETICIONAR A LAS AUTORIDADES (Art. 14, CN) Y DE LIBERTAD SINDICAL (Art. 14 Bis).
Esto es así, ya que cada vez que hicimos reclamos gremiales y reivindicativos, los mismos han sido utilizados por el Ejecutivo municipal para armar DENUNCIAS PENALES, luego convertidas en EXPEDIENTES JUDICIALES, que parieron PERSECUCIÓN, REPRESIÓN Y CARCEL CONTRA TRABAJADORES, DELEGADOS Y SECRETARIOS SINDICALES.
Desde un primer momento, violaron el derecho de peticionar, ya que SE NEGARON A RECIBIRNOS COMO SINDICATO, desestimando lo resuelto por el propio Ministerio de Trabajo de la Nación, quien oportunamente ratificó las elecciones realizadas en el SEOM Jujuy, que dio como ganadora a la Lista Blanca, encabezada por Carlos “Perro” Santillán.
Este desprecio a un sindicato revela el repudio de algunos intendentes a nuestra Constitución Nacional, la que nos da a todos los ciudadanos el derecho de plantear inquietudes y reclamos a los funcionarios que ocupan cargos gubernamentales, con el fin de que ellos encuentren soluciones. Tanto es así, que la primera manifestación en la vía pública fue “recibida” con una feroz represión y posterior encausamiento judicial de la dirigencia y varios afiliados del gremio.
De este modo, USAN Y ABUSAN DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA COMO UNA HERRAMIENTA PARA DEMORAR Y DISTRAER. Otorgan la libertad bajo palabra a nuestros compañeros con restricciones violatorias de derechos naturales de todo dirigente gremial, prohibiéndoles “participar de reuniones multitudinarias” “bajo apercibimiento de revocar su estado de libertad”.
Se están violando derechos básicos: condiciones dignas y equitativas de labor; jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo vital móvil; igual remuneración por igual tarea; protección contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado público; organización sindical libre y democrática; el derecho de huelga; garantías para el cumplimiento de la gestión sindical; beneficios de la seguridad social.
Pero no sólo eso: SE FIRMARON ACTAS ACUERDOS QUE HAN SIDO IGUALMENTE VIOLADAS por la intendencia y simultáneamente la Justicia ordena la detención de los compañeros. ¿Qué nombre tiene esto?, criminalización judicialización y declaración de los compañeros municipales como terroristas.
Por todo ello, el SEOM, entre otras acciones, se encuentra analizando un pedido de audiencia al Superior Tribunal de Justicia, a fin de plantear esta situación y solicitar que se termine con la judicialización. NO MÁS PRESOS POLÍTICOS DEL SEOM.
