Sindicalistas se unen en defensa de Venezuela contra denuncias de empresarios en la OIT
Líderes sindicales latinoamericanos salieron ayer en defensa del gobierno de Venezuela, ante el pedido de los empresarios de ese país a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de un proceso de investigación al más alto nivel por denuncias de violaciones a la normativa internacional, en un inusual debate de clausura de la 104 Conferencia de la entidad.
Dos semanas de deliberaciones.
La habitual solemnidad y cuidadoso lenguaje diplomático que caracterizan el ponderado diálogo tripartito de la OIT en sus sesiones y reuniones, comenzó a quebrarse cuando la delegación de empleadores venezolanos pidió la palabra luego de que el plenario aprobara el informe de la Comisión de Aplicación de Normas, el órgano de control de la entidad, en el que Venezuela está observada por violaciones al Convenio 87 sobre libertad sindical y protección del derecho de sindicación.
La delegada empresarial presentó un recurso de queja para el establecimiento de una Comisión de Encuesta, el procedimiento de investigación de más alto nivel de la OIT, al que se recurre, en general, por violaciones persistentes y graves tras reiteradas negativas del gobierno denunciado de corregirlas. En sus casi cien años de historia, se establecieron 11 Comisiones de Encuesta.
La presentación, acompañada por otras 34 delegaciones de empleadores, denuncia “ataques y seguimiento personal a los dirigentes de Fedecámaras; vandalismo contra su sede; exclusión de la entidad en los procesos de diálogo social; falta de consulta sobre leyes que afectan el mundo laboral y económico de los empleadores y aprobación sin mecanismos de consulta tripartita en la fijación de los aumentos del salario mínimo; campañas de descrédito; agresión verbal y hostigamiento por personeros gubernamentales” contra esa organización y sus afiliadas “y privación de tierras a sus exdirigentes o a sus afiliadas».
En su réplica, el delegado gubernamental argumentó que dichas denuncias “están plagadas de mentiras e intereses netamente políticos y partidistas en contra del gobierno, bajo las aspiraciones antidemocráticas” de Fedecámaras, a la que acusó“ de utilizar a la OIT como escenario político para atacar al gobierno venezolano”. También reseñó que la entidad “fue protagonista de un golpe de estado y de un sabotaje petrolero perpetrado en 2002 y 2003 contra el gobierno y, ahora, está vinculada a la guerra económica a la cual viene haciendo frente el país”.
La delegación venezolana de trabajadores apoyó la posición de su gobierno al asegurar que Fedecámaras tiene»una agenda política direccionada desde afuera del país y ataca a la nación por los avances inmensos de los derechos de los trabajadores y porque se garantiza la justa distribución de la riqueza”.
“En Venezuela hay permanente diálogo social y Fedecámaras se autoexcluye del diálogo profundo y amplio porque no le interesa. Solo quiere acabar con la revolución bolivariana para regresar a la vigencia libre y plena de la noche neoliberal que tanto daño causa a la clase obrera mundial”, enfatizó el dirigente gremial.
El gobierno cubano, en tanto, rechazó lo que consideró un “nuevo intento de continuar escalando un caso que además de haber sido presentado recurrentemente es eminentemente político” y, de la misma manera, lo hicieron las delegaciones de trabajadores de Costa Rica y Benin.
El más contundente fue el representante sindical de Uruguay, quien calificó de “contrabando” que se haya retomado en la sesión plenaria de clausura un debate que se había negociado “de buena fe” y cerrado con “conclusiones de consenso” en el seno de la Comisión de Aplicación de Normas, cuyo informe final acababa de ser adoptado por el pleno de la Conferencia.
“Acaba de ser violada esa buena fe”, aseveró, y lamentó que “una vez más se use un espacio para amplificar cuestiones que tienen que resolver los propios venezolanos, la democracia que reina en Venezuela, el gobierno electo de Venezuela que tiene el apoyo de su pueblo y su gente”.
En sus conclusiones adoptadas hoy, la Comisión de Aplicación de Normas instó al gobierno de Venezuela al cese “inmediato de actos de injerencia, agresión y estigmatización contra Fedecámaras; que ponga fin a la impunidad de los crímenes contra trabajadores de la construcción; revise la práctica de entregar a las autoridades públicas listas de afiliados sindicales; ponga término a la intervención del Consejo Nacional Electoral en las elecciones sindicales y establezca sin más demoras el diálogo social” con todas las garantías del proceso.
La presentación del recurso de queja en el plenario de hoy cristalizó el sentimiento que muchos empleadores rumiaban en los pasillos de la OIT cuando se acordó la conclusión del caso en la Comisión de Normas de que “Venezuela la sacó barata”, según fuentes consultadas por Télam.
Para los trabajadores de la región, en cambio, el caso de Venezuela fue un “nuevo signo de que los empleadores están avanzando con el resurgir neoliberal que ya se está viendo en Europa”, según los gremialistas consultados.
El caso de Venezuela, investigado este año en la OIT junta al de otros 23 países, generó prolongados y complicados debates y puso en situación incómoda a los gobiernos del Grulac (Latinoamerica y el Caribe) que, un miembro de ese grupo, resumió en un pedido: “esperamos que el gobierno de Venezuela nos ayude a ayudarlo”.
El pedido de Comisión de Encuesta, que pasó ahora a análisis del Consejo de Administración, el órgano de gobernanza de la OIT, enturbió el cierre de la Conferencia.
El diálogo social tripartito falló al final para evitar un episodio anunciado, a tal punto que las intervenciones en defensa de Venezuela fueron discursos leídos y los pedidos del uso de la palabra de sus oradores acordados, quizá preparados desde el martes, cuando los empleadores venezolanos ya hacían circular entre sus pares la presentación de hoy para su firma.
