Subió la tensión entre España y Cataluña por la prisión de dos separatistas
Mientras Rajoy y Puigdemont intercambiaron cartas con advertencias, una jueza arrestó a los líderes de dos ONG secesionistas
Mientras Rajoy y Puigdemont intercambiaron cartas con advertencias, una jueza arrestó a los líderes de dos ONG secesionistas
La escalada de tensión entre España y Cataluña se agravó ayer, cuando el gobernante español Mariano Rajoy rechazó un mensaje ambiguo del presidente catalán Carles Puigdemont y le dio tiempo hasta el próximo jueves para acatar la Constitución española y dejar oficialmente sin efecto la efímera declaración de independencia que formuló el martes pasado, y que suspendió en ese mismo discurso. Pero la jornada tuvo un ingrediente grave e imprevisto cuando una jueza ordenó enviar a prisión a dos influyentes líderes independentistas por el delito de «sedición», lo que fue respondido por los catalanes separatistas con un sonoro cacerolazo. La crisis entre los separatistas de Cataluña y el gobierno central se configura así cada vez más como un diálogo de sordos de final imprevisible.
La jornada comenzó como se preveía: el gobierno español fijó un último plazo hasta el jueves al jefe del Ejecutivo catalán para que dé marcha atrás en su desafío independentista, vuelva a la legalidad y evite que el Estado intervenga la autonomía de la región. Puigdemont debía responder ayer un «requerimiento» formal del gobierno central para explicar si declaró o no la independencia de Cataluña la semana pasada. En su respuesta, sin embargo, eludió esa aclaración y se limitó a pedir a Rajoy dos meses de diálogo, lo que fue recibido en Madrid como un incumplimiento. «El gobierno lamenta que el presidente de la Generalitat haya decidido no contestar al requerimiento», dijo la vicepresidenta del gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría. «No era muy difícil decir sí o no. Era la pregunta que se le hacía».
El propio Rajoy respondió a Puigdemont en términos similares con una carta que apunta ya al jueves. «Espero que en las horas que quedan hasta que se cumpla el segundo plazo del requerimiento responda con la claridad que todos los ciudadanos exigen y el derecho requiere», señaló el mandatario del Partido Popular (PP).
Puigdemont anunció la independencia unilateral de Cataluña el martes pasado en el «Parlament», pero la suspendió de inmediato para pedir diálogo con el gobierno español, creando así una confusa situación tanto en Madrid como en Barcelona. Rajoy fijó luego los dos plazos, el de ayer y el del jueves, para aclarar lo ocurrido y advirtió que, si Puigdemont no lo hacía, el gobierno activaría el artículo 155 de la Constitución, que permite «adoptar las medidas necesarias»para que el Estado fuerce a una región a cumplir sus obligaciones. De hecho, con el ultimátum Rajoy comenzó a aplicar el artículo 155, que ordena que el gobierno actúe «previo requerimiento al presidente de la Comunidad Autónoma y en el caso de no ser atendido». Eso es precisamente lo que está haciendo el gobierno español.
Pero Rajoy intenta evitar hasta último momento aplicar la intervención de Cataluña por su impacto político. Sería inédita en 40 años de democracia española. Llegado el primer plazo, Puigdemont respondió ayer con una carta que pide diálogo. «No dejemos que se deteriore más la situación», propone en tono conciliador. «Con buena voluntad, reconociendo el problema y mirándolo a la cara, estoy seguro de que podemos encontrar el camino a la solución».
La oferta fue desestimada por Sáenz de Santamaría y otros miembros del gobierno y del PP tacharon de «burla» y «confusión deliberada»la respuesta del catalán. El líder del PP en Cataluña, Xavier García Albiol, la consideró una prueba de que Puigdemont «es un inconsciente y pretende reventarlo todo». Pero la ambigüedad de la respuesta de Puigdemont irritó no solo al gobierno, sino también a la CUP, el partido radical que apoya al gobierno de Puigdemont pero le exige que proclame de inmediato la republicana catalana. «La CUP habría hecho una carta muy diferente», criticó la diputada Mireia Boya. Su par Benet Salellas exigió directamente declarar la independencia como «instrumento de autodefensa» antes de que el gobierno aplique el 155.
Por promover incidentes
Mientras se conocía el intercambio de cartas, un segundo foco de tensión se abrió en Madrid, cuando el jefe de la Policía regional de Cataluña, Josep Lluís Trapero, acudió por segunda vez a declarar en la Audiencia Nacional imputado por delito de sedición. La fiscalía pidió prisión sin fianza para Trapero, lo que habría provocado un fuerte impacto político en Cataluña, pero la jueza Carmen Lamena lo dejó en libertad provisional. Sin embargo, la jueza sí decretó prisión preventiva de los líderes de dos asociaciones independentistas catalanas, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, por el delito de sedición ligado a hechos ocurridos el 20 de septiembre en Barcelona. La magistrada los señala como los «principales promotores y directores» de una concentración ante un edificio del gobierno catalán en el que la policía española efectuaba allanamientos para impedir el referéndum del 1º de octubre. Los manifestantes dañaron vehículos policiales y bloquearon por horas la salida de los agentes. Sánchez, presidente de la Asamblea Nacional de Cataluña (ANC), y Cuixart, de Omnium Cultural, se subieron sobre un vehículo de la Guardia Civil española y llamaron a «la movilización permanente. Que nadie se vaya a casa, será una noche larga e intensa», clamó Sánchez.La medida contra Sánchez y Cuixart provocó un cacerolazo en varios barrios de Barcelona y otros lugares de Cataluña.
