Tierra arrasada: Vidal deja un verdadero agujero negro en el sistema de salud Provincial
El próximo ministro de Salud se encontrará con una larga de lista de carencias cuando ingrese a su oficina de Calle 51. Luego de cuatro años de gestión de María Eugenia Vidal, la cartera acumula atrasos de todo tipo y facto.
El próximo ministro de Salud se encontrará con una larga de lista de carencias cuando ingrese a su oficina de Calle 51. Luego de cuatro años de gestión de María Eugenia Vidal, la cartera acumula atrasos de todo tipo y facto. Principalmente, económicos y de infraestructura.
Quien quiera que asuma los destinos del Ministerio de Salud el 10 de diciembre, cuando comience la “era Kicillof”, se encontrará con un panorama todavía más delicado que el que recibió, hace cuatro años, Zulma Ortiz, la primera titular de la cartera que hoy maneja Andrés Scarsi.
El gran relato en torno a la gestión Vidal pondera dos acciones fundamentales: la implementación del SAME y el Plan Provincial de Guardias, y la puesta en valor de CAPS, en el marco de plan AMBA entre el Gobierno Nacional, la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia, lo que mejoró el primer nivel de atención.
Por afuera de esas medidas, distintas fuentes consultadas por INFOCIELO –entre ellas los gremios del sector, centros de estudios y los equipos técnicos de campaña del Frente de Todos- advirtieron que no se priorizó ninguna otra política sanitaria: los sueldos del personal perdieron 40 puntos frente a la inflación, la infraestructura hospitalaria, por fuera de las guardias, empeora día a día, la provisión de medicamentos e insumos es insuficiente, e incluso escasearon las dosis de vacunas.
Tampoco les convence la implementación del SAME, a la que el propio Kicillof considera una medida “electoralista” que tendrá un efecto negativo en las arcas de los municipios, que deben hacerse cargo de su prestación paulatinamente y conforme pasan los años, de acuerdo a los convenios que firmaron con la Provincia.
Todo esto se produce en un contexto en el que se advierte un aumento de la demanda de atención, fenómeno relacionado directamente con el aumento del desempleo, que deja a los trabajadores sin obra social, y el empeoramiento de las condiciones de vida. De manera complementaria, colaboran allí las restricciones en la cobertura de medicamentos para jubilados, que los llevan a buscarlos directamente en los hospitales públicos.
Las estadísticas marcan que las consultas médicas tienen un aumento sostenido desde 2011, con algunos picos. El último fue en 2017, el peor año de la economía macrista, con un salto de 6.5 por ciento. También se registra un aumento fuerte de las internaciones, que treparon 6.26 por ciento en el mismo período, lo cual implica “una mayor presión sobre el sistema de salud de la Provincia”, que no encuentra correlato en políticas públicas.
UNA MIRADA PRESUPUESTARIA
El novel titular del área, desde diciembre, deberá resolver un profundo reclamo salarial: los trabajadores de la salud evalúan que sus salarios perdieron un 40% con la inflación de los últimos dos años. Y ya adelantaron que buscarán recuperar esa cifra para empezar a discutir el 2020.
El gasto en personal del Ministerio de Salud, para todo 2019, se presupuestó en 33 mil millones de pesos. Satisfacer la demanda de los trabajadores implicaría agregarle entre 10 y 15 mil millones a esa masa de recursos. Será, sin dudas, un problema para la próxima administración.
Hasta ahora, la tendencia de los recursos con los que se dota al Ministerio de Salud va en sentido inverso. En 2016, el presupuesto se incrementó 4 puntos por debajo de la inflación; en 2017, 5.1 por ciento; en 2018, 12 por ciento. En 2019, aún sin haber terminado el año, ya se encuentra 11 puntos por debajo del incremento de precios generales. Y es bastante menos de lo que pagará en concepto de deuda el Estado bonaerense en el mismo período.
INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA
Buenos Aires tiene una red asistencial que incluye 77 hospitales provinciales y 18 Unidades de Pronta Atención. Ese número se mantuvo estable, pero puertas adentro se agravaron las deficiencias de infraestructura básica en Hospitales Generales, en los cuales hubo prolongados cortes de luz – como en la neonatología del Hospital de Niños de La Plata-, salas inundadas, caída de cielorrasos y mamposterías, etcétera.
Los informes reservados que se entregan a Axel Kicillof y a su equipo consideran “incomprensible” el recorte presupuestario, de unos 400 millones, que se aplicó al Hospital modelo “El Cruce” de Florencio Varela. De la misma manera tildan que se haya decidido no poner en funcionamiento los cinco hospitales de gestión mixta que se dejaron prácticamente listos para diciembre de 2015.
Se trata de los hospitales del Bicentenario de Escobar y de Esteban Echeverría, y los hospitales SAMIC de Rafael Castillo, Laferrere y Cañuelas –largamente reclamados por los intendentes de esos distritos, que son todos del peronismo- que, se estima, podrían realizar 22.700 internaciones, 11.250 partos y 6.430 cirugías al año. Un sexto hospital, el de Ituzaingó, fue abierto con recursos municipales y opera, pero con objetivos muy distintos a los que se plantearon en su concepción.
INSUMOS y FÁRMACOS
Una decisión muy cuestionada a la administración de Cambiemos fue que se discontinuara la producción de fármacos y sueros en el laboratorio Tomás Perón, de La Plata, y de sus plantas asociadas. El Instituto cambió tres veces de conducción en tres años. Vidal optó primero por un investigador del CONICET, luego por un CEO de la industria farmacéutica y finalmente por una administrativa del Ministerio de Salud.
Ninguna de las tres gestiones puso en valor al Biológico, un instituto valorado durante décadas por su capacidad de producción de medicamentos. Un informe publicado por el Instituto de Estudios en Salud de ATE en septiembre de este año, alerta sobre el debilitamiento “extremo de la capacidad productiva” y sobre su posible desaparición.
La gestión de la Gobernadora, siempre según ese documento, discontinuó convenios con municipios, abandonó líneas de producción específicas y dejó de comprar insumos básicos como materiales de vidrio y reactivos, que redundó, o más bien fue parte, de un “intencionado y persistente proceso de abandono”.
Entre los ítems que enumera aparece la reducción de la inversión edilicia y tecnológica; se abandonaron los mantenimientos preventivos; no se previó el deterioro de las cañerías de gas que dejaron sin servicio a todo el sector productivo; se detuvieron obras iniciadas; no se renovó maquinaria de producción ni se repuso las averiadas.
También desmintieron un anuncio de Vidal en torno a la producción de un medicamento complementario de los tratamientos oncológicos, el Tramadol, para la cual no se garantiza la provisión a hospitales, “ya que solo se compró materia prima para el desarrollo y un lote piloto”, con lo cual los establecimientos bonaerenses “no podrán tener este medicamento hasta la ejecución del presupuesto 2020”.
Hoy, la producción del Tomás Perón se redujo 20 por ciento –más que nada medicamentos contra la diabetes, la hipertensión y AINES, junto a vacunas como la antirrábica o la BCG, que suelen faltar en los hospitales y los centros de vacunación de toda la Provincia.
VACUNAS
Según un informe elaborado por la Fundación Soberanía Sanitaria, Buenos Aires padeció efectos severos del ajuste en la política de inmunizaciones. “Del total de vacunas incluídas en el CNV, sólo en 3 casos recibió el 100% de las dosis requeridas: la vacuna contra la difteria y el tétanos (doble bacteriana), la vacuna contra la difteria, tos convulsa y tétanos (triple bacteriana) y la vacuna pediátrica contra gripe”, se lee en el informe nº50, de julio de este año.
Ese informe habla de “faltantes o entregas irregulares de vacunas claves para prevenir enfermedades ya eliminadas de nuestro país como la poliomielitis o la difteria, y de otras controladas como el sarampión o la rubeola” y se basa en un relevamiento llevado a cabo en distritos del Conurbano.
Mediante ese trabajo se demostró que existen faltantes en la vacuna contra la meningitis, HPV, triple bacteriana acelular, BCG, quíntuple, hepatitis B, la poliomielitis (OPV), contra la difteria, 12 Universidad Nacional de José C. Paz Observatorio de Políticas Sanitarias e Inequidades en Salud tos ferina, tétanos, hepatitis B y Haemophilus influenzae tipo b (quíntuple), hepatitis A y contra el neumococo (Neumo 13).
Esa situación derivó en un pedido muy firme de los Jefes de Inmunización de las provincias, que en 2017 advirtieron que no contaban con «las dosis planificadas para cumplir con la vacunación antimeningocócica cuadrivalente (Menveo®) de los niños de 3 y 5 meses y de los adolescentes de 11 años; incluso en muchas provincias la vacunación en este grupo etario directamente NO SE REALIZÓ».
Por eso subrayaban la necesidad de que el Ministerio de Salud de la Nación internviniera para evitar una crisis sanitaria, toda vez que tampoco había dosis suficientes de «vacunas como SRP (triple viral), DPT (triple bacteriana), Hepatitis B, vacuna contra VPH, vacuna contra rotavirus, vacuna antirrábica, Sabin bivalente, entre otras», todas incluidas en el Calendario Nacional y por ello obligatorias por ley.
Veintitrés estados provinciales firmaron la declaración. Sólo uno se mantuvo al margen: Buenos Aires.
UN RECURSO HUMANO DEVASTADO
Enumerar todos y cada uno de los desaciertos y déficits de la gestión de Zulma Ortiz y de Andrés Scarsi, bajo la tutela de María Eugenia Vidal, es una tarea titánica. Por fuera de los ejes pormenorizados con anterioridad se menciona con insistencia una serie de hechos que también demandan atención.
· Fue nula la promoción de nuevos enfermeros. De hecho, se llevó a su mínima expresión, mediante la falta de actualización presupuestaria, el programa de formación Eva Perón, implementado entre los años 2009-2015, con el que se formaron 5.000 enfermeros que pasaron a la planta de los nosocomios provinciales.
· Asimismo, resultó insuficiente el diálogo intersectorial con actores de la Salud bonaerense como colegios profesionales, universidades, gremios, sociedades científicas, etcécera, según admitieron esas entidades.
· Tampoco existió predisposición para avanzar en la implementación de la Ley Nacional de Salud Mental, ya que no hubo recursos para poner en marcha dispositivos alternativos al manicomio ni avances en la conformación de servicios de Salud Mental en hospitales alternativos a los monovalentes.
· Pese a la declaración de Emergencia Nacional en Adicciones, el macrismo permitió la paralización de acciones y avaló la falta de fondos para los Centros de Prevención de Adicciones (CPA). El corrimiento de la Provincia se vio manifestado, entre 2015 y 2017, en una fuerte disminución de las atenciones hospitalarias en los hospitales que dependen de La Plata. Eso redundó en un aumento de las consultas y egresos municipales.
