Tras la causa Pergamino: la Justicia quiere saber el estado del agua en seis municipios de la zona
La justicia federal busca ampliar el conocimiento acerca del impacto de los agroquímicos en la provincia.
La justicia federal busca ampliar el conocimiento acerca del impacto de los agroquímicos en la provincia. Ahora, un fiscal ordenó que seis municipios cercanos a Pergamino informen si se están aplicando medidas para controlar las fumigaciones.
La justicia federal sigue de cerca las denuncias por el mal uso de los agroquímicos y su relación con la contaminación ambiental y enfermedades de la población.
Ahora, el fiscal federal Matías Di Lello emitió un pedido de informe a seis municipios de la Segunda Sección para establecer si desde allí se vienen realizando algún tipo de control para el uso de los diferentes llamados fitosanitarios, que desde hace un tiempo comenzaron a ser el centro de una polémica en la provincia.
El pedido de informes para conocer las prácticas relacionadas con la aplicación de los agroquímicos abarca a Colón, San Nicolás, Arrecifes, San Pedro, Capitán Sarmiento y Ramallo.
La zona en donde se enfoca la justicia, no es casual. Son los municipios cercanos a Pergamino, ciudad en donde el año pasado una investigación encausada por el Juzgado Federal de San Nicolás estableció que parte del agua estaba contaminada con al menos 18 tipos de agroquímicos, así con presencia de grandes dosis de arsénico.
Allí, como en otras localidades bonaerenses, se registran numerosos casos de cáncer y otras enfermedades que según los expertos, tiene conexión con los efectos de las fumigaciones.
En Pergamino, la Justica falló para que se prohíban las pulverizaciones a menos de mil metros de forma terrestre y a menos de tres mil, de forma aérea. Además, imputó a tres funcionarios del gobierno local, a manos de Javier Martínez (Juntos por el Cambio).
Por eso, el fiscal de la causa Pergamino quiere establecer un mapa pormenorizado de la situación y elevó ese pedido a seis municipios cercanos, los cuales deberán contestar en el plazo de 15 días.
Parte del pedido apunta a preguntar si “existen zonas de exclusión para preservar la integridad de las personas que viven en las cercanías en donde se aplican los pesticidas”, así como si “existen barreras forestales”.
Por otro lado, Di Lello instruyó a los municipios a que brinden información acerca de si se está capacitando a funcionarios y personal para el uso y consecuencias de los agroquímicos.
Vale aclarar que el nuevo gobierno bonaerense decidió continuar suspendiendo la polémica resolución 246/2018 que permitía fumigaciones a pocos metros de centros urbanos, así como también encabezó la conformación de un Observatorio Técnico de Agroquímicos con especialistas, para avanzar hacia la sanción de una nueva ley regulatoria.
