Tras la polémica por el avalúo fiscal: Mendoza pierde millones por falta de actualización
La polémica generada por las declaraciones juradas de los funcionarios de Cornejo permitió revelar una inexplicable falta de actualización de los valores de las propiedades. Se habla de $7.000 millones al año.
La polémica generada por las declaraciones juradas de los funcionarios de Cornejo permitió revelar una inexplicable falta de actualización de los valores de las propiedades. Se habla de $7.000 millones al año.
La publicación de las declaraciones juradas de los funcionarios de la gestión de Alfredo Cornejo desató un tsunami de críticas por los irrisorios valores de algunas de las propiedades y bienes registrados.
Quizás el que más enojo causó por lo increíble del dato fue una casa de la vicegobernadora Laura Montero, declarada por 70 centavos.
Más allá de las explicaciones del caso, el tema puso de nuevo en agenda una vieja discusión: cómo se realiza el avalúo fiscal de las propiedades y desde cuándo no se realiza una actualización del registro catastral para que no ocurran situaciones irregulares y para mejorar la recaudación impositiva de Mendoza.
El arquitecto y ex legislador justicialista Roberto Blanco es autor de un proyecto para que Mendoza tenga una normativa específica en esta área. Esta obligaría a los gobiernos a realizar un censo catastral cada cuatro años para tener los datos actualizados.
Además, Blanco elaboró un informe que da cuenta de lo que Mendoza pierde año a año por cobrar mal el Impuesto Inmobiliario. Según sus cálculos –basados en datos de la recaudación oficial que se encuentran en la página del Ministerio de Hacienda de Mendoza–, se pierden $5.000 millones por cálculos mal realizados de los impuestos Inmobiliario y de Sellos. En tanto, el Estado también deja de percibir aproximadamente $2.000 millones por construcciones clandestinas, decir, sólo en esos rubros: Mendoza no recauda $7.000 millones.
Según datos del ex legislador, en 10 años, Mendoza ha perdido $70.000 millones por estos errores o por falta de registro de los datos catastrales.
La pérdida en la recaudación
Con los datos proporcionados por el Estado en mano, Blanco explicó cómo fue decayendo la recaudación impositiva mendocina, desde fines de los ’80 hasta ahora.
A fines de la década de 1980, el Estado recaudaba un equivalente al 42% del presupuesto en impuestos provinciales (Ingresos Brutos, Inmobiliario, Automotor, Sellos).
Entre el 2007 y el 2013, ese porcentaje cayó al 24%. Mientras, entre el 2014 y el 2015, el total de la recaudación significó 26% de la pauta presupuestaria anual de Mendoza.
Blanco destacó que uno de los principales motivos de que ocurra esto es la total desactualización del avalúo fiscal de las propiedades.
Para explicarlo mejor utilizó algunas comparaciones. En 1990, se tomaba el valor del m2 a $210. En aquel momento, este valor representaba el 70% del real, que se estimaba en $300. Este es, según el arquitecto, el porcentaje recomendado por el catastro internacional. En cambio, en la actualidad, el valor estimado del m2 equivale al 17% del valor real: Mendoza lo toma a $1.750, mientras que el valor del mercado es de $10.000 por m2.
«Si aumentáramos el avalúo fiscal de las propiedades, recaudaríamos más por el Impuesto Inmobiliario y por el sellado en las transferencias de compra y venta», aseveró el ex legislador.
54 años sin datos catastrales
Otro de los elementos que no ayudan a recaudar correctamente es la desactualización de los datos catastrales de Mendoza. Según el informe de Blanco, las últimas actualizaciones catastrales urbanas de Mendoza fueron hechas en base a tecnología aero-fotogramétrica y satelital, y datan de 1999, es decir, de hace 17 años.
También alarma el dato de la de-sactualización de los registros catastrales rurales: no se hacen desde 1962, es decir, Mendoza lleva 54 años sin renovarlos.
«El catastro es un elemento crucial para el desarrollo de la economía provincial y municipal, e incide sobre la planificación urbana, los servicios, la regulación de la tenencia de la tierra, el uso del suelo y la recaudación impositiva», manifestó Blanco.
El ex diputado explicó, además, que existen empresas nacionales e internacionales capaces de brindar este servicio y que, incluso, cobran un porcentaje de la mayor recaudación que el Estado obtenga por el relevamiento y la modificación de los datos que a través de él se realicen.
«Es cuestión de eficiencia y decisión política», recalcó.
Para concluir, Roberto Blanco destacó que desde hace 17 años, las sucesivas gestiones de gobierno de Mendoza han intentado licitar el relevamiento de imágenes satelitales para la actualización catastral, sin conseguirlo.
La última vez que se intentó fue en el 2011, año en el que se había conseguido financiamiento del BIRF y la licitación llegó hasta la preadjudicación, pero no se concretó.
«En los últimos 20 años, casi todas las provincias argentinas invirtieron dinero en tecnología en esta área, Mendoza es una de las que no lo hizo», remató el ex diputado.
Qué dice la Fiscalía de Estado
El responsable del área de declaraciones juradas de la Fiscalía de Estado de Mendoza, Mariano Made, explicó que el registro del patrimonio de los funcionarios es una herramienta de seguimiento de los bienes de estos. Por eso, lo que se pide es que se coloque el valor registrado de las propiedades.
«El valor que el funcionario declare queda a su criterio, si coloca un precio de siete australes o de un peso, no es nuestra función opinar al respecto». Lo que sí es responsabilidad de la Fiscalía es controlar que puedan justificar los bienes que adquieren mientras sean funcionarios públicos.
La visión de Cornejo y del jefe de la ATM
El gobernador Alfredo Cornejo aseguró que desde que el tema del contenido de las declaraciones juradas saltó a los medios, ha recibido innumerables pedidos de los funcionarios de su gestión para que el decreto firmado por Francisco Pérez se modifique. Esto, para que se incluya a todos los poderes del Estado y para definir exactamente el criterio con el que se registra el valor de los bienes.
El director de la Agencia Tributaria Mendoza (ATM), Alejandro Donatti, explicó que lo que sucedió con los registros de las declaraciones juradas en las que aparecen inmuebles valuados a precios irrisorios, tuvo que ver con la falta de claridad de la norma dictada por el ex gobernador Francisco Pérez, para que los funcionarios tuvieran la obligación de realizar la declaración jurada de sus bienes.
«El decreto que dictó el ex gobernador Francisco Pérez no ha determinado la metodología para valuar los bienes que declaran los funcionarios. Como sí parece estar claro en los apartados que piden el registro de los bienes personales. Como no está claramente especificado ha quedado a criterio de los funcionarios».
Irregularidades
Por otra parte, asumió que los registros catastrales de Mendoza estaban desactualizados.
«Lo que hacemos es cruzar los datos que tenemos con los de los municipios para actualizar el catastro. Pero lamentablemente en nuestro país estas irregularidades son habituales, hay muchas construcciones clandestinas, sin habilitación municipal. No es común que la gente denuncie que le están cobrando de menos. Para eso el Estado tiene que investigar», expresó Donatti.
