Trump deja sin protección legal a 200 mil inmigrantes salvadoreños
Les quitó el status de refugiados del que gozaban desde 2001 y ahora tienen 18 meses para regularizar su situación o volver a su empobrecido país
Les quitó el status de refugiados del que gozaban desde 2001 y ahora tienen 18 meses para regularizar su situación o volver a su empobrecido país
El presidente Donald Trump puso punto final al Estatuto de Protección Temporaria (TPS, en inglés) que daban protección a unos 200.000 inmigrantes salvadoreños. Estos tienen ahora 18 meses para hallar otra forma de regularizar su situación o bien irse del país. La oposición demócrata rechazó en duros términos la decisión de Trump.
El TPS para los salvadoreños había sido adoptado por Estados Unidos después del terremoto que sufrió ese país en 2001, pero la decisión de ayer de la secretaria de Seguridad Interna, Kirstjen Nielsen, considera que están dadas las condiciones para que El Salvador reciba de retorno a estas personas. La administración Trump afirmó que «basada en una cuidadosa consideración de la información disponible, la Secretaria de Seguridad Interna determinó que las condiciones originales causada por el terremoto de 2001 ya no existen», dijo un alto funcionario del Departamento de Seguridad Interior (DHS, en inglés). Por ello, añadió, «la actual designación de TPS (para los salvadoreños) debe ser extinta».
La misma fuente apuntó que para «garantizar una transición ordenada» las autoridades determinaron un plazo hasta el 9 de septiembre del próximo año. Con la no renovación de la protección temporaria, los ciudadanos salvadoreños retornarán «al estatus migratorio que poseían antes del TPS» y por lo tanto deberán abandonar el país o hallar otro camino para regularizar su situación.
Esto abre un escenario de enorme incertidumbre para decenas de miles familias de salvadoreños que eran beneficiarias del TPS y tuvieron hijos en Estados Unidos, de forma que estos últimos son ciudadanos estadounidenses. En este cuadro, la situación queda en manos del Congreso estadounidense, que en ese plazo de 18 meses podría definir una fórmula para que estas personas renueven su residencia.
La decisión de no renovar los beneficios del programa TPS representa un guiño a los sectores republicanos que exigen mano dura contra la inmigración ilegal. El TPS, desde su concepción, tuvo un carácter de protección a personas en situación de emergencia humanitaria, pero en el gobierno de Trump afirman que es una fisura en la legislación que permite la inmigración en masa.
El DHS apuntó que Estados Unidos ha repatriado a El Salvador más de 39.000 ciudadanos en los últimos dos años, y eso «demuestra que la incapacidad temporaria de El Salvador de recibir adecuadamente a sus nacionales después del terremoto ha sido atendida».
Al conocerse la determinación del fin del TPS para los salvadoreños el presidente del Comité Nacional Partido Demócrata, Tom Perez, señaló que se trata de «una decisión cruel y sin corazón de parte de un presidente cruel y sin corazón». Por su parte, el senador demócrata Tim Kaine apuntó en un comunicado que «nuestro país siempre ha recibido y protegido personas que precisan de refugio, pero en un año hemos visto al gobierno de Trump pisotear estos valores al demonizar inmigrantes y refugiados». Por su parte, el legislador Joe Crowley apuntó en la red Twitter que la decisión de no renovar el TPS para los salvadoreños era «enfermiza». Para la senadora Catherine Cortez Masto «revocar el TPS para los salvadoreños no solo separará familias, su deportación también los pondría en situaciones peligrosas y que amenazan sus vidas».
En el mismo cuerpo diplomático estadounidense hubo críticas. «Estoy aquí para anunciar la decisión de la secretaria de Seguridad Nacional (Kirstjen Nielsen) de terminar con el programa de TPS para los salvadoreños. Estamos hablando de alrededor del 12 por ciento de los salvadoreños que viven en Estados Unidos», lamentó la embajadora estadounidense en El Salvador, Jean Manes. La diplomática señaló la gravedad del problema, y recordó que detrás de cada una de estas personas con TPS hay una familia en Estados Unidos y sus familiares en El Salvador. Se estima que este grupo tiene unos 192.000 hijos en ese país.
Ya el 7 de noviembre pasado el DHS decidió no renovar el TPS para unos 5.300 nicaragüenses, protegidos desde que el huracán Mitch arrasó su país en octubre de 1998. Poco después, el 20 de noviembre, el DHS hizo lo mismo con la protección para unos 59.00 haitianos, en su mayoría sobrevivientes del terremoto de 2010. Sin embargo, el gobierno decidió postergar la protección a 86.000 hondureños, hasta que analicen si están dadas las condiciones para que esas personas retornen a su país, azotado por la violencia urbana.
