Tucumán: El Tribunal de Cuentas detectó, en siete comunas, anomalías en obras
EN EL SALÓN DE UN HOTEL. En mayo, el ministro del Interior, Osvaldo Jaldo, reunió a los comisionados rurales. prensa ministerio del interior
El organismo de control objetó gastos solventados con el Fondo Fiduciario 2008. El mes pasado fueron apercibidos dos delegados por adeudar documentos. Regularizaron su situación tres comisionados rurales.
“Vemos, como nunca en la historia, que las delegaciones comunales presentan los balances en tiempo y forma. Las comunas están al 100% en la presentación de balances ante el máximo organismo de control, que es el Tribunal de Cuentas (TC)”. El ministro del Interior, Osvaldo Jaldo, formuló estas declaraciones en mayo, tras una reunión en el Hotel Catalinas Park con los 93 delegados rurales de Tucumán.
Las aseveraciones del funcionario alperovichista, sin embargo, entran en aparente contradicción con una serie de auditorías e investigaciones administrativas que difundió el mes pasado el Tribunal de Cuentas.
Según consta en 21 acuerdos (resoluciones) publicados en la web del TC en mayo -referidos exclusivamente a gestiones de gobiernos locales-, el organismo de control dispuso apercibir de manera formal a dos delegados por reiteradas moras en la presentación de documentación y advirtió -sin sancionar aún- por similares motivos a titulares de cinco comunas, a quienes dieron plazos para ponerse al día.
Además, el Tribunal de Cuentas indicó observaciones en auditorías por el uso de recursos del Fondo Fiduciario 2008 en los gobiernos locales. Producto de esos informes, el órgano abrió un juicio de responsabilidad contra un ex comisionado rural, y detectó presuntas anomalías en la edificación de escuelas, comedores y otras obras públicas.
También en mayo, el TC reasignó a sus abogados para concretar la ejecución de cargos fiscales (multas en dinero) contra cuatro ex delegados rurales por la falta de regularización de comprobantes de gastos.
En contrapartida, en ese lapso, el ente de control dio por resuelta la situación administrativa de una comisionada rural que debía rendir $ 5.000 y aprobó, sin observaciones, dos auditorías.
Un decreto para un plan
La mayor parte de los cuestionamientos emanados del TC (presidido por Miguel Chaibén Terraf, con las vocalías de Marcelo Vidal y Sergio Díaz Ricci) aparecieron en el ámbito de auditorías por obras y otros gastos solventados con el Fondo Fiduciario (FF) de 2008. Este programa fue creado para las comunas rurales el 20 de febrero de 2008, mediante el decreto acuerdo N° 18/10 MI, que lleva la firma del gobernador, José Alperovich, y de funcionarios de su gabinete (entre ellos, el ministro Jaldo).
En ese documento, el Gobierno “faculta a las comunas rurales a efectuar cesiones de sus participaciones en el producido de los impuestos nacionales y provinciales sujetos a distribución, como así también de cualquier otro recurso de libre disponibilidad”. Además, autoriza a los comisionados “a contratar en forma directa, previo cotejo de precios, lo necesario” para la concreción de obras públicas y la adquisición de equipamiento. El agente financiero designado para el Fondo Fiduciario fue la Caja Popular.
El Tribunal de Cuentas cuestionó este sistema al publicar el análisis de la Cuenta de Inversión 2013 (o sea, el informe del Gobierno provincial sobre la rendición de los ingresos y erogaciones en ese período). Al analizar la operatoria de estos préstamos a las comunas (y municipios), constató que “la registración presupuestaria (…) se realiza mensualmente de manera global por un neto resultante entre los importes girados en préstamos a los municipios y comunas rurales en el mes, y lo reintegrado por ellos en el mismo periodo”. Este mecanismo, según el TC, “no se ajusta a principios contables que requieren que la registración debe ser completa”. Casi el 50% de los acuerdos referidos a comunas rurales que dictó el TC en mayo cuestionan obras concretadas mediante este programa. El ente “puso la lupa” en Chicligasta, Alto Verde y Los Guchea, Los Puestos, Escaba y La Calera, Santa Rosa de Leales, El Mollar y Colalao del Valle (ver abajo).
El estado de las comunas durante el mes pasado, según el TC
1) Comuna Rural de Villa Benjamín Aráoz
El Tribunal de Cuentas clausuró un sumario de cuentas iniciado por la falta de regularización de $ 5.000. Según el acuerdo N° 1.625, del pasado 29 de mayo, se había autorizado en 2008 a la contratación de artistas por $ 15.000 para fiestas patronales. La comuna regularizó este mes su situación sobre la base de una resolución del Ministerio del Interior de ese año que ampliaba a
$ 20.000 el monto autorizado para estos acontecimientos.
2) Comuna rural de Chicligasta
En el acuerdo N° 1.576, publicado el 27 de mayo, trata de una auditoría por obras y gastos a los que se destinaron recursos del Fondo Fiduciario 2008. El TC resolvió ratificar el inicio de un juicio de responsabilidad contra los ex comisionados rurales Seferino Víctor González y su ex secretario, Gerardo Rubén Silva, por observaciones no aclaradas: a) mejoras habitacionales por
$ 46.000 (“deterioro injustificado de obras que acusan poca antigüedad”) y b) supuestas anomalías en la edificación de sanitarios para Escuela N° 131 (“falta de terminación en obras, tales como instalación eléctrica, revoque fino, galería y pintura”).
3) Comuna rural de Alto Verde y Los Guchea
El ente de control aplicó una sanción de apercibimiento a Humberto Enrique Vides en su carácter de comisionado comunal, según el acuerdo N° 1.450, por una serie de observaciones en una auditoría sobre recursos del Fondo Fiduciario 2008. En la obra “Construcción Aula y Fogón Escuela Fray J. Santa María de Oro-Alto Verde-Chicligasta-Segunda Etapa” se constató en abril que “el aula estaba habilitada para el uso, faltándole la pintura y la colocación del piso que, al momento de la visita, estaba acopiado en la misma aula. Con respecto al fogón, este no se lo construyó y esos recursos se los utilizaron para ampliar el aula”. En el acuerdo publicado el 16 de mayo, el TC otorgó cinco días al comisionado para ponerse al día con la documentación.
4) Comuna rural de Los Puestos
Según el acuerdo N° 1.438, del 16 de mayo, el comisionado comunal Leonardo Nicolás Ávila fue apercibido debido a “una conducta de omisión” para cumplir con la documentación requerida en una auditoría sobre recursos del Fondo Fiduciario 2008. En el acuerdo N° 703, de marzo pasado, el TC insistía por información sobre la obra para la construcción de sanitarios en la Escuela N° 185. Los auditores dijeron que “los fondos fueron recibidos por la comuna (…) sin haberse aplicado a esos fines”.
5) Comuna rural de Escaba y La Calera
El acuerdo N° 1.380 aprobó la auditoría formulada sobre recursos por el Fondo Fiduciario 2008. El TC observó la obra “Construcción de cocina comedor en la Escuela N° 69 de La Calera”. En marzo pasado se constató que esta “estaba terminada, sin alcanzar el nivel de terminación de acuerdo a la documentación técnica adjunta. Respecto del sector de la cocina, no se pudo ingresar (…). Falta pintura exterior (lado cocina y comedor)”.
6) Comuna rural de Santa Rosa DE Leales
El Tribunal de Cuentas, en el acuerdo N° 1.379 (13 de mayo), pidió al comisionado rural “documentación e información detallada (…) referida a la construcción de jardín de infantes y cerca perimetral de la Escuela N° 272-Santa Rosa de Leales”. “De la constatación efectuada el 12/03/2014 (…) surge que la cerca perimetral no fue ejecutada”. El órgano otorga 10 días al comisionado rural para regularizar su situación.
7) Comuna rural de Río Chico y Nueva Trinidad
El acuerdo 1.377 (13 de mayo) concede 10 días hábiles al delegado rural Ariel Elías para que responda requerimientos de los auditores sobre recursos por el Fondo Fiduciario 2009, 2010, 2011 y 2013. En un acuerdo anterior (N° 1.376, del 12 de mayo) se realizan advertencias sobre obras y gastos con dineros del Fondo Fiduciario 2008, y se da 10 días a Elías para ponerse en regla.
8) Comuna rural de El Mollar
En una auditoría sobre obras y gastos con recursos del Fondo Fiduciario 2008 (acuerdo N° 1.353, del 12 de mayo), se requiere al comisionado rural que en 10 días remita informes. Se observa la obra “Construcción de sanitarios-Escuela N° 38-El Mollar”. En una inspección en abril, el TC detectó que “la altura de mingitorios no es recomendable para niños de escuela, como la altura de la pileta para lavar las manos”. Se advierte que “los baños no se encuentran funcionando por falta de alimentación de agua, y por la altura de mingitorios y mesadas de lavatorios”.
9) Comuna rural de Colalao del Valle
El TC expresó en el acuerdo N° 1.301 (8 de mayo) el curso de una auditoría sobre recursos del Fondo Fiduciario 2008. Se observa la obra “Albergue N° 213-Quilmes-Colalao del Valle”: “la construcción se encuentra paralizada”; “con la mampostería se llegó hasta el nivel del techado”, y “falta de piso y contrapiso, artefactos de baños, ventanas y puertas en general, techado completo, instalación eléctrica, pintura”. Por otra parte, en el acuerdo N° 1.373, del 12 de mayo, se designa a la abogada fiscal Mónica Ruesjas (en lugar de otro profesional del TC) para que continúe con la ejecución del cargo fiscal ($ 52.000) producto de un juicio de cuentas concluido en 2011 contra el ex delegado Nelson Gerardo Villagra y su ex secretario, Marcelo Oscar Chanta.
10) Comuna rural de Villa Padre Monti
En una auditoría realizada a la comuna (acuerdo N° 1.372, del 12 de mayo) se deniega “una nueva prórroga” al comisionado rural Héctor Ybañez, quien había requerido 15 días para cumplimentar informes. En otra auditoría sobre gastos con recursos del Fondo Fiduciario 2009 (acuerdo N° 1.332, del 9 de mayo) se verifica la realización de obras (trabajos en escuelas y caminos).
11) Comuna rural de Alto Verde y los Guchea
En el acuerdo N° 1.355, del 12 de mayo, se designa al abogado fiscal Esteban Romano Norri (en lugar de otro profesional del TC) para que continúe con la ejecución del cargo fiscal ($ 147.000) contra el ex delegado Damián Ricardo Molina por “falta de regularización de balances bimestrales” entre 1998 y 1999.
12) Comuna rural de Manuel García Fernández
En el acuerdo N° 1.352, del 12 de mayo, se designa a la abogada fiscal Agustina Bugeau (en lugar de otro profesional del TC) para que continúe con la ejecución del cargo fiscal ($ 10.000) contra el ex delegado José René Salas, por “falta de regularización de balances bimestrales” de 2007.
13) Comuna rural de Medinas
En el acuerdo N° 1.349, del 12 de mayo, se designa al abogado fiscal Gustavo Enriquez (en lugar de otro profesional del TC) para que continúe con la ejecución del cargo fiscal ($ 122.000) contra el ex delegado Miguel Alberto Salas, por “falta de regularización de balances bimestrales” en 2007. En un trámite similar (acuerdo N° 1.330, del 9 de mayo), se designa al abogado fiscal Bernardo Colombres para que continúe con la ejecución de cargo fiscal contra el propio Salas, por falta de regularización de comprobantes por $ 20.000 (2006) y por $ 40.000 (2007).
14) Comuna rural El Puestito
El TC, en el acuerdo N° 1.333, otorga 20 días al comisionado rural Carlos Salvador Bevacqua para que complete información sobre recursos de Fondos Fiduciarios 2009, 2010, 2011 y 2013.
15) Comuna rural de taco Ralo
Se auditaron recursos por el Fondo Fiduciario 2009 (acuerdo N° 1.306, del 8 de mayo). No constan observaciones.
