Uruguay: primera huelga general contra Tabaré, por el ajuste y bajos salarios
Con mayoría de comercios cerrados y pocos autos en la calle, la lluvia “jugó” a favor del paro en Montevideo.
Un millón de trabajadores faltaron a sus puestos, en un país de 3,4 millones de habitantes. Reclaman un mayor presupuesto estatal y mejoras. Montevideo paralizado.
Uruguay vivió ayer la primera huelga general de trabajadores desde que asumió el presidente Tabaré Vázquez el 1º de marzo, una medida que los sindicatos adoptaron en demanda de mejoras salariales y de un aumento del presupuesto del Estado.
En Montevideo, la lluvia intensa era más visible que de costumbre ayer por el menor movimiento comercial y de transeúntes, notorio en las calles de la ciudad.
El transporte público estuvo prácticamente paralizado y se redujo a servicios “de emergencia”. El paro también afectó a toda la administración pública y al sector bancario, a la enseñanza pública y parte de la privada, y al sector salud, en donde sólo se atendieron situaciones de urgencia.
En las principales arterias comerciales de la ciudad, muchos escaparates tuvieron sus luces apagadas y las cortinas de varios locales permanecieron cerradas. Otros comercios en cambio, abrieron sus puertas.
La central sindical PIT CNT, que organizó la jornada, evaluó en más de un millón el número de trabajadores que no concurrió a sus puestos de trabajo, en un país de 3,4 millones de habitantes.
Sin cifras oficiales
El presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, se congratuló en rueda de prensa por el “acatamiento” a la convocatoria, realizada un mes atrás.
“Decenas de miles de pequeños comerciantes se han sumado y se han sentido parte de este paro”, dijo el dirigente en la sede central del movimiento sindical.
Las reivindicaciones de los trabajadores son esencialmente económicas. Mejoras salariales y un incremento del presupuesto público están en el centro de los reclamos, aunque también pidieron, según palabras de Pereira, la aprobación de una “ley de insolvencia patronal” que asegure a los empleados sus indemnizaciones cuando una empresa quiebra, o la aprobación de una ley que obligue a sacar al mercado viviendas que se encuentran deshabitadas.
Uruguay enfrenta un período de cierta tensión económica, en un contexto regional difícil y con una caída constante de sus ventas al exterior desde diciembre pasado.
En los últimos 12 meses además, el país acumula 9,02% de inflación, porcentaje netamente superior a la meta oficial de 3, 7% anual, que se refleja en aumentos de precios cada vez más pronunciados de productos básicos de consumo.
En otros rubros importantes, como los combustibles, se registraron alzas de precios de 5% a 7% por decisión oficial a fines de julio en este país importador neto de petróleo que registra además una fuerte depreciación de su moneda, de más de 15%, en lo que va del año.
Uruguay tiene los combustibles más caros de América Latina, según un relevamiento de distintos medios periodísticos publicado a mediados de junio.
El gobierno, preocupado por la inflación y apoyado por algunos empresarios, ha pedido prudencia a los trabajadores, una demanda que choca contra las aspiraciones de mejoras de los empleados en un contexto de suba de precios.
El número 2 del PIT-CNT, Pablo Abdala, criticó por su parte la tónica de los mensajes del gobierno, lo que calificó como “hiperprudencia” que, sostuvo, puede convertirse en una “profecía autocumplida” que afecte el devenir de la economía.
La medida del paro fue criticada por las cámaras de Comercio e Industria.
Salarios y ajustes
Uruguay atraviesa dos instancias económicas importantes este 2015, que dan contexto a la huelga.
Por un lado, se establecen las negociaciones salariales entre empresarios y trabajadores en los llamados “consejos de salarios”, reinstaurados por el presidente Vázquez (izquierda) durante su primera gestión (2005-2010).
Por otra parte, distintos sectores de la administración pública pelean por un incremento del gasto del Estado, que quedará previsto en el presupuesto nacional que regirá -una vez aprobado por el Congreso- hasta el final del quinquenio en 2020 y que se anuncia más ajustado que en ocasiones anteriores.
El PIT-CNT también reclama que el gobierno se retire de las conversaciones para crear un acuerdo internacional que liberalice el comercio de servicios (TISA, por su sigla en inglés).
El Ejecutivo sostiene, por su parte, que hasta el momento participa de las reuniones sólo para recabar información.
La huelga se extendió por 24 horas en la mayoría de los sectores de actividad. Pero otros, en cambio, como los médicos y personal de salud, que reclaman actualización de sus salarios, pararán por 48 horas.
