Dilma aseguró ser víctima de una farsa jurídica y política en Brasil
La presidenta suspendida pidió en una carta a senadores que impidan su destitución y un nuevo quiebre democrático.
Apoyo ciudadano. Partidarios de Dilma expresan su rechazo al gobierno interino de Michael Temer.
La presidenta suspendida pidió en una carta a senadores que impidan su destitución y un nuevo quiebre democrático.
La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, negó ayer en un escrito enviado al Senado que haya adulterado las cuentas públicas y violado la Constitución, en uno de los últimos pasos de su juicio de destitución. Rousseff, suspendida de su cargo desde el 12 de mayo, optó por no dar su testimonio en persona ante la comisión especial de impeachment (juicio político), donde su fuerza es minoritaria, y su defensa fue leída por su abogado, el ex ministro de Justicia Eduardo Cardozo. «Lo que más duele en este momento es la injusticia, lo que más duele es percibir que estoy siendo víctima de una farsa jurídica y política», dijo Rousseff en su carta a los senadores. «No cometí ningún crimen de responsabilidad (…) Jamás desvié un solo centavo del patrimonio público para mi enriquecimiento personal o de terceros», añadió en el escrito que recorrió parte de su biografía, incluyendo su tiempo en prisión durante la dictadura militar (1964-1985). La presidenta, una economista de 68 años que militó en una guerrilla marxista en su juventud, no descartó defenderse en persona cuando el caso llegue al plenario del Senado, donde deberá superar dos votaciones antes de llegar a una sentencia.
Todo indica que el 4 de agosto, víspera de la inauguración de los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro, la comisión recomendará la destitución de Rousseff, y que ese parecer será ratificado cinco días después en el plenario del Senado por mayoría simple. Pero para apartarla del cargo definitivamente, es necesario que una mayoría especial de 54 de los 81 senadores la condene durante una sesión final conducida por el presidente de la Corte Suprema, programada para celebrarse entre el 25 y el 27 de agosto, poco después de los Juegos Olímpicos.
Caso cerrado. La oposición abroquelada en torno a su destitución y al vicepresidente Michel Temer, que la reemplazó interinamente, considera que es un caso cerrado. «La cuestión ya está definida, porque los crímenes fueron cometidos y probados», dijo el senador Cassio Cunha Lima, del socialdemócrata PSDB. Cunha Lima anticipó que la oposición tendrá 16 de los 21 votos posibles en la comisión y sumará al menos 59 votos en el plenario. Rousseff afirma que el impeachment no tiene base legal y es una ruptura del orden democrático orquestada por un ala conservadora de la coalición que la llevó al poder, apoyada por un amplio arco opositor. Rousseff sostuvo que el juicio político fue un «chantaje» del presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, y una «convergencia» del grupo que responde al vicepresidente Michel Temer y «la oposición derrotada en las urnas en 2014», en referencia al Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), del canciller José Serra. Pero para Temer el proceso es constitucional, y prepara su gobierno para terminar el mandato de su ex aliada a fines 2018. Rousseff, quien logró reunir en tres días de donaciones virtuales 120.000 dólares para que pueda recorrer el país para hacer campaña «contra el golpe» antes de la votación del Senado, explicó que el juicio político es producto del «chantaje» de Cunha para evitar ser investigado por corrupción y el oportunismo de los opositores al PT. Rousseff citó un audio de la operación Lava Jato en el cual Romero Jucá, mano derecha de Temer, aparece diciendo que el juicio político era la salida para «evitar la sangría» de la clase política tradicional por acusaciones de corrupción.
Vergüenza. En búsqueda de votos entre los senadores indecisos o que votaron por su suspensión pero no comulgan con Temer, Rousseff expresó que los que voten se verán ante «la vergüenza del espejo de la historia». También sostuvo que es «imposible» que este gobierno (por el de Temer) saque al país de la crisis. Asimismo, pidió «evitar una ruptura democrática ante los ojos del mundo» con este proceso. Con la carta de Rousseff se puso fin a la producción de pruebas y a partir de hoy comenzarán las presentaciones escritas de los últimos alegatos de la defensa y la acusación, que servirán como base al senador Antonio Anastasia, instructor del proceso, para la elaboración de un informe final a ser presentado el 2 de agosto.
